Cuba
13 cubanos en el reporte anual de Human Rights Watch
La organización vigilante del cumplimiento de los derechos humanos Human Rights Watch lanzó este jueves su Informe Mundial 2019.
En la 29ª edición del Informe Mundial el grupo analizó las prácticas de derechos humanos en más de 100 países.
El reporte sobre Cuba tuvo en cuenta las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos de corta duración, la libertad de expresión, los presos políticos, las restricciones a la posibilidad de viajar, las condiciones en centros de detención, los derechos laborales, los defensores de derechos humanos, la orientación sexual e identidad de género y los actores internacionales clave:
A continuación reproducimos íntegramente el informe "Cuba: eventos 2018":
El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos.
El 19 de abril, tomó posesión en Cuba un nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, quien reemplazó a Raúl Castro. Castro continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional.
El 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una propuesta de reforma constitucional, que está previsto sea sometida a referéndum nacional el 24 de febrero de 2019. La nueva constitución, que reemplazaría a la adoptada en 1976, eliminaría el objetivo de “edificar la sociedad comunista”, pero mantendría el reconocimiento del Partido Comunista como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración, que aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016 —de un promedio mensual de 172 incidentes a 827—, empezó a descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización independiente de derechos humanos que es considerada ilegal por el gobierno.
La cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias siguió disminuyendo en 2018, y entre enero y agosto fue de 2.024. Esto supone una reducción del 45% respecto de los 3.706 casos informados en ese mismo período en 2017.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (la organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.
En marzo, el ex preso político Iván Hernández Carrillo informó haber sido golpeado con violencia y detenido cuando intercedió para que no detuvieran a su madre, Asunción Carrillo, integrante de las Damas de Blanco, en el momento en que ella salía de su casa para ir a misa. Hernández dijo haber sido acusado —tras gritar “¡Abajo Raúl Castro!”— y multado por “desacato a la figura del máximo líder”. Los Carrillo fueron liberados ese mismo día.
El 3 de agosto, el disidente José Daniel Ferrer, quien fundó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en 2011—al ser liberado tras ocho años en prisión— fue detenido junto con el activista Ebert Hidalgo y acusado de “asesinato en tentativa” cuando el automóvil que conducía atropelló a un funcionario del Ministerio del Interior. Diversos activistas han señalado que los cargos son una farsa, y varios testigos sostienen que el funcionario se arrojó delante del automóvil deliberadamente, y que inmediatamente después se puso de pie y se alejó en su motocicleta. Al ser liberado, 12 días más tarde, Hidalgo señaló haber sido sometido a torturas psicológicas y retenido en condiciones severas en una celda oscura y sucia.
En septiembre, la disidente Arianna López Roque fue detenida por un corto lapso tras haber quemado una copia del nuevo proyecto constitucional. López indicó que se le han imputado los delitos de desorden público, desobediencia, resistencia y desacato, y que un funcionario amenazó con tomar represalias contra su esposo, que actualmente está encarcelado.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios webs dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En septiembre de 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente los servicios domiciliarios de Internet.
Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, campañas de desprestigio, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se mantenga incomunicados a periodistas, al igual que a artistas y académicos que reclaman mayores libertades. Se siguen aplicando las leyes de desacato contra opositores.
El 30 de enero, la periodista Iris Mariño García, que trabaja para el medio La Hora de Cuba, fue acusada penalmente por ejercicio del periodismo sin habilitación. El director del medio indicó que una mujer acusó a Mariño de haberla entrevistado en la calle y que, cuando la policía interrogó a Mariño, los agentes se enfocaron en las encuestas de opinión que realiza el periódico, lo cual evidencia la motivación política detrás de su detención. Mariño fue detenida nuevamente cuando intentó tomar una fotografía de la manifestación de trabajadores del 1ero de mayo. Fue llevada a una dependencia policial e interrogada.
En julio, el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, cuyo trabajo se publica en el sitio de noticias Cubanet, permaneció detenido e incomunicado por 58 horas. La policía allanó su vivienda y confiscó sus computadoras, teléfonos y otros artículos.
En abril de 2018, el presidente Díaz-Canel firmó el Decreto 349, que se espera entre en vigor en diciembre de 2018, en el que se establecen restricciones amplias e imprecisas a la expresión artística. La norma establece que no se permite la “prestación de servicios artísticos” en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Quienes contraten o realicen pagos a artistas por servicios artísticos que no tuvieran la correspondiente autorización podrán ser objeto de sanciones, al igual que los propios artistas. El decreto prevé distintas sanciones, como multas, el decomiso de materiales, la cancelación de eventos artísticos y la revocación de licencias. Diversos artistas independientes locales se han manifestado en contra del decreto. El 11 de agosto, miembros de la policía detuvieron y golpearon a Luis Manuel Otero Alcántara y al menos a otros tres artistas cuando intentaban organizar un concierto contra el decreto, según se informó en los medios.
Presos políticos
En mayo de 2018, la Comisión Cubana de Derechos Humanos informó que había en Cuba 120 presos políticos, incluidos más de 40 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El gobierno no permite que organizaciones de derechos humanos independientes puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones creen que hay más casos de presos políticos cuyos casos no han podido documentar.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.
El Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, seguía en prisión al momento de redacción del presente. Cardet, a quien se había amenazado con la posibilidad de prisión por apoyar la campaña “Un cubano, un voto”, fue condenado en marzo de 2017 a tres años de prisión. Hasta agosto de 2018, se encontraba encarcelado en régimen de aislamiento y se le negaban las visitas y todo contacto con familiares, incluso por teléfono. Las autoridades señalaron que las visitas familiares “no estaban contribuyendo a la reeducación”.
En mayo, el exprofesor de biología y consumado ambientalista Dr. Ruíz Urquiola fue condenado a un año de cárcel por “desacato” a un guardia forestal. Inició una huelga de hambre durante el encarcelamiento. En julio de 2018, se le concedió la libertad condicional por motivos de salud. En agosto de 2018, denunció irregularidades en la gestión de su caso y la aplicación de restricciones a la posibilidad de viajar.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que en 2003 se implementaron reformas sobre viajes, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, y en reiteradas oportunidades las autoridades les han negado la salida a personas que expresan disenso.
El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.
En abril, a las disidentes y defensoras de derechos humanos Dulce Amanda Duran, Roseling Peñalvar y Wendis Castillo se les prohibió viajar a Lima para un encuentro de la sociedad civil. A Castillo, defensora de derechos humanos y miembro del Movimiento Dignidad, también se le había prohibido viajar en noviembre de 2017, cuando intentó tomar un vuelo a Lima para participar en una conferencia sobre corrupción y derechos humanos en América Latina.
En julio de 2018, René Gómez Manzano, un conocido disidente que había sido encarcelado varias veces, fue interceptado en el aeropuerto antes de abordar un avión para asistir a un encuentro de derechos humanos en Montevideo. Los agentes le informaron que no estaba autorizado a viajar.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de la atención médica.
Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.
El 9 de agosto, Alejandro Pupo Echemendía falleció mientras se encontraba bajo custodia policial en Placetas, Villa Clara, siendo investigado por un supuesto delito vinculado con una carrera de caballos. Los familiares dijeron que su cuerpo presentaba signos de haber sufrido una violenta golpiza, mientras que las autoridades afirman que se arrojó él mismo contra una pared y falleció de un paro cardíaco. Hubo señalamientos de que familiares y testigos fueron coaccionados para que se retractaran de sus declaraciones iniciales y confirmaran la versión oficial.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Defensores de derechos humanos
El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.
Orientación sexual e identidad de género
Luego de protestas, el gobierno cubano decidió eliminar del proyecto de nueva constitución algunas disposiciones que habrían redefinido al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.
Actores internacionales clave
En noviembre de 2017, EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con sociedades vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. Asimismo, Estados Unidos votó contra una resolución de las Naciones Unidas que condena el embargo estadounidense contra Cuba, lo que supone un cambio radical respecto de su abstención en 2016.
En marzo, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el expresidente boliviano Jorge Quiroga fueron detenidos en el aeropuerto de La Habana y no se les permitió entrar al país. Habían llegado en avión a Cuba para recibir un premio en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, un foro conformado por 37 ex presidentes y jefes de Estado.
En abril de 2018, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, criticó la elección de Díaz-Canel y se refirió a esta como “un intento de perpetuación de un régimen autocrático dinástico-familiar”. “Se llama dictadura”, agregó.
En enero de 2018, la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores se reunió en La Habana con autoridades cubanas para acelerar la implementación de su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. El 15 de mayo, la UE y Cuba celebraron la primera reunión a nivel ministerial del Consejo Conjunto en Bruselas.
Cuba es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos, ya que fue reelecta para el período 2017-2019.
[Informe de Human Rights Watch]
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Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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