Cuba
Denuncian que Gaesa se queda con casi $70.000 millones del salario de los médicos; no los invierte en salud pública
El Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC) acusó al conglomerado de los militares cubanos, GAESA, de haberse apropiado de casi 70 mil millones de dólares derivados de las misiones médicas en el extranjero en poco más de una década.
En su más reciente informe, “Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria”, la organización precisó que los 69.866.399.679 dólares obtenidos entre 2009 y 2022 de los salarios de los profesionales sanitarios en el exterior nunca fueron invertidos en el sistema de Salud Pública, como había prometido el Gobierno a sus ciudadanos.
“La oligarquía cubana por medio de su holding GAESA no solo se apropió arbitrariamente de esos inmensos recursos, pertenecientes a los salarios de los médicos en las brigadas internacionales, sino que al no reinvertirlos en el sistema de salud pública como había anunciado el gobierno, también privó a la nación del derecho a disfrutar de una seguridad sanitaria integral de calidad”, denunciaron.
Los investigadores aclaran que no es posible saber a dónde fue a parar ese dinero ya que GAESA no es auditada por el Estado cubano ni por el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), al cual pertenece.
Según cálculos del OCAC realizados por Havana Consulting Group, Cuba ha recaudado 108.5 mil millones de dólares por salarios del personal sanitario en el extranjero. Los informes de la ONEI indican que en ese periodo se invirtieron un total de 1.7 mil millones de dólares en el sector de salud pública y unos 24.2 mil millones de dólares en la construcción de nuevos hoteles.
“Estas cifras abren otra interrogante. Si gastaron en construcción de hoteles 24.2 mil millones, en salud 1. 7 mil millones (un total de 25.9 mil millones en esos dos gastos) y a los médicos le pagaron 30.7 mil millones queda un 'excedente' nada despreciable de 43.8 mil millones. ¿Cuál fue el destino de este 'excedente'? ¿Es de ahí de donde ha salido el capital semilla de las MIPYMES enchufadas y los lujos de las familias oligárquicas?”, cuestionó la organización, que aclara que aunque no pueden responder a esa pregunta, el objetivo del estudio es denunciar la evidencia del saqueo de GAESA, que se demuestra con las propias cifras oficiales publicadas por el régimen de La Habana.
“El gobierno cubano suscribe contratos —usualmente de carácter secreto— de dos o tres años de duración a través de entidades gubernamentales o corporaciones”, explica el texto. La mayoría de ellos, precisan, corren a cargo de la empresa Comercializadora de Servicios Médicos, S.A perteneciente al Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP). Otros son gestionados a través de ANTEX S.A bajo la estructura de GAESA.
“Todo el dinero adquirido a través de los contratos gestionados por ambas entidades es transferido por estas al Banco Financiero Internacional (BFI S.A), una entidad bancaria que pertenece a GAESA”.
OCAC exigió al conglomerado de los militares (incluido el Banco Financiero Internacional bajo su control), al Ministerio de Salud Pública y a las empresas encargadas de la exportación de servicios médicos, que “abran sus libros a escrutinio fiscal y público y procedan de inmediato al reintegro al sistema de seguridad sanitario de los fondos saqueados entre 2009 y 2022”.
Según el Anuario Estadístico de Salud y reportes publicados por la prensa estatal, entre 2015 y 2018, Cuba tenía a más de 50000 cooperantes (la mitad de ellos, médicos), en 68 países. A inicios de 2023, unos 23,792 sanitarios prestaban servicios en 56 países. El valor del monto total de las confiscaciones salariales al personal en las brigadas se ha estimado en un 70% aunque en algunos casos ha llegado a ser 90%.
“Las muertes acumuladas por la ausencia de fármacos para controlar enfermedades crónicas, así como de equipos e insumos para poder garantizar terapias e intervenciones quirúrgicas exitosas, son responsabilidad inescapable de quienes tomaron deliberadamente la decisión de abandonar el compromiso del Estado con el sistema de salud y apropiarse de los recursos que los médicos generan en el exterior”, cuestiona el OCAC.
“La salud pública en Cuba no es gratis, cuesta vidas. GAESA y todos los involucrados en este saqueo deben responder por el derrumbe del sistema de seguridad sanitaria del país”, señalan.
El documento también hace referencia a los seis médicos cubanos que están siendo juzgados por la muerte de un paciente en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, provincia de Granma.
“En este caso la madre del paciente trabaja para la Fiscalía y llevó a tribunales a los galenos, no a las autoridades provinciales y nacionales del sistema de salud. Sin embargo, son estas las que han aceptado cumplir la orden del gobierno central de obligar a los galenos a ofrecer servicios sin los medios necesarios”, destaca el informe.
El testimonio de varias de las doctoras involucradas, así como el de colegas suyos que trabajan en ese hospital, evidencian el colapso del sistema debido a la escasez de insumos, medicinas y personal médico en los centros de salud. Según datos oficiales, en 2022 trabajaban en la Isla 12.065 médicos menos que en 2021. La disminución de personal también fue notable en otras especialidades: unos 7.414 técnicos y licenciados en enfermería salieron de las instituciones en ese periodo.
El estado tampoco ha podido garantizar las medicinas, ni siquiera a los cubanos con enfermedades crónicas. El Grupo estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas (BioCubaFarma) reconoció a mediados de este año ante el Parlamento un déficit de 251 medicamentos, lo que representan el 40% del cuadro básico en el país.
“La situación que hoy existe es extremadamente crítica”, aseguró el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo empresarial y precisó que no existe una solución a corto plazo para resolver el problema.
La crisis sanitaria llevó a un grupo de casi una decena de madres cubanas a protestar a finales de noviembre pasado frente a la sede del Ministerio de Salud Pública en La Habana. Las mujeres, algunas con sus hijos pequeños en brazos, se presentaron con las historias clínicas en el edificio para exigirle respuestas a las autoridades.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Piden investigar parole humanitario de militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate
Exiliados cubanos pidieron a Blinken y Mayorkas una investigación urgente sobre cómo el piloto de guerra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez terminó recibiendo el beneficio migratorio de parole humanitario.
José J. Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Sylvia G. Iriondo, representante de M.A.R. por Cuba (Madres contra la Represión), y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, han enviado cartas al secretario de Estado Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parole humanitario concedida al Teniente Coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
“Si bien González-Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron, persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente”, asegura la carta.
En una breve comunicación con Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez dijo que negaba “la mayoría” de “las cosas que se han dicho” sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a “algunas situaciones que pueden verse afectadas”.
La esposa de González-Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a EEUU.
En la misiva los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional, cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, y el residente legal en EE. UU., Pablo Morales.
“Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que, cuando fue entrevistado en Cuba, González-Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o haya proporcionado información falsa. Su implicación en un acto tan atroz plantea serias dudas sobre la legitimidad del Parole Humanitario que se le concedió”, añadieron.
La presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos, reportada primero por Periódico Cubano y corroborada con pruebas por Martí Noticias, desató una fuerte polémica debido a las acciones del piloto de combate, quien participó en la operación contra Hermanos al Rescate, de acuerdo con Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia.
"Confiamos en que tomarán las medidas necesarias para que aquellos involucrados en eventos tan trágicos no eludan la justicia mediante la obtención de visas humanitarias bajo falsos pretextos", concluye la carta.
Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González-Pardo.
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