Cuba
- Wilfredo Cancio Isla
EEUU: Repatriados no pueden recibir pagos de Seguridad Social en Cuba
Muchas de las personas que deciden repatriarse a la isla reciben beneficios de seguridad social y optan por mantener su residencia en EEUU para no perder el ingreso mensual que les permite su solvencia económica.
Las autoridades de Estados Unidos alertaron sobre la imposibilidad de cobrar los beneficios de seguridad social mientras las personas estén de visita o permanezcan en Cuba por largos períodos de tiempo.
“Las regulaciones del Departamento del Tesoro prohíben hacer pagos si el beneficiario está en Cuba o Corea del Norte, sea ciudadano o residente legal de Estados Unidos”, explicó María Ortega, vocera de la Administración de Seguridad Social (SSA) para el distrito Sur de la Florida.
La aclaración de la SSA abarca los pagos de Seguridad Social identificados como OASDI (jubilación, incapacidad o beneficio como sobreviviente), y los de Ingreso Suplementario (SSI) en beneficio de personas que cumplen prolongadas estancias en la isla, entre ellas los llamados repatriados.
Aunque no hay estadísticas disponibles sobre casos que involucran a cubanos y cubanoamericanos por presuntas infracciones en el cobro de beneficios de seguridad social, el tema ha escalado en los medios locales del sur de la Florida tras el incremento en espiral de los viajes familiares a Cuba durante la última década y el alza de las cifras de repatriados, luego de la reforma migratoria que implementó el régimen de Raúl Castro en el 2013.
Solo el pasado año, las solicitudes de repatriación alcanzaron las 11,176, según datos divulgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).
Muchas de las personas que deciden radicarse en Cuba son beneficiarios de la seguridad social y han optado por mantener residencia en Estados Unidos para no perder el ingreso mensual que les permite su solvencia económica en la isla. Un reciente caso legal que implicó a un residente de Miami disparó las alarmas sobre un comportamiento cada vez más extendido en la comunidad.
“Es importante que las personas que reciben pagos de seguridad social y planifican viajar fuera de EEUU, deben informarlo antes de salir, con las fechas de salida y regreso, para dejarles saber si se afectan sus beneficios de SSI”, recomendó Ortega.
Viajeros a Cuba
La funcionaria señaló que si se trata de ciudadanos estadounidenses que viajan o permanecen en Cuba por más de 30 días consecutivos, solo podrán recibir sus pagos de seguridad social una vez que regresen a Estados Unidos o viajen a un país donde pueda enviárseles legalmente el dinero.
En el caso de los residentes legales, no pueden recibir pagos de seguridad social por los meses que estuvo en Cuba.
Respecto a la ayuda suplementaria o SSI, la persona no es elegible para recibirla si está fuera de EEUU por más de 30 días consecutivos, sea ciudadano o residente legal.
Se considera viajar fuera de EEUU el ausentarse de alguno de los 50 estados de la nación, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas. Las personas que viajan por más de un mes o viven en Puerto Rico no pueden recibir SSI.
La Oficina del Inspector General (OIG), encargada de procesar las alegaciones de fraude contra la SSA, declinó comentar a Martí Noticias si investiga actualmente casos de viajeros a Cuba por supuestas violaciones en el cobro de beneficios de seguridad social. “Ni confirmamos ni negamos que tengamos abiertas investigaciones sobre este asunto”, dijo Andrew M. Cannarsa, director de Comunicaciones de OIG, con sede en Baltimore.
Otras aclaraciones de la SSA/OIG incluyen:
- Los pagos retenidos a ciudadanos estadounidenses pueden recuperarse una vez que arriben a EEUU o demuestren estar en un país que no sea Cuba ni Corea del Norte. Las personas deben tener una cuenta internacional para transferencias directas (direct deposit) y tener registrada con la SSA su dirección en el extranjero.
- Los residentes legales no tienen derecho a reclamar pagos retroactivos de seguridad social si permanecen en Cuba por más de 30 días consecutivos.
- Si la persona es deportada o expulsada de Estados Unidos, sus beneficios de seguridad social serán suspendidos. La SSA no reanudará los pagos hasta que la persona sea legalmente admitida con residencia permanente en EEUU.
- A las personas que están encarceladas tras un proceso judicial se les retira la ayuda suplementaria.
- No hay ninguna restricción legal que prohíba el uso de beneficios de seguridad social para propósitos de viaje.
- Por lo general, el plan Medicare no cubre los servicios de salud que se reciban fuera de Estados Unidos.
- Para comunicar cambios a las autoridades de Seguridad Social pueden hacerlo por internet, por teléfono o visitando la oficina local de SSA.
- Si no se cumple con informar los cambios, es posible que ocurra un sobrepago. Si no se comunican los cambios a tiempo o si intencionalmente se suministra información falsa, la ley autoriza a la SSA a cesar el pago de beneficios.
El caso Valdés
No existe un acuerdo interagencias federales para facilitar que la SSA reciba información sobre los beneficiarios de seguridad social que viajan al exterior, de manera que cualquier irregularidad tiene que ser rastreada a partir de las alegaciones de empleados de la SSA y los Servicios de Determinación de Discapacitados (DDS), o por denuncias de ciudadanos privados y reportes anónimos.
Fue justamente una llamada anónima la pista que llevó tras los pasos de Carlos Alberto Valdés, un residente de Miami que por dos años se agenció los pagos de ayuda suplementaria de su tío, identificado en la acusación como F.R/G., y con permanencia en Cuba por largas etapas.
Valdés, de 49 años, cobró en total $18,253 dólares usando la cuenta bancaria conjunta que estableció con su tío, naturalizado norteamericano y ausente de Estados Unidos entre el 7 de enero de 2014 y el 20 de julio de 2016.
El regreso de F.R.G. a Miami se produjo tras iniciarse una investigación de la SSA en julio del 2016. Valdés le informó que retornara a Miami y ambos comparecieron a las oficinas locales de la agencia para restaurar el subsidio del anciano, argumentando que su ausencia había sido solo por unos meses.
Sin embargo, los pasaportes estadounidense y cubano de F.R.G. mostraban sus espaciadas entradas y salidas desde 2010. Tan pronto el SSI le fue restaurado, salió rumbo a Cuba, el 7 de agosto de 2016, de acuerdo con la acusación federal.
Valdés fue acusado en un tribunal federal de Miami de cobrar el dinero del tío y usarlo en gastos personales en supermercados, tiendas y restaurantes.
Fue sentenciado por un tribunal federal de Miami a 15 años de libertad condicional y 250 horas de servicio comunitario, y tendrá que devolver todo el dinero estafado.
El siquiatra fraudulento
La OIG recibió más de 153 mil denuncias a lo largo del país el pasado año. De acuerdo con el más reciente reporte semianual de SSA/OIG (octubre de 2017 a marzo de 2018), durante el primer semestre del presente año fiscal se registraron 89,449 alegaciones, la mayoría de ellas por supuestas irregularidades en pagos por incapacidad (20,307) y subsidios de SSI (10,886).
“La mayoría de los casos que la OIG investiga involucran supuestos fraudes por incapacidad. Como promedio, alrededor del 80 por ciento de los casos abiertos están relacionados con sospechas de discapacitación fraudulenta”, señaló Cannarsa.
Teniendo en cuenta las crecientes quejas de violaciones en los pagos por incapacidad, la SSA, OIG y el estado de Florida inauguraron en 2015 una unidad especial en la lucha contra el fraude en esta categoría de beneficios. La entidad está radicada en Miami y busca combatir los abusos que causan millonarias pérdidas en los programas federales y estatales para discapacitados.
Unos de los casos más escandalosos contra los beneficios por incapacidad en Miami tuvo como protagonista al siquiatra Fernando Méndez Villamil, sentenciado a 12 años de cárcel y tres años de probatoria en julio de 2016. El doctor Méndez-Villamil se declaró culpable por emitir falsos dictámenes médicos, y defraudar a la SSA y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), con un desfalco de $50.6 millones.
La investigación iniciada por OIG descubrió que un alto número de los pacientes de Méndez-Villamil, de 49 años, recibían pagos por incapacidad. Significativamente, las evaluaciones médicas para confirmar la discapacitación de sus pacientes ante la SSA habían sido certificadas por el propio Méndez-Villamil.
Tras las sospechosas coincidencias, el investigador Albérico Crespo contactó a representantes de la SSA para reevaluar a los pacientes del siquiatra y comprobar si realmente estaban discapacitados.
Strippers discapacitados
Luego de entrevistarse uno por uno con todos los pacientes, la pesquisa arrojó que muchos de ellos trataron de simular discapacidad mental mediante actos estrafalarios, pero no estaban realmente incapacitados.
Siguiéndoles la pista, Crespo encaró los falsos testimonios de los “discapacitados”, que resultaron ser personas bien diferentes en su ámbito familiar y en sus motivaciones sociales. Incluso, dos pacientes que Méndez-Villamil había declarado incapacitados para trabajar, laboraban a tiempo completo como strippers en un club nocturno.
Se calcula que desde 2009, Méndez-Villamil ayudó entre 3,500 y 3,800 personas a obtener pagos fraudulentos de incapacidad. La oficina del siquiatra en el suroeste de Miami estaba inhabilitando hasta 10 personas por semana, cobrándoles por la evaluación hasta $3,500 dólares en efectivo.
Varios registrados con discapacidad por Méndez-Villamil presentaban la evaluación médica para eludir el examen requerido en el proceso de obtención de la ciudadanía estadounidense.
Los investigadores hallaron que los tres empleados de la oficina de Méndez-Villamil no solo conspiraron en la distorsión de las evaluaciones médicas, sino que también ellos estaban diagnosticados con impedimentos sicológicos severos: Maritza Expósito, de 57 años, Yomara Vila, de 45, y Arnaldo Oscar Jiménez, de 57.
El trío recibió sentencias que van de cuatro años a seis meses de cárcel, tres años de probatoria y la obligación de restituir unos $34 millones desfalcados.
Jiménez, residente de Hialeah, iba a Cuba cada dos meses y extendía sus visitas por tres semanas, aunque en su entrevista con el investigador declaró que “no salía de su casa” y solo se levantaba de la cama “para tomarse un vaso de leche”.
Para reportar violaciones
Las personas pueden informar casos de posibles fraudes relacionados con los programas de Seguro Social o SSI a la Oficina del Inspector General. Pueden informar de manera anónima:
Por teléfono, llamando al número gratuito 1-800-269-0271 (1-866-501-2101, si es sordo o tiene problemas de audición)
Por fax: 1-410-597-0118
Por correo a la siguente dirección:
Social Security Administration
Office of the Inspector General
Attention: OIG Fraud Hotline
P. O. Box 17785
Baltimore, Maryland 21235-7785
Por Internet: http://oig.ssa.gov/report-frau-waste-or-abuse
El informe debe describir la supuesta violación e identificar al presunto violador. Debe también incluir toda la información posible: nombre, dirección, número de teléfono y número de Seguro Social del presunto infractor.
Si desconoce el número de Seguro Social, debe incluir otra información de identificación, tal como la fecha y el lugar de nacimiento y los nombres de los padres del presunto violador.
Los reportes sobre casos de posibles fraudes relacionados con el programa de Medicare enviarlos a:
Office of the Inspector General, Department of Health & Human Services, Attention: Hotline, P.O. Box 23489, Washington, DC 20026. El número telefónico gratuito es 1-800-447-8477 y el sitio de Internet es www.oig.hhs.gov/fraud/hotline/
Los posibles fraudes relacionados con los programas de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas, Medicaid y de Cupones de Alimentos pueden reportarse a las oficinas estatales o municipales de ayuda pública.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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