Un grupo de 43 cubanos fue detenido en hora de la madrugada de este martes después de desembarcar en los Cayos de Florida en un intento de emigrar a Estados Unidos de forma irregular por vía marítima, confirmaron las autoridades.

Los migrantes llegaron a Sombrero Beach, cayo Marathon, en un pequeño barco pesquero de madera, informó Andrew Scharnweber, jefe interino del Sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La embarcación, anclada en la playa, deja ver un letrero en azul y blanco pintado en la popa que reza “Habana”.

Tras la detención, el grupo de cubanos pasó bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza para ser procesados. Los migrantes que entran a territorio estadounidense de forma irregular se exponen a la repatriación a su país de origen y a otras medidas que afectarían su capacidad de emigrar legalmente en el futuro.

Las autoridades de EEUU han advertido reiteradamente sobre los peligros de lanzarse al mar y atravesar el Estrecho de Florida a bordo de embarcaciones sin las condiciones adecuadas. Al menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades han muerto o desaparecido este año mientras realizaban la peligrosa travesía para llegar a Estados Unidos. Decenas de ellos eran balseros cubanos.

Agentes federales, estatales y locales del sudeste estadounidense, junto a un Grupo de Trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, patrullan por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a los migrantes que, a pesar de las advertencias, se arriesgan a emprender esta ruta.

En lo que va de año fiscal 2024, que culmina el próximo 30 de septiembre, la cifra de cubanos que han ingresado a territorio estadounidense asciende a 208 mil 308, según estadísticas divulgadas por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU.

Durante tres días, el personal de una clínica médica de Orlando alentó a una mujer con dolor abdominal que llamó a la línea de triaje a que fuera al hospital. Ella se resistió, atemorizada por una ley de Florida de 2023 que requiere que los hospitales pregunten si un paciente está en Estados Unidos con permiso legal.

La clínica había trabajado duro para explicar los límites de la ley, que es parte del amplio paquete de políticas de inmigración más estrictas del gobernador Ron DeSantis. La clínica colocó carteles que avisaban a los pacientes que podían negarse a responder la pregunta y a pesar de ello recibirían atención: la información de identificación individual no sería reportada al estado.

“Intentamos explicar esto una y otra y otra vez, pero el miedo era real”, dijo Stephanie Garris, directora general del Grace Medical Home, quien agregó que la mujer finalmente acudió a una sala de emergencias para recibir tratamiento.

Texas será el próximo en poner a prueba una ley similar para los hospitales inscritos en los planes de salud estatales, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (Programa de Seguro Médico para Niños). Entrará en vigor el 1 de noviembre, justo antes del final de una elección presidencial en la que la inmigración es un tema clave.

“Los texanos no deberían tener que asumir la carga de mantener económicamente la atención médica de los inmigrantes ilegales”, dijo Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, en un comunicado en el que anunció su mandato, que difiere del de Florida en que los proveedores no tienen que informar a los pacientes que su estatus no será compartido con las autoridades.

Ambos estados tienen un gran número de inmigrantes, que van desde personas que están en Estados Unidos sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son parte de familias de estatus mixto.

Y aunque la tasa de personas sin seguro médico en estos dos estados —ninguno de los cuales ha ampliado la cobertura de Medicaid— es más alta que el promedio nacional, las investigaciones han demostrado que los inmigrantes tienden a usar menos y gastar menos en atención médica.

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Texas y Florida tienen una larga historia de desafiar las políticas de inmigración del gobierno federal al aprobar políticas propias. Y sus líderes republicanos dicen que las leyes hospitalarias contrarrestan lo que consideran una aplicación laxa de la ley en la frontera por parte del gobierno del presidente Joe Biden, aunque ellos mismos admiten que los primeros datos de la Florida son limitados.

Blaise Ingoglia, el senador republicano estatal de Florida que patrocinó el proyecto de ley para hospitales, dijo en una declaración escrita que la ley es “la ley contra la inmigración ILEGAL más fuerte y completa liderada por un estado”, pero no respondió a las preguntas de AP sobre el impacto de la ley en la comunidad inmigrante o en los pacientes hospitalizados.

Luis Isea, un médico de medicina interna con pacientes en hospitales y clínicas en el centro de Florida, dijo que la ley “crea esa barrera adicional” para pacientes que ya están expuestos a muchas disparidades.

Los grupos de defensa de los inmigrantes en Florida dijeron que enviaron miles de mensajes de texto y correos electrónicos y realizaron clínicas para ayudar a las personas a comprender las limitaciones de la ley, incluido el hecho de que las agencias policiales no sabrían el estatus de una persona porque los datos se informarían de manera global.

Pero muchas de las llamadas no recibieron respuesta. Algunos pacientes reportaron que se iban de la Florida como resultado del impacto de la ley para obtener atención médica y empleo.

El gobierno de DeSantis vinculó el mandato hospitalario a otras iniciativas que invalidaron algunas licencias de conducir, criminalizaron el transporte de inmigrantes que carecían de estatus permanente y cambiaron las políticas de verificación de empleo.

Otros, dicen los defensores, reistieron su dolor o debieron ser persuadidos. Verónica Robleto, directora de programas en el Rural Women’s Health Project (Proyecto de Salud de Mujeres Rurales) en el centro norte de Florida, recibió una llamada antes de que la ley entrara en vigencia —en julio de 2023— de una mujer joven que no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos y temía que la separaran de su hijo si daba a luz en el hospital.

“Tenía mucho miedo (pero) terminó por acudir después de hablar conmigo”, reportó Robleto.

Los datos que Florida y Texas recopilen probablemente no serán confiables por varias razones, sugirieron los investigadores. Paul Keckley, economista especializado en salud, dijo que el informe publicado por los funcionarios del estado de la Florida podría tener datos “incompletos, inexactos o engañosos”.

Por un lado, es autoinformado. Cualquier persona puede negarse a responder, una opción elegida por casi el 8 % de las personas ingresadas en el hospital y alrededor del 7 % de quienes acudieron a la sala de emergencias entre junio y diciembre de 2023, según el informe del estado de Florida. Menos del 1 % de las personas que acudieron a la sala de emergencias o fueron ingresadas en el hospital informaron estar en Estados Unidos “ilegalmente”.

La Florida Agency for Health Care Administration (Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida) reconoció grandes limitaciones en su análisis, y confesó que no sabía cuánta de la atención brindada a los “extranjeros ilegales” quedó impaga.

También dijo que no podía vincular los altos niveles de atención no remunerada con el nivel de “extranjeros ilegales” que llegan a un hospital, y agregó que están “más asociados con el estatus de los condados rurales que con los porcentajes de la inmigración ilegal”.

La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe señaló que, durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y deudas no cobradas que tienen los hospitales de la Florida ha disminuido.

En la Florida y en Texas, las personas que están en Estados Unidos ilegalmente no pueden inscribirse en Medicaid —el programa de seguro médico público para personas de bajos ingresos o recursos— excepto en el caso de una emergencia médica.

Múltiples factores pueden afectar el costo de la atención para las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal, dijeron los expertos, especialmente la falta de atención preventiva. Eso es especialmente cierto para personas que tienen enfermedades progresivas como cáncer, dijo el doctor James W. Castillo II, autoridad de la salud del condado de Cameron, Texas, que tiene aproximadamente un 22 % de población sin seguro en comparación con el promedio estatal del 16,6 %.

En ese punto, dijo, “generalmente es mucho más difícil de tratar, mucho más caro de tratar”.

Los grupos comunitarios, legisladores y abogados de inmigración de Texas se están asociando con Every Texan (Cada Texano), una organización sin fines de lucro que se centra en políticas públicas y el acceso a la atención médica, para alentar a las personas a no responder la pregunta sobre su estatus, dijo Lynn Cowles, de Every Texan.

Y en la Florida, aunque los temores de deportación disminuyen, persisten las dudas sobre el propósito de la ley.

“Cuánto de esto es una política sustancial y buena política frente a cómo le fue, dejo eso para que otros lo especulen”, dijo Garris, de la clínica de Orlando. “Pero sé que el efecto práctico de la ley fue atroz y degradante para los pacientes que viven aquí, que trabajan aquí. Es simplemente insultante”.

El Consulado General de España en La Habana está depurando el sistema de reservas de citas para la Ley de Memoria Democrática (LMD), conocida como Ley de Nietos, informó el Ministerio de Exteriores de ese país.

"El responsable de la plataforma va a proceder, el próximo 1 de octubre, al borrado de todos los usuarios que recibieron sus credenciales (usuario y contraseña) antes del 1 de enero de 2024", recoge el comunicado oficial.

Todos los solicitantes que recibieron las credenciales antes de esa fecha y no han reservado la cita, deben hacerlo antes de que acabe septiembre.

“Se aclara que es la operación de reserva la que debe hacerse antes del 1 de octubre; la cita obtenida puede ser para un día posterior a esta fecha", agrega la nota.

Usuarios se quejaron en la publicación en redes sociales de la embajada por la demora de los trámites.

“Hay demasiado atraso. Personas esperando credenciales hace más de seis meses, ahora agrégale la espera del tomo y folio. Tienen que agilizar y hacer el trámite más fácil y con más rapidez”, dijo un cubano.

"Lo que deberían de depurar es el atraso enorme que tienen, es un abuso con los descendientes, 9 meses para esperar credenciales para una cita, luego 8 meses para esperar tomo y folio y los anexos 7 ni mencionarlos, esos pasan casi 2 años desde su cita hasta obtener la ciudadanía", apuntó otro.

Para obtener las credenciales el Ministerio de Exteriores detalla los pasos que deben seguir los solicitantes.

Hasta el 31 de marzo de 2024, las Oficinas del Registro Civil Consular habían recibido más de 300 mil solicitudes, según datos oficiales. Los consulados de Argentina y La Habana concentran más del 50% del total.

En 2023 en la isla vivían unos 160.833 españoles, casi 120.000 más que en 2009, fundamentalmente beneficiados por leyes de concesión de nacionalidad a descendientes.

La Ley de Nietos fue aprobada en octubre de 2022 y permite obtener la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o identidad sexual.

La normativa incluye a los hijos nacidos en el exterior de españoles que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como a los hijos mayores de edad de nacionalizados españoles en virtud de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

En julio pasado, España prorrogó por un año más (hasta octubre de 2025) el acceso a la nacionalidad en virtud de la LMD.

“Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW).

El grupo de derechos humanos divulgó este miércoles el informe “El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina”, en el que asegura que las políticas migratorias de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú han empujado a los migrantes y solicitantes de asilo a desplazarse hacia el norte a través del Darién.

En el último año y medio, más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado el Tapón del Darién huyendo de la violencia, la persecución y de crisis humanitarias. Ello incluye cerca de 477.000 venezolanos, 60.000 ecuatorianos y 41.000 haitianos, indica HRW, a partir de seis visitas a la zona y de 300 entrevistas.

La directora ejecutiva de HRW dijo que es crucial que estos gobiernos "respeten y promuevan los derechos humanos a nivel local y aseguren que las personas que huyen tengan oportunidades reales para encontrar protección y rehacer sus vidas".

El informe insta a los gobiernos de la región a seguir iniciativas como "el reconocimiento prima facie como refugiados a los venezolanos de Brasil y los visados humanitarios concedidos en el pasado a los haitianos, así como los esfuerzos de Colombia para conceder el estatuto temporal de protección a los venezolanos".

Los gobiernos de las Américas deberían implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus regular por un plazo razonable y renovable, señaló Human Rights Watch.

La agrupación alerta sobre una encuesta realizada en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que el 43 % de los encuestados dijo estar considerando la posibilidad de abandonar el país, incluyendo 1,5 millones de personas que planeaban hacerlo antes de finales de año.

En el caso de Haití, llaman la atención sobre la "situación humanitaria catastrófica" que afecta a 5,5 millones de personas y la violencia ha obligado a casi 600.000 personas a desplazarse internamente entre enero y junio de 2024.

El informe se refiere además al aumento de migrantes y solicitantes de asilo ecuatorianos como "resultado del fuerte incremento de la delincuencia y la violencia en el país, con tasas récord de homicidios y extorsión. La pobreza y la falta de empleo adecuado son también factores clave".

HRW criticó el acuerdo entre Estados Unidos y Panamá para financiar la expulsión de los extranjeros "que no tengan una base legal".

"Dado que el sistema de asilo panameño es inadecuado y carece de recursos suficientes, la expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución. Este acuerdo parece diseñado para reducir la responsabilidad de Estados Unidos, pues en esencia externaliza sus controles migratorios en un país con una capacidad evidentemente menor para evaluar de manera plena y justa de las solicitudes de asilo", indica el informe.