Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (2018/2926(RSP))

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (2018/2926(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las de 17 de noviembre de 2004 sobre Cuba(1), de 2 de febrero de 2006 sobre la política de la UE con respecto al Gobierno cubano(2), de 21 de junio de 2007 sobre Cuba(3), de 11 de marzo de 2010 sobre la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba(4), y de 5 de julio de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro, así como la aprobación del Parlamento Europeo (5),

– Vista la elección de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba el 19 de abril de 2018,

– Vistas las conclusiones sobre Cuba del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, publicadas el 17 de marzo de 2017,

– Vista la Opinión n.º 59/2018 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria relativa a Ariel Ruiz Urquiola, quien está considerado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, aprobada en su 82.ª sesión, celebrada del 20 al 24 de agosto de 2018,

– Vistos los exámenes periódicos universales de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevados a cabo en mayo de 2013 y mayo de 2018,

– Vistos el informe de Human Rights Watch de 2017 sobre Cuba y la declaración de 27 de julio de 2018 de Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sobre los cien días del nuevo Gobierno cubano,

– Vistas las declaraciones mensuales de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN),

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos,

– Vista la Constitución de Cuba,

– Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria,

– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los derechos humanos forman parte de los diálogos políticos de la Unión y de los acuerdos de cooperación y comercio; que la indivisibilidad de los derechos humanos, en particular los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, debe constituir uno de los objetivos principales de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba;

B. Considerando que, el 5 de julio de 2017, el Parlamento concedió su aprobación al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba; que el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación expone con claridad sus motivos de profunda preocupación acerca de la situación de los derechos humanos y comprende una cláusula de suspensión para el caso de violación de las disposiciones relativas a los derechos humanos;

C. Considerando que el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y Cuba, bajo la dirección del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, se inició en 2015; que, el 9 de octubre de 2018, las partes en el cuarto diálogo de derechos humanos UE-Cuba abordaron, entre otros asuntos, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en particular en el contexto de los recientes procesos electorales, así como la libertad de asociación y expresión y la posibilidad de que los defensores de los derechos humanos y otros sectores de la sociedad civil se asocien, expresen sus opiniones y participen en la vida pública libremente; que el Parlamento no aprecia con claridad si esta reunión fue concluyente en algún aspecto; que no se han logrado resultados tangibles en lo referente a los derechos humanos en Cuba, pese a la instauración del diálogo de derechos humanos y a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2017-2019; que el diálogo político debe incluir un diálogo directo e intenso con la sociedad civil y la oposición sin restricción ninguna;

D. Considerando que el Gobierno cubano sigue negándose a reconocer el seguimiento de los derechos humanos como una actividad legítima y deniega un estatuto legal a los grupos locales de derechos humanos;

E. Considerando que está prevista la celebración de un referéndum constitucional el 24 de febrero de 2019; que el proceso de establecimiento de la nueva constitución adolece de falta de una consulta nacional adecuada, garantiza que el Partido Comunista conserve su poder en una sociedad sin un sistema pluripartidista, libertades básicas y derechos civiles y políticos, por lo que refuerza la propiedad estatal centralizada y la economía controlada; que el sistema de partido político único se declara «irrevocable» en el artículo 3, y el artículo 224 declara que se prohíbe a las generaciones actuales y futuras alterar la irreversibilidad del socialismo, así como el actual sistema político y social; que parece haber otras disposiciones muy preocupantes en el proyecto;

F. Considerando que en Cuba están siendo objeto de persecución, detención arbitraria o prisión periodistas independientes, disidentes pacíficos y defensores de los derechos humanos que documentan violaciones de los derechos humanos, en su mayoría miembros de la oposición democrática; que, según la CCDHRN, en octubre de 2018 se produjeron al menos 202 detenciones arbitrarias de corta duración, por motivos indudablemente políticos, de opositores políticos y activistas de la sociedad civil independiente que ejercen sus derechos fundamentales de expresión, reunión y asociación política;

G. Considerando que una de estas personas es el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) sentenciado a tres años de prisión por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión; que en noviembre de 2016, fue detenido a su regreso a casa de un viaje a Miami; que el doctor Cardet, que está considerando preso de conciencia, está encarcelado actualmente en la prisión Cuba Sí de Holguín, en la que se le mantiene en aislamiento, sin visitas familiares ni llamadas telefónicas;

H. Considerando que Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), grupo político opositor no oficial, mantuvo una huelga de hambre de 62 días de duración por motivos de protesta, y fue liberado el 15 de octubre de 2018 gracias a la presión internacional; que el señor Magdariaga fue declarado culpable acusado de amenazas a un funcionario del Estado, que finalmente confesó haber fabricado las pruebas contra él; que su caso es otro ejemplo claro de las tentativas de acallar las ideas disidentes;

I. Considerando que, en octubre de 2018, las Damas de Blanco fueron una vez más las víctimas principales de la represión política, y que varios miembros del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) sufrieron represión en varias provincias del país;

J. Considerando que debe garantizarse un trato humanitario a todos los presos de Cuba; que el Gobierno de Cuba deniega a los grupos independientes de defensa de los derechos humanos el acceso a las prisiones; que los ciudadanos cubanos no disfrutan de las debidas garantías procesales, como el derecho a audiencia pública justa ante un tribunal competente e imparcial; que los presos en libertad condicional suelen sufrir un acoso continuo por parte de las autoridades;

K. Considerando que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha afirmado con claridad que las víctimas de detención arbitraria en Cuba tienen derecho a demandar al Gobierno una reparación consistente en medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición;

L. Considerando que hay indicios de un mayor respeto de la libertad religiosa en Cuba; que, al mismo tiempo, las autoridades cubanas siguen mostrándose muy restrictivas respecto de la construcción o la reconstrucción de iglesias cristianas; que la Iglesia se ha convertido gradualmente en el mayor agente de la sociedad civil y en un prestador no estatal clave de servicios sociales en Cuba, pero sus actividades siguen sometidas a un estricto control por parte de las autoridades;

M. Considerando que unas relaciones políticas y económicas más estrechas con Cuba tienen la finalidad, por parte de la Unión, de contribuir a que avancen las reformas políticas en el país de acuerdo con las aspiraciones de todos sus ciudadanos; que la liberalización económica y comercial debe permitir que el país avance progresivamente hacia la libertad de los espacios sociales, la coexistencia, la tecnología y las comunicaciones que aprecia y demanda la población cubana;

N. Considerando que el Parlamento ha concedido en tres ocasiones su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a activistas cubanos, a saber, Oswaldo Payá en 2002, las Damas de Blanco en 2005 y Guillermo Fariñas en 2010; que habitualmente se sigue impidiendo a los galardonados con el Premio Sájarov salir del país y participar en actos internacionales;

O. Considerando que el Parlamento ha preguntado numerosas veces si podía enviar delegaciones oficiales a Cuba, y que las autoridades cubanas han denegado el acceso al país en todas las ocasiones, incluso después de haberse celebrado el ADPC;
1. Condena enérgicamente la detención arbitraria, la persecución y el acoso y los ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política en Cuba; pide que cesen de inmediato esas acciones y se ponga inmediatamente en libertad a todos los presos políticos, incluido Eduardo Cardet, y las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión;
2. Insta a los Estados miembros de la Unión, al SEAE y a su delegación en Cuba a que respeten firmemente sus principios y sus políticas fundamentales en relación con Cuba y adopten todas las medidas necesarias en favor de la puesta en libertad de las personas mencionadas más arriba, a fin de garantizar el cese inmediato del acoso a los opositores políticos y a los defensores de los derechos humanos, y de asistir y proteger a estos últimos;
3. Hace un llamamiento a las autoridades cubanas para que mejoren las condiciones carcelarias y el trato a los presos, y permitan acceder a las cárceles del país a los grupos internacionales de defensa de los derechos humanos y a las organizaciones independientes cubanas; insiste en que el encarcelamiento de disidentes cubanos a causa de sus ideales y su actividad política pacífica es contrario a la Declaración Universal de Derechos Humanos;
4. Lamenta que no haya mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia pese a haberse adoptado el ADPC; pide que se cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en dicho Acuerdo entre la Unión y Cuba, en particular en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; subraya que el éxito del Acuerdo depende de su aplicación y cumplimiento;
5. Recuerda que en el ADPC figura una disposición en la que se prevé la suspensión del propio Acuerdo que se ha de aplicar si se vulneran las disposiciones sobre derechos humanos; insiste, por ello, en que la Unión Europea siga atentamente y supervise el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba al aplicarse el ADPC y se informe regularmente al Parlamento al respecto; pide a la VP/AR Federica Mogherini que informe pormenorizadamente al Parlamento en el Pleno de las medidas concretas que se adopten para cumplir el mencionado requisito;
6. Insta al Gobierno cubano a que redefina su política de derechos humanos adaptándola a la legislación internacional en materia de derechos humanos y permita, sin imponer restricciones, que toda la sociedad civil y los miembros de la oposición política participen activamente en la vida política y social; hace un llamamiento a Cuba para que reafirme su intención de defender los estándares más elevados en materia de fomento y protección de los derechos humanos ratificando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos facultativos;
7. Recuerda a las autoridades cubanas que la libertad de circulación y de reunión está garantizada por el Derecho internacional sobre derechos humanos, y que esa libertad se hace extensiva a los activistas y los miembros de la oposición democrática;
8. Condena firmemente la adopción del Decreto 349, que socava el derecho a la libertad artística en Cuba; pide a las autoridades cubanas que adopten las medidas legislativas adecuadas para retirar el Decreto 349 antes de que entre en vigor en diciembre de 2018; subraya que la libertad de expresión artística es un elemento clave para la existencia de un sector cultural viable y dinámico capaz de crear empleo, desarrollar las industrias culturales y revitalizar el patrimonio cultural;
9. Hace un llamamiento al Gobierno cubano para que deje de imponer la censura en línea y bloquear sitios de internet con el único fin de limitar las críticas de carácter político y restringir el acceso a la información;
10. Respalda plenamente las conclusiones sobre Cuba, de 17 de marzo de 2017, del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en las que se insta a Cuba a tomar las medidas necesarias para garantizar la total independencia de su sistema judicial y a crear una institución nacional independiente de derechos humanos, en consonancia con los Principios de París;
11. Expresa su gran preocupación a la vista del nuevo proyecto de Constitución y del referéndum previsto para febrero de 2019; subraya que todo el proceso carece de los elementos de inclusión, tolerancia y respeto de los derechos civiles y políticos fundamentales que podrían garantizar un proceso constitucional democrático; reitera, en ese sentido, que está resuelto a propiciar un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales con la participación de todos los agentes sin exclusión, como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y una recuperación económica duradera que mejore el nivel de vida de la población cubana, de conformidad con las aspiraciones del pueblo cubano; pide a las autoridades cubanas pertinentes que prevean en la nueva Constitución la celebración de elecciones libres y pluralistas;
12. Insta a las instituciones europeas y a los Estados miembros a prestar su asistencia en la transición económica y política en Cuba hacia un régimen plenamente democrático que respete los derechos básicos de todos sus ciudadanos; respalda el uso de los diferentes instrumentos de la política exterior de la Unión y, en particular, del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), a fin de reforzar el diálogo de la Unión con la sociedad civil cubana y con aquellos que defienden una transición pacífica en Cuba;
13. Hace un llamamiento a las autoridades cubanas en favor de la abolición de la pena de muerte para todos los delitos; pide que se imponga una moratoria a la pena capital hasta que se adopte formalmente ese cambio jurídico; solicita que se revisen todas las sentencias a la pena de muerte para garantizar que los juicios asociados se ajustaban a las normas internacionales y que en el futuro no se produzca ni una sola ejecución;
14. Pide al Gobierno cubano que permita a las diferentes iglesias realizar sus actividades de asistencia social libremente dentro de la sociedad cubana; solicita que se garantice plenamente la libertad de religión y de conciencia;
15. Pide a la VP/AR Federica Mogherini que reconozca la existencia de una oposición política al Gobierno cubano y apoye su inclusión en el diálogo político entre la Unión y Cuba; recuerda a las instituciones europeas que la sociedad civil y los galardonados con el Premio Sájarov son agentes clave para la democratización de Cuba y que su voz debe ser escuchada y tenida en cuenta en el marco de las relaciones bilaterales; pide, en ese sentido, a todos los representantes de los Estados miembros de la Unión que, durante las visitas que realicen, aborden las cuestiones preocupantes en materia de derechos humanos con las autoridades cubanas, y que se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov cuando visiten Cuba a fin de garantizar la coherencia interna y externa de la política de la Unión en materia de derechos humanos;
16. Lamenta profundamente que las autoridades cubanas se hayan negado a permitir que varias comisiones, delegaciones y grupos políticos del Parlamento Europeo visiten Cuba, a pesar de que el Parlamento concedió su aprobación al ADPC; pide a las autoridades que autoricen inmediatamente la entrada al país, incluyendo la posibilidad de visitar la isla coincidiendo con el referéndum constitucional que está previsto que se celebre el 24 de febrero de 2019;
17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los Gobiernos de los Estados miembros de la CELAC.