Freedom House, organización internacional dedicada a “monitorear y expandir la libertad en el mundo”, se ha hecho eco de la dramática situación vivida en el día de ayer frente al Tribunal Popular de 10 de Octubre, en La Habana, cuando las fuerzas represivas del régimen cargaron violentamente contra activistas y familiares de manifestantes del 11 de julio que estaban siendo juzgados como terroristas y delincuentes.
“El régimen cubano, no satisfecho con condenar a largos años de prisión a manifestantes del 11 de julio, incluido 6 niños por sedición, ayer detuvo a 11 manifestantes pacíficos frente a los juzgados", denunció el capítulo para América Latina y el Caribe de Freedom House.
"La comunidad internacional debe evitar que estas personas sean juzgadas”, expresó en el encabezamiento de una alerta publicada en Twitter por Democracia América Latina (DemoAMLAT).
En dicha alerta, se daba a conocer la detención de los activistas Carolina Barrero, Camila Rodríguez, Tata Poet, Daniela Rojo y Leonardo Romero Negrín que fueron brutalmente golpeados y detenidos junto a los familiares de los prisioneros del 11J que estaban siendo juzgados en esos momentos al interior del Tribunal.
En su cuenta de Twitter, Freedom House apeló a las “naciones democráticas alrededor del mundo” pidiéndoles que se involucren en lo que sucede en la isla del Caribe para exigir responsabilidad al régimen cubano y “la liberación inmediata de los presos políticos, especialmente los niños”.
“La comunidad Internacional no puede seguir permitiendo la normalización de la violencia en Cuba, el uso de la prisión contra manifestantes pacíficos, el destierro como método de intimidación y la prisión domiciliaria como castigo”, sentenció la organización.
En declaraciones a CNN publicadas este lunes, Juan Pappier, investigador principal para las Américas de Human Rights Watch (HRW) denunció alarmado lo que sucede en la isla.
"Este es un nivel de criminalización masiva y sistemática de los manifestantes que muy pocas veces hemos visto en América Latina en las últimas décadas”, declaró.
“Es muy claro que el mensaje que el gobierno cubano está tratando de transmitir es que lo que pasó en julio está absolutamente prohibido y no puede volver a suceder”, afirmó Pappier.
