Cuba
HRW: la respuesta del régimen al 11J generó represión sistemática y una crisis de derechos humanos
El régimen cubano cometió violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las protestas masivas de julio de 2021 con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras protestas, señaló Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este lunes, en el aniversario de las manifestaciones.
El informe de 37 páginas, “Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba”, documenta un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y tortura.
“La represión del gobierno y su falta de interés por abordar las causas subyacentes que llevaron a los cubanos a las calles, incluyendo el acceso limitado a alimentos y medicamentos, han generado una crisis de derechos humanos que ha causado un aumento drástico en el número de personas que huyen del país”, indicó HRW.
“Hace un año, miles de cubanos y cubanas protestaron exigiendo derechos y libertades, pero a muchos de ellos el régimen solo les dio dos opciones: la prisión o el exilio”, dijo Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos de América Latina y Europa deben aumentar urgentemente su escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y priorizar una respuesta coordinada y multilateral antes de que esta crisis se agrave”.
El informe explica que el 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno a nivel nacional desde la revolución de 1959. Estas protestas, abrumadoramente pacíficas, surgieron en reacción a las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.
Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas ubicadas en Cuba, incluyendo víctimas de abusos, sus familiares y abogados. Human Rights Watch también revisó documentos judiciales y corroboró fotografías y videos enviados directamente a los investigadores o publicados en redes sociales. Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), una organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, emitieron dictámenes periciales sobre algunas evidencias de abusos.
“Poco después del inicio de las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a los simpatizantes del gobierno y las fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. ‘Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución’, manifestó. ‘La orden de combate está dada’”, indicó HRW.
Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió durante las manifestaciones, al parecer como resultado del accionar de la policía. La organización cubana de derechos humanos Cubalex reporta que más de 1.400 personas fueron detenidas, incluyendo más de 700 que siguen privadas de la libertad.
Los funcionarios de las fuerzas de seguridad detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica, arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o semanas, precisó HRW.
En la mayoría de los casos documentados, los detenidos permanecieron incomunicados durante días, semanas y a veces meses, sin poder hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares o abogados. Algunos fueron golpeados, obligados a hacer sentadillas desnudos o sometidos a maltratos, incluyendo privaciones del sueño y otros abusos, que en algunos casos constituyen tortura, señaló el informe.
“Los tribunales cubanos han ratificado las sentencias en contra de más de 380 manifestantes y transeúntes, incluyendo varios niños y niñas. Muchos juicios tuvieron lugar en tribunales militares, en violación el derecho internacional. Numerosos manifestantes fueron procesados por sedición y condenados a penas de prisión desproporcionadas de hasta 25 años por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas”, dice el documento.
Además, los fiscales “enmarcaron acciones como protestar pacíficamente o insultar al presidente o a la policía, que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación, como conductas delictivas. Muchos manifestantes y transeúntes fueron condenados en base a evidencias poco confiables o sin corroborar, tales como declaraciones exclusivamente de miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas huellas de olor de los acusados encontradas en piedras”.
Las víctimas y sus familiares dijeron que agentes de las fuerzas de seguridad los intimidaron repetidamente, en algunos casos obligándolos a abandonar el país.
El informe cita el caso de Orelvys Cabrera Sotolongo, un periodista de 36 años del sitio web de noticias Cubanet, quien fue detenido en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando salía de las manifestaciones el 11 de julio. Los oficiales lo interrogaron reiteradamente y le dijeron que no volvería a ver a su familia. Solo se le permitió hacer una llamada telefónica 10 días después de su arresto. Pasó parte de su detención con otros ocho detenidos en una celda de un metro y medio por dos metros, con escasa ventilación, luz y acceso al agua.
Fue liberado el 19 de agosto, pero oficiales le dijeron reiteradamente que debía abandonar el país. En diciembre, él y su pareja huyeron. Han solicitado asilo en Estados Unidos.
Agentes de las fuerzas de seguridad arrestaron a Elier Padrón Romero, ayudante de albañilería de 26 años, el 21 de julio en La Güinera, un barrio de bajos recursos en la provincia de La Habana. Su madre dijo que los oficiales lo golpearon a él y a otros detenidos diciendo que “si seguían pensando así los iban a desaparecer”.
En diciembre, un tribunal de La Habana condenó a Padrón Romero por “sedición” porque supuestamente incitó a personas a sumarse a una protesta del 12 de julio y a “seguir adelante” contra un cordón policial. Fue condenado a 15 años de prisión. Tras una apelación, el Tribunal Supremo redujo la pena a 10 años.
Las autoridades cubanas, denuncia Human Rights Watch, también han tomado medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que las protestas ocurrieran. En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo código penal que incluye múltiples normas vagas e imprecisas que podrían ser utilizadas para criminalizar la oposición pacífica al gobierno. El nuevo código también establece la pena de muerte para varios delitos, incluido el de “sedición”, un cargo empleado contra muchos manifestantes del 11 de julio, y “actos contra la independencia del Estado”.
“Los valientes manifestantes que salieron a las calles el año pasado en Cuba tienen sobradas razones para pensar que han sido abandonados por gran parte de la comunidad internacional”, dijo Pappier.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Miles de litros se desperdician por salideros en La Habana en plena crisis de agua potable
El video de un enorme salidero en plena calle del Cerro, en La Habana, es pura ironía para los cientos de miles de cubanos que no tienen acceso regular al servicio de agua potable.
En las esquinas de las calles Santa Lutgarda y Recreo, en el municipio Cerro de La Habana, el el agua potable brota de una tubería rota. Durante días, miles de litros de agua potable se han desperdiciado, fluyendo por las calles, mientras cientos de miles de cubanos sufren cortes en el suministro de agua en sus hogares.
El artista cubano Yulier Rodríguez, conocido por sus graffitis en áreas públicas de la capital, documentó el desastre en un video grabado el martes. En las imágenes se aprecia un enorme agujero en el pavimento, en el que se puede ver una tubería rota de la que mana agua sin cesar. Rodríguez describió la situación y dijo que el problema lleva varios días sin solución.
“Es una tubería grande, parece que es una tubería suministradora que sale de la propia sede de Aguas de La Habana, que está a unos metros de aquí. El agua lleva días fluyendo, y nadie hace nada”, explicó el artista en una conversación con Martí Noticias.
Este desperdicio de agua ocurre en medio de una crisis por falta del recurso y recientes declaraciones de Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien reveló este martes que más de un millón de personas en Cuba están afectadas por los cortes de agua, con 713,000 de ellas sufriendo interrupciones prolongadas.
El funcionario añadió que alrededor de 300,000 cubanos dependen del suministro de agua a través de camiones cisterna, en ciclos que pueden extenderse hasta más de 15 días.
Benito, un vecino que vive cerca del salidero de Santa Lutgarda y Calle Recreo, describió la situación con desesperación. “Eso es peor que el río Almendares”, comentó, refiriéndose al famoso río habanero.
Ana Julia Cortés, otra residente en el lugar, expresó su indignación por el daño causado no solo a la infraestructura hidráulica, sino también a las calles del barrio. "El agua corre por ambas aceras las 24 horas del día. Ha destrozado completamente la calle".
Cortés subrayó la ironía de que el agua se derrame cuando existe una crisis del servicio. "Nos duele ver tantos miles de litros desperdiciados mientras la mayoría de nosotros no tiene agua en casa”, dijo.
Este no es un incidente aislado. En otra parte del municipio Cerro, en la Calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, los vecinos también sufrieron las consecuencias de un salidero similar que fue, finalmente, reparado, aunque dejó la calle intransitable. “Lo arreglaron, pero la calle sigue desbaratada”, explicó uno de los residentes en el barrio afectado.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Aunque inspectores de la empresa Aguas de La Habana se han acercado al salidero próximo al Acueducto de Albear, en el municipio Cerro, los residentes afirman que no han tomado medidas efectivas.
“Les dijimos a los inspectores, y a todo el que pasa, pero no hacen nada”, comentó Ana Julia con frustración.
La infraestructura hidráulica de Cuba, especialmente en ciudades como La Habana, se encuentra en un estado crítico, afirmaron los entrevistados, quienes también se refirieron a la combinación de apagones constantes, tuberías envejecidas y falta de inversión en reparaciones y mantenimiento, lo que ha generado una situación de emergencia.
“Nos duele ver esto. Pensamos, ¡Dios mío, cuánta agua se está botando aquí!, mientras tantos de nosotros llevamos semanas sin una gota de agua en nuestros hogares”, concluyó Ana Julia.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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