Cuba
Intelectual cubana hallada culpable de "desobediencia" en juicio en su contra: "apelaré a instancia provincial"
La intelectual y académica cubana Alina Bárbara López Hernández fue encontrada culpable del delito de "desobediencia" en el juicio celebrado este martes en el Tribunal Municipal de Matanzas, confirmó la acusada en sus redes sociales.
"El juicio concluyó, en unas horas explicaré lo ocurrido, solo adelanto que fui considerada culpable de un delito de desobediencia y que apelaré a instancia provincial", escribió López Hernández en Facebook.
La profesora matancera consideró más urgente denunciar los "atropellos enormes" cometidos por la policía política contra sus colegas y personas que se solidarizaron con su caso.
"Jorge Fernández Era fue detenido en la antigua Plaza del mercado por el carro patrulla 262 y dos oficiales uniformados, uno de ellos identificado con el número 14283 cuando nos dirigíamos al tribunal, se nos dijo que lo llevaban para la estación de la Playa, ahora su esposa nos informa que lo llevaron para su domicilio en La Habana, donde está vigilado", detalló.
Añadió que había dos personas desaparecidas: Mario Gines González Reyes Cepero e Ilonka Amuchastegui. "Ambos lograron llegar al tribunal, pero cuando intentaron entrar, pues se dijo que era una vista pública, fueron llevados (Mario a empujones), según se le dijo al padre de mi hija, para la estación de policía".
Según López Hernández, al finalizar el juicio se comunicaron telefónicamente con la estación de Policía, pero el oficial a cargo aseguró que no ha recibido a nadie con esos nombres. "Me dijo que deben estar en Operaciones de Seguridad del Estado, pero que no sabe su número de teléfono".
En un segundo post, aclaró que el padre de sus hijas "insistió con el teléfono de la estación de la PNR de Playa, y aunque a mí me habían negado que estuvieron allí, a él le confirman que sí estuvieron, pero que fue por poco tiempo, y que ya los soltaron".
Otra persona, que la acusada identifica en su post como "un señor canoso con camisa roja, que logró acceder a la sala de la vista", fue retirado del lugar por las autoridades. "Evidentemente, no era parte del "público" admitido, conformado por unas 10 personas", explicó López Hernández.
La académica cubana fue a juicio este martes "tras meses de acoso y detención por las autoridades", denunció el lunes Amnistía Internacional en un mensaje en redes sociales en el que la organización dijo estar atenta al proceso en su contra.
López Hernández fue detenida en abril pasado. En agosto, recibió una citación para una entrevista en la estación de la PNR, en Matanzas, a la que no acudió, dado que las autoridades no habían presentado cargos en su contra.
En respuesta, López Hernández fue acusada de "desobediencia". Las autoridades ordenaron, además, su reclusión domiciliaria y le prohibieron salir del país.
Su caso despertó una ola de solidaridad entre colegas, activistas, organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana que han condenado el proceso judicial en su contra.
"Hay muchos, cientos de nosotros, seguramente miles, tomando nota de una infamia más y no olvidaremos. Cuando llegue el momento, estoy seguro que los que acusan serán los acusados, y pagarán por cada acto de injusticia, cada fabricación, cada acto represivo, cada lágrima de todas esas víctimas de este sistema tan deleznable y despreciable que tiene a Cuba cautiva de su maldad", comentó uno de ellos este martes en su post en Facebook.
"Un abrazo, Alina Bárbara López Hernández. Gracias por ganar este juicio ante la opinión pública. Todo el peso de la culpa en el poder es público, descubierto. Cuídese mucho y fuerza", le escribió la activista y periodista Marta María Ramírez.
Ola represiva a raíz del juicio
El Observatorio de Libertad Académica denunció en un comunicado que a raíz del proceso contra López Hernández "la Seguridad del Estado ha redoblado la violencia contra intelectuales y estudiantes que han manifestado su apoyo a la profesora".
Entre otros incidentes la organización mencionó: la detención del profesor Pedro Albert Sánchez; el cerco policial contra el académico Dmitri Prieto Samsonov y el investigador Alexander Hall; el "escenario de hostigamiento" contra Jenny Pantoja Torres; y "un fuerte cerco policial" en Centro Habana para impedir la libre circulación del joven de 22 años Raymar Aguado Hernández, periodista, critico de Arte y estudiante.
El Observatorio de Libertad Académica denuncia la ola represiva desplegada por la Seguridad del Estado y dijo que una vez más el Estado cubano "vulnera los derechos humanos y constitucionales de académicos y estudiantes, dejando en claro que para la cúpula gobernante la Constitución cubana es un panfleto de papel mojado que pueden desconocer según sus voluntades".
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Piden investigar parole humanitario de militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate
Exiliados cubanos pidieron a Blinken y Mayorkas una investigación urgente sobre cómo el piloto de guerra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez terminó recibiendo el beneficio migratorio de parole humanitario.
José J. Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Sylvia G. Iriondo, representante de M.A.R. por Cuba (Madres contra la Represión), y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, han enviado cartas al secretario de Estado Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parole humanitario concedida al Teniente Coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
“Si bien González-Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron, persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente”, asegura la carta.
En una breve comunicación con Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez dijo que negaba “la mayoría” de “las cosas que se han dicho” sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a “algunas situaciones que pueden verse afectadas”.
La esposa de González-Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a EEUU.
En la misiva los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional, cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, y el residente legal en EE. UU., Pablo Morales.
“Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que, cuando fue entrevistado en Cuba, González-Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o haya proporcionado información falsa. Su implicación en un acto tan atroz plantea serias dudas sobre la legitimidad del Parole Humanitario que se le concedió”, añadieron.
La presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos, reportada primero por Periódico Cubano y corroborada con pruebas por Martí Noticias, desató una fuerte polémica debido a las acciones del piloto de combate, quien participó en la operación contra Hermanos al Rescate, de acuerdo con Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia.
"Confiamos en que tomarán las medidas necesarias para que aquellos involucrados en eventos tan trágicos no eludan la justicia mediante la obtención de visas humanitarias bajo falsos pretextos", concluye la carta.
Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González-Pardo.
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