Cuba
La represión del régimen y la crisis económica impactan los derechos básicos de los cubanos
La organización internacional Human Rights Watch presentó este jueves su Informe Mundial 2023, que contiene un análisis anual sobre los derechos humanos en el mundo.
"La conclusión evidente que puede extraerse del repertorio de crisis de derechos humanos que se dieron durante 2022 —desde los ataques deliberados del presidente ruso Vladimir Putin contra civiles en Ucrania, la prisión al aire libre que impuso Xi Jinping a los uigures en China hasta el riesgo de hambruna al que los talibanes han expuesto a millones de afganos— es que un poder autoritario irrestricto va dejando tras de sí una marea de sufrimiento humano. Sin embargo, 2022 también reveló un desplazamiento fundamental del poder en el mundo, que allana el camino para que todos los gobiernos preocupados por esta situación puedan actuar contra los abusos protegiendo y fortaleciendo el sistema global de derechos humanos, en especial, cuando las medidas que toman las principales potencias son escasas o problemáticas", declaró Tirana Hassan, la Directora Ejecutiva en Funciones de HRW, en la introducción al informe.
A continuación reproducimos íntegramente el apartado de Cuba:
El gobierno continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos.
Las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio de 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. Los juicios de cientos de esos manifestantes en 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas.
Las manifestaciones continuaron en todo el país durante 2022, como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida.
La represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes.
Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo.
Detenciones y acusaciones arbitrarias
El gobierno continuó llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. Los agentes han impedido que las personas asistan a las protestas arrestando a críticos y periodistas que se dirigían allí o impidiéndoles salir de sus viviendas.
El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles durante las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno que se registraron en todo el país desde la revolución cubana. Uno de los manifestantes —el cantante Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años— habría muerto como resultado del accionar de la policía.
Organizaciones cubanas de defensa de derechos humanos contabilizaron más de 1.500 personas detenidas, la mayoría de ellas manifestantes pacíficos o transeúntes; hasta octubre de 2022, permanecían encarcelados más de 660 detenidos. Muchos estuvieron incomunicados en la detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.
El gobierno reconoció la condena de más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluidos varios niños y niñas, por una variedad de delitos contra el orden público. Muchos fueron procesados en juicios sumarios por cargos vagos e imprecisos, como “desorden público” o “desacato”. A otros se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios —en relación con hechos de violencia, como arrojar piedras— y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Algunos juicios fueron llevados a cabo en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional.
La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación, tales como protestar pacíficamente, proferir insultos contra el presidente o la policía o cantar canciones críticas del gobierno. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco confiables y sin corroborar, tales como declaraciones tomadas únicamente a miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas “huellas de olor” de los acusados, y los tribunales emitieron condenas en base a estas cuestionables evidencias.
Algunas de las víctimas y sus familiares, luego de ser blanco de reiterados actos de hostigamiento por parte de la policía, se fueron de Cuba.
Migración
La cantidad de cubanos que abandonan el país aumentó marcadamente en 2022, y superó los máximos históricos de las décadas de 1980 y 1990.
La Patrulla Fronteriza de EE. UU. aprehendió a más de 203.000 ciudadanos cubanos entre enero y septiembre de 2022. Esto representa un aumento drástico en comparación con los 33.000 cubanos aprehendidos en el mismo período de 2021. La Guardia Costera de EE. UU. interceptó a más de 6.182 cubanos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por lejos la cifra más alta en cinco años.
Los cubanos que se dirigieron a Estados Unidos enfrentaron abusos por parte de grupos criminales y fuerzas de seguridad a lo largo del trayecto, particularmente en el Tapón del Darién —en la frontera entre Colombia y Panamá— y en la frontera sur de México.
Muchos cubanos viajan a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para nacionales de Cuba.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se implementaron reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades niegan selectivamente a los disidentes la salida o el regreso al país.
El 16 de febrero de 2022, las autoridades cubanas negaron el ingreso a Anamely Ramos, curadora de arte y activista cubana. Ramos se encontraba en Estados Unidos por motivos personales cuando decidió regresar a Cuba. Personal de la aerolínea le informó en Miami que el gobierno cubano le negaba el ingreso. Aún continúa en Estados Unidos.
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis económica de Cuba, que se profundizó durante la pandemia de Covid-19, afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales, e incluye apagones del servicio eléctrico y la grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos.
En enero de 2022, las autoridades reconocieron que los faltantes de medicamentos habían empeorado y los atribuyeron al embargo impuesto por Estados Unidos. El presidente del grupo estatal de la industria farmacéutica señaló que 88 de los 262 de mayor prioridad estaban “en falta”.
En mayo, las autoridades manifestaron que el servicio eléctrico del país estaba en una “situación compleja” que “paraliza a una importante parte de la economía”. Hubo apagones en partes de Cuba durante 29 de los 31 días de julio, según información oficial revisada por la agencia de noticias EFE.
En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los cubanos estaban sufriendo un “colapso del sistema público de salud” y un “aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad”.
Presos políticos
Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 1.020 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos. Entre estas se incluían 235 personas que se encontraban bajo arresto domiciliario o en libertad condicional.
Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el debido proceso ni un juicio justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, permanecía preso al mes de octubre. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por presunta “agresión”. En julio de 2021, fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Fue acusado de “desorden público” debido a que “decidió unirse” a las manifestaciones y fue enviado a prisión preventiva. Un tribunal de Santiago de Cuba decidió en agosto de 2021 que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo sentenció a cumplir una pena de prisión.
En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes interpretaron en 2021 el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país. Se los procesó por ejercer su libertad de expresión, entre otras cosas, al publicar un meme del presidente Díaz-Canel, y recibieron condenas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno o inician huelgas de hambre a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles.
En abril de 2020, con el objeto de reducir los riesgos asociados con el Covid-19, las autoridades suspendieron las visitas de familiares. Esto, sumado a la negativa a permitir que los detenidos llamen a sus familias, hizo que muchas personas quedaran incomunicadas durante días y, a veces, semanas.
En junio de 2022, las organizaciones no gubernamentales 11J y Cubalex —basándose en hallazgos de condiciones sanitarias deficientes, falta de alimentos y atención médica y condiciones degradantes— lanzaron la campaña “Miren las prisiones de Cuba” a fin de presionar a las autoridades para que autoricen las visitas de organizaciones internacionales y de expertos de las Naciones Unidas.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.
En febrero y agosto de 2021, las autoridades ampliaron la cantidad de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente continuó estando prohibido.
Periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias.
A partir de 2019, las autoridades permitieron la importación de enrutadores y de otros equipos, así como la conexión de redes de Internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas. El mayor acceso a Internet permitió que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como Twitter y Facebook. Sin embargo, el costo elevado y el acceso limitado impiden que la mayoría de los cubanos puedan leer noticias independientes.
Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil. Cuando las protestas comenzaron el 11 de julio de 2021, diversas organizaciones especializadas indicaron que hubo interrupciones del servicio de Internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales y las plataformas de mensajería.
En agosto de 2021, las autoridades publicaron el Decreto Ley 35, que regula el uso de las telecomunicaciones y restringe gravemente la libertad de expresión en Internet.
En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un código penal que, entre muchas restricciones imprecisas, incluye una disposición que sanciona con hasta 10 años de cárcel a quien provea, reciba o tenga en su poder fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Ese lenguaje amplio allana el camino para que se impulsen procesos penales que socavarían el derecho de los cubanos a movilizarse y cuestionar de manera pacífica los abusos del gobierno.
Las autoridades continúan utilizando el Decreto-Ley 370/2018, que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad” de las personas, para interrogar y multar a periodistas y críticos, y confiscar sus materiales.
Derechos laborales
Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y la negociación colectiva, pero el Código de Trabajo cubano —actualizado en 2014— viola esos derechos. Si bien Cuba permite la formación de sindicatos independientes, en la práctica las autoridades sólo autorizan una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios, incluso para afrontar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno les impuso normas que violan sus derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos.
En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Cuba a adoptar medidas para prevenir o detener las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la intimidación, las amenazas y las acciones de desprestigio contra defensores de derechos humanos.
Orientación sexual e identidad de género
La Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial, en el interior de Cuba.
La relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en agosto de 2022 que la discriminación estructural afecta de diferentes maneras a las mujeres, a las personas afrocubanas y a las personas LGBT.
En septiembre, se aprobó por referendo un nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género, lo cual abre la posibilidad de que puedan celebrarse matrimonios entre personas del mismo sexo.
Derechos de la mujer
Cuba despenalizó el aborto en 1965. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
El nuevo Código de las Familias refuerza los derechos de mujeres y niñas, además de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la reproducción asistida, prohíbe la violencia doméstica y todo tipo de castigo físico y reconoce el derecho a la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre los integrantes de la familia.
Actores internacionales clave
La comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.
El embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos y despierta la simpatía de gobiernos que, de otro modo, habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país. En mayo, la Unión Europea recibió favorablemente el levantamiento de ciertas restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
El presidente estadounidense Joe Biden no levantó la redesignación que había hecho el expresidente Donald Trump de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Condenó en repetidas ocasiones los abusos contra manifestantes e impuso sanciones individuales a varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. En mayo de 2022, Estados Unidos anunció que aumentaría la tramitación de visas en La Habana, ampliaría la autorización de viajes profesionales y educativos, incrementaría la ayuda a los emprendedores cubanos y eliminaría el límite a las remesas familiares.
Durante su tercer examen de Cuba, en el mes de junio, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó preocupación por los señalamientos de maltrato y detenciones arbitrarias de niños y niñas que habían participado en las protestas de 2021.
En julio, el gobierno recientemente electo del presidente colombiano Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron en La Habana su intención de retomar las conversaciones de paz. A comienzos de octubre, la delegación del ELN viajó a Venezuela y anunció que las negociaciones se reiniciarían en noviembre.
En noviembre, la Asamblea General de la ONU votó por una mayoría abrumadora a favor de condenar el embargo. La resolución recibió el apoyo de 185 países, Estados Unidos e Israel se opusieron, y Brasil y Ucrania se abstuvieron.
Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se opuso de manera reiterada a resoluciones que alertaban sobre violaciones de derechos humanos en Rusia, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros.
La Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas ante Cuba y emitió declaraciones expresando consternación por las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. Frustrado por la falta de avances en la situación de derechos humanos de Cuba, en diciembre de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que condena los “abusos sistemáticos” contra disidentes y críticos y exhortó a la UE a considerar la suspensión, por motivos de derechos humanos, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación bilateral.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Miles de litros se desperdician por salideros en La Habana en plena crisis de agua potable
El video de un enorme salidero en plena calle del Cerro, en La Habana, es pura ironía para los cientos de miles de cubanos que no tienen acceso regular al servicio de agua potable.
En las esquinas de las calles Santa Lutgarda y Recreo, en el municipio Cerro de La Habana, el el agua potable brota de una tubería rota. Durante días, miles de litros de agua potable se han desperdiciado, fluyendo por las calles, mientras cientos de miles de cubanos sufren cortes en el suministro de agua en sus hogares.
El artista cubano Yulier Rodríguez, conocido por sus graffitis en áreas públicas de la capital, documentó el desastre en un video grabado el martes. En las imágenes se aprecia un enorme agujero en el pavimento, en el que se puede ver una tubería rota de la que mana agua sin cesar. Rodríguez describió la situación y dijo que el problema lleva varios días sin solución.
“Es una tubería grande, parece que es una tubería suministradora que sale de la propia sede de Aguas de La Habana, que está a unos metros de aquí. El agua lleva días fluyendo, y nadie hace nada”, explicó el artista en una conversación con Martí Noticias.
Este desperdicio de agua ocurre en medio de una crisis por falta del recurso y recientes declaraciones de Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien reveló este martes que más de un millón de personas en Cuba están afectadas por los cortes de agua, con 713,000 de ellas sufriendo interrupciones prolongadas.
El funcionario añadió que alrededor de 300,000 cubanos dependen del suministro de agua a través de camiones cisterna, en ciclos que pueden extenderse hasta más de 15 días.
Benito, un vecino que vive cerca del salidero de Santa Lutgarda y Calle Recreo, describió la situación con desesperación. “Eso es peor que el río Almendares”, comentó, refiriéndose al famoso río habanero.
Ana Julia Cortés, otra residente en el lugar, expresó su indignación por el daño causado no solo a la infraestructura hidráulica, sino también a las calles del barrio. "El agua corre por ambas aceras las 24 horas del día. Ha destrozado completamente la calle".
Cortés subrayó la ironía de que el agua se derrame cuando existe una crisis del servicio. "Nos duele ver tantos miles de litros desperdiciados mientras la mayoría de nosotros no tiene agua en casa”, dijo.
Este no es un incidente aislado. En otra parte del municipio Cerro, en la Calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, los vecinos también sufrieron las consecuencias de un salidero similar que fue, finalmente, reparado, aunque dejó la calle intransitable. “Lo arreglaron, pero la calle sigue desbaratada”, explicó uno de los residentes en el barrio afectado.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Aunque inspectores de la empresa Aguas de La Habana se han acercado al salidero próximo al Acueducto de Albear, en el municipio Cerro, los residentes afirman que no han tomado medidas efectivas.
“Les dijimos a los inspectores, y a todo el que pasa, pero no hacen nada”, comentó Ana Julia con frustración.
La infraestructura hidráulica de Cuba, especialmente en ciudades como La Habana, se encuentra en un estado crítico, afirmaron los entrevistados, quienes también se refirieron a la combinación de apagones constantes, tuberías envejecidas y falta de inversión en reparaciones y mantenimiento, lo que ha generado una situación de emergencia.
“Nos duele ver esto. Pensamos, ¡Dios mío, cuánta agua se está botando aquí!, mientras tantos de nosotros llevamos semanas sin una gota de agua en nuestros hogares”, concluyó Ana Julia.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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