Mujer
Marthadela Tamayo: "No estamos solas"
La activista cubana Marthadela Tamayo, integrante del Comité Ciudadano de Integración Racial (CIR), suma a su intensa labor opositora nuevas tareas que abogan por el establecimiento de leyes en la isla que garanticen el cese de la violencia de género.
Con 36 años de edad, Tamayo ya acumula más de una década de trabajo sostenido por los derechos de los ciudadanos y por el perfeccionamiento de una Constitución que incluya leyes por la protección de la mujer.
En su último empeño incluye el desarrollo de la campaña #UnidasporNuestrosDerechos, con el propósito de imponer una marca distintiva que llame la atención sobre la realidad de la mujer cubana.
En pocos meses ha logrado el apoyo de organizaciones y personalidades, y asegura que se debe en parte al trabajo que el grupo ha venido desarrollando en las redes sociales. Activistas y ciudadanos que simpatizan con las causas que ellas esgrimen usan las etiquetas #NoMasviolencia y #Lavidelasmujeresimporta.
Además de Facebook, Twitter, e Instagram, Tamayo cuenta en ese empeño con las infinitas posibilidades que brinda la mensajería de WhatsApp. "Por esa vía compartimos documentos, fotos, ideas e información puntual de lo que acontece a diario", asegura.
Como miembro de la directiva del CIR en 2020 su principal empeño es abogar por una Ley de Género en la isla, y para lograrlo trabaja con la Red Femenina de Cuba y otras 19 activistas que suscribieron e hicieron pública una Agenda Para la Igualdad de Género 2020.
Para las promotoras es fundamental trabajar unidas y recabar seguidores, expresó Tamayo en noviembre pasado en un video divulgado en su perfil de Instagram.
Su activismo en el CIR a favor de proyectos sociales lo hace sin discriminar temas, porque la idea es generar debate en los grupos digitales sobre lo que "nos preocupa, entre ellos los de violencia de género".
El precio por su activismo
Graduada de Licenciatura en Lengua Inglesa en el Instituto Pedagógico de Holguín y madre de un niño de 11 años, asegura que conserva el mismo entusiasmo con el que se vinculó a los proyectos opositores apenas comenzó a ejercer como profesora en el municipio de Antilla tras su graduación en 2008.
Por sus ideas políticas y sus vínculos -en aquel momento no públicos- con el CIR, Tamayo fue expulsada en 2014 de la escuela donde trabaja. Las autoridades le prohibieron ejercer la enseñanza y le dieron un término de 5 años para volver “si sus ideas habían cambiado”.
En esa fecha acababa de dar a luz a su hijo Miguel Alfredo. Asegura que ser madre la afianzó más en la convicción de abogar por cambios en su país.
En ese mismo año decidió seguir sus actividades en la oposición, pero de forma de forma pública, pues hasta ese momento lo había hecho desde el anonimato.
Tamayo comenzó a desarrollar acciones con el CIR y en Arco Progresista, un grupo que abogaba por un consenso constitucional en la isla.
Más tarde, en 2016, se vinculó al proyecto Otro18. En esa etapa su labor requería de viajar constantemente desde Holguín a La Habana. Sufrió varios arrestos y deportaciones; las autoridades no le permitían estar en la capital sin tener dirección de residencia allí.
También la Seguridad del Estado buscaba frenar su activismo y la sometió a interrogatorios y amenazas. La familia de la activista decidió buscar la forma de establecer una situación "legal". Lograron vender la casa en Antilla y comprar un modesto apartamento en La Habana, donde reside actualmente con su mamá y su hijo.
Asegura que cuando hace un resumen de su labor opositora no puede dejar fuera su trabajo con Otro18, "una gran experiencia" que la mantiene vinculada con sus promotores, aunque advierte que por estos días el foco fundamental del trabajo lo está realizando a partir de las directivas del CIR y enfocado en el tema de la mujer.
En los últimos cinco años ha podido participar en eventos internacionales en representación de la sociedad civil cubana, en especial los relacionados con la integración racial en la isla.
En conferencias promovidas por Latin American Studies Association (LASA), en Miami, presentó ponencias donde expuso el tema racial en la isla y la exclusión de los afrocubanos en el mercado laboral estatal.
En septiembre de 2019 fue seleccionada para la beca sobre temas de género Andy Pharjamovich que ofrece cada año el Instituto Nacional Demócrata, con sede en Washington DC.
“Fueron cuatro meses donde adquirí un aprendizaje profundo de cómo trabajar en las redes sociales y cómo hacer más viable mi trabajo”, dijo Tamayo.
De regreso a la isla, con la posibilidad de poner a prueba todo lo aprendido, abogar por el cese de la violencia de género se ha convertido en su principal tarea.
Asegura que tanto ella como sus compañeras se sienten fuertes porque no están solas. Cuentan con la ayuda de los hombres a los que denomina “caballeros”, y que están mostrando el apoyo tanto en las redes como en las convocatorias que realizan para debatir, desarrollar talleres y promover las propuestas por la igualdad de género.
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Tras huelga de hambre, presa política logra que aminoren su castigo en la cárcel de Mayabeque
Yilian Oramas García inició una huelga de hambre el 13 de agosto cuando los mandos del penal le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase. La mujer está encarcelada a más de 250 km de distancia de su ciudad de residencia.
La presa política Yilian Oramas García abandonó este martes una huelga de hambre que llevaba desde hace varios días, luego de conseguir que las autoridades de la prisión "Cuba Panamá" para enfermos de VIH, cambiaran la medida punitiva de revocación del régimen de menor rigor a la suspensión de dos visitas a su hogar.
Oramas García inició su protesta el 13 de agosto cuando los mandos del penal ubicado en la provincia Mayabeque le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en la ciudad de Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión donde está recluida.
“Ella estaba muy débil porque es diabética, le pusieron sueros en el hospitalito que tienen en la prisión. Ella levantó la huelga, pues el Jefe de Cárceles y Prisiones de Mayabeque [Yunior Lázaro Santana], en conjunto con la Seguridad del Estado, le quitaron la revocación que era por dos años y, en su lugar, le tumbaron dos pases. Con la dictadura no se gana, pero la revocación significaba que tenía que cumplir los tres años”, dijo a Martí Noticias, María Josefa Oramas, la madre de la reclusa.
De habérsele modificado el tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García perdería, además, su derecho a la libertad anticipada y tendría que cumplir toda la pena que le resta tras las rejas.
La mujer de 43 años, cumple una sentencia de seis de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de Atentado y Resistencia.
Yilian, su esposo el también preso político Geobel Manso y otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad, en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de Covid-19 y que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
Feministas aprecian pocos avances en la lucha contra la violencia de género en Cuba
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) reconoció que al menos 16 mil mujeres y niñas, pertenecientes a casi 10 mil familias, " viven en situación de violencia" en la isla.
Aunque las autoridades cubanas han admitido la existencia de la violencia de género en la sociedad cubana, aún queda mucho que andar para su enfrentamiento eficaz, señalan organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la observación de este flagelo.
"No son suficientes las estrategias y políticas públicas", pero "hay un avance por parte del régimen, porque, discretamente, ha reconocido el feminicidio en Cuba", aunque "se han atribuido un hallazgo que ya está en observación y seguimiento desde varios observatorios que pertenecen a la sociedad civil independiente cubana", dijo a Martí Noticias desde Santa Clara Sara Cuba, una de las coordinadoras de la Alianza Cubana por la Inclusión.
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en la voz de su secretaria general, Teresa Amarelle Boué, informó en una entrevista reciente con el periódico oficial Granma que ha identificado a más de 16 mil mujeres y niñas en la isla, pertenecientes a 9,579 familias, "que viven en situación de violencia".
“¿Y qué políticas públicas, entonces, se estarían ejecutando por parte de la Federación de Mujeres Cubanas con relación a esto? No existe una Ley Integral contra la violencia de género, algo que el activismo independiente, de manera constante, le ha estado exigiendo a la Federación de Mujeres Cubanas”, cuestionó, desde La Habana, Marthadela Tamayo, gestora de iniciativas como la Red Femenina de Cuba.
“Además, peticiones básicas muy concretas como la transparencia de los datos, como que los funcionarios públicos que tratan las denuncias por motivos de género en las estaciones policiales tengan la formación que se requiere para atender las víctimas, y que las víctimas salgan en calidad de víctimas, porque muchas veces lo que pasa es que salen en calidad de victimarias”, indicó la activista.
En noviembre de 2022, grupos feministas independientes impulsaron una campaña para exigir a las autoridades cubanas una Ley integral contra la violencia de género, que obligaría al Estado a implementar políticas para eliminar la violencia contra las mujeres sin importar su posición política, orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, raza, ni edad y, por la cual, quienes atenten contra este derecho serían castigados.
“El régimen confirmó que un total de 110 mujeres habían muerto a manos de sus parejas en el año 2023 y dos funcionarias de la Federación de Mujeres Cubanas reconocieron el aumento de los casos de violencia, pero se continúa sin usar el término de feminicidios, el cual implica la responsabilidad del Estado cubano y de sus propias instituciones sobre estos casos de violencia extrema que se están viviendo en Cuba”, apuntó Tamayo.
La investigadora mexicana Marcela Lagarde acuñó que la diferencia entre los términos femicidio y feminicidio está en que el primero se refiere a la privación de la vida a la mujer por su pertenencia de género, y el segundo incluye al Estado como generador de condiciones al mantener situaciones de vulnerabilidad que hacen posible el asesinato de una mujer.
Amarelle Boué aseguró, en sus comentarios al vocero del Partido Comunista, que el conteo es «una herramienta clave para la prevención a nivel comunitario» y que se trabaja en evaluar el impacto de la legislación y las políticas públicas respecto a las mujeres.
La funcionaria no precisó cuáles políticas públicas se han instrumentado en Cuba, ni para cuándo serían una realidad.
Al respecto, Tamayo, considera que, de acuerdo con los datos aportados por la organización estatal, el 91,4% de las cubanas mayores de 14 años pertenecen a ella, pero “en la práctica, el trabajo que la Federación de Mujeres Cubanas realiza tiene un impacto nulo”.
“El único trabajo que realiza es el de pedir esa cuota burocrática, esa cuota económica a las mujeres que forman parte de esa organización, pero realmente no hay políticas públicas, no hay un trabajo continuo, de sistematicidad, ni de seguimiento", dijo la activista.
El Programa de Adelanto de la Mujer (PAM) se aprobó por el Consejo de Ministros en octubre de 2021 para “combatir” la discriminación y la violencia en todas sus manifestaciones.
“La FMC, en este caso su máxima autoridad, hace mención a la estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género, pero los bloques de cuadras, en la mayoría de los casos, desconocen las estrategias, incluso desconocen el plan de adelanto”, señaló Sara Cuba.
“Por otra parte, y lo hemos podido percibir porque estamos en la comunidad, en constante contacto con mujeres de nuestra localidad, no saben, simplemente, qué es la violencia de género, y la mayoría de las mujeres ha vivido en algún momento de su vida cualquier manifestación de esta forma de violencia”, recalcó la activista villaclareña.
En julio de 2024, el Gobierno cubano aprobó la creación de un registro nacional de “atención, seguimiento y monitoreo” de la violencia machista en la Isla, pero no ha publicado la información que recopila a medida que suceden los hechos.
La agencia de prensa española EFE analizó que, en consonancia con los datos proporcionados por las autoridades, Cuba cerró 2023 con una tasa de 2.16 feminicidios por cada 100 mil mujeres, lo que ubica al país en el sexto más alto de toda América Latina y el Caribe, si se compara con los registros de asesinatos machistas del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2022, último año disponible.
“Ese es el panorama que se vive en Cuba. Entonces hay que hablar con claridad sobre el tema, hay que usar la terminología correcta”, concluyó Tamayo.
Activista encarcelada por posar con la bandera cubana enfrenta secuelas de su encierro en prisión
Otras dos mujeres fueron asesinadas en Cuba: La cifra de feminicidios se eleva a 34
El cadáver de una joven cubana de 34 años fue hallado en un vertedero en La Habana, informaron los observatorios independientes que verificaron otro feminicidio ocurrido recientemente en la isla. En lo que va de año se han registrado 34 crímenes machistas en el país.
El cadáver de una joven cubana fue hallado en un vertedero de basura en La Habana recientemente, informaron los observatorios independientes que llevan registro de los feminicidios en la isla desde 2019.
La víctima, identificada por las plataformas feministas como Linda Nay Flores Vargas, tenía 34 años y fue asesinada por su pareja en julio pasado.
"Resaltamos la situación de desaparición y extrema violencia ejercida contra su cuerpo", recoge el comunicado del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), en el que denuncian la "violencia feminicida" en el país.
Según el medio independiente Cubanet, este viernes había un fuerte operativo policial en la Habana Vieja, donde apareció el cadáver de otra mujer en un tanque de basura.
Los observatorios independientes registraron otro feminicidio ocurrido el pasado 13 de agosto, en Güines, provincia de Mayabeque.
La víctima, identificada como Saimy Hernández, tenía alrededor de 40 años y dos hijos, uno de ellos menor de edad. "Murió a manos de su pareja en un espacio público", precisaron.
En lo que va de año, OGAT y YOSTC han verificado 34 feminicidios en Cuba, más un intento de feminicidio en Santiago de Cuba.
"La mujer recibió múltiples heridas con arma blanca por parte de su pareja y padre de su hija", dijeron.
Las plataformas independientes están investigando actualmente alertas de feminicidios en Las Tunas, Matanzas, Camagüey y Guantánamo.
En 2023 los observatorios registraron una cifra récord de feminicidios en Cuba (89) y a inicios de este año las autoridades revelaron que un total de 110 mujeres murieron víctimas de la violencia de género en el país.
"Lo primero que nos llama la atención es la cifra que es alarmante y supera los 89 casos que habíamos nosotras contabilizado en 2023", dijo a Martí Noticias la activista Yanelys Núñez, coordinadora General del OGAT.
"Lo otro que llama la atención es que no sabemos qué metodología usan. Nos preocupa que se siga sin utilizar el término feminicidio o femicidio y que la clasificación entre los datos que expongan sean solo en aquellos casos en que ya el feminicida ha sido juzgado, en vez de poner las cifras totales de casos que se han registrado en el año", agregó.
Embarazadas en prisiones de Cuba: una gestante denuncia el calvario que vive en Kilo 5
La presa política Yanet Pérez Quevedo detalló en una llamada telefónica la precariedad en la que transcurre su embarazo en la cárcel Kilo 5. Su situación no es única, asegura el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
La angustia de la prisión se agrava para las mujeres embarazadas, que, a la fragilidad de su estado, tienen que añadir la insalubridad, la falta de ventilación y de una alimentación adecuada en las prisiones cubanas.
La presa política Yanet Pérez Quevedo, embarazada de pocos meses en la cárcel camagüeyana Kilo 5, denunció en una llamada telefónica grabada y divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la precariedad en la que transcurre su preñez.
“En esta área materna, tenemos tremendas malas condiciones. La lavadora está rota, el fogón de gas está roto. Tenemos nada más que un frío [refrigerador], un televisor. Hay nada más que tres ventiladores y no sirven. A Yanisa, una embarazada de 23 años, la tienen viviendo en un cuarto donde no tiene agua, no tiene corriente”. dijo Pérez Quevedo.
Las salas materno infantiles habilitadas en algunos establecimientos penitenciarios para mujeres carecen de las condiciones mínimas de higiene.
“Al lado del área materna hay un basurero, donde se meten las cucarachas, las hormigas, los alacranes. Está todo puerco (sucio), no hay condiciones para nosotros”, señaló la presa política.
Tampoco las embarazadas reciben el tratamiento médico ni la alimentación que requieren.
“Me han llevado al hospital dos veces, pero no me han hecho nada”, relató Pérez Quevedo.
Al respecto, Raúl Enrique Medina, responsable de Comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, dijo a Martí Noticias que la institución ha documentado “la escasez de alimentos y medicinas, la falta de atención médica oportuna y los maltratos directos como algunas de las situaciones que enfrentan las gestantes reclusas en Cuba”.
“Aunque el Estado está obligado a garantizar las condiciones mínimas indispensables a las gestantes privadas de libertad, eso, generalmente, no se cumple. Muchas de estas mujeres que, embarazadas, permanecen en prisión, no tienen acceso a medicinas especializadas, no tienen acceso a dietas que necesitan para el normal desarrollo del bebé y además sufren maltratos, lo mismo de funcionarios de prisiones como de otras reclusas”, dijo.
Medina subrayó que, en el caso de las prisioneras por motivos políticos que están embarazadas, la discriminación ideológica acentúa su vulnerabilidad debido al tratamiento que reciben de las autoridades, que las pone en riesgo psicológico y físico.
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