El capítulo Observadores de Derechos Electorales, ODE, perteneciente al Comité Ciudadano por la Integración Racial (CCIR), comenzó este martes su valoración de las “consultas populares” sobre el proyecto de Código de las Familias, que se extenderán hasta el 30 de abril.
“Nuestros observadores estarán presentes en las circunscripciones donde se desarrollen estos debates. Queremos conocer las características que tendrán, si realmente se publicarán o se recibirán todas las propuestas que las y los ciudadanos vayan a emitir el día que tengan su reunión. Sabemos que los debates en Cuba son controlados, que se discuten proyectos de ley que son avalados por las estructuras de poder estatal, que no se vota en ninguna de sus instancias”, dijo a Radio Televisión Martí, Marthadela Tamayo, miembro de la entidad en La Habana.
La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, aseguró este lunes que el Consejo Electoral como órgano del Estado es el único designado para organizar, dirigir, supervisar y garantizar la transparencia del proceso de consulta o de plebiscito o referéndum que se convoque.
“En los mecanismos de democracia directa, la participación ciudadana es clave y tiene un efecto decisorio e influyente. Es por eso que nuestros observadores jugarán un papel fundamental en este proceso”, señaló Tamayo.
En ese sentido, Juan Antonio Madrazo Luna, director del CCIR, indicó que el compromiso de ODE, desde la ciudadanía, permite a un órgano independiente hacer una “evaluación profesional e imparcial de la calidad o falta de transparencia que pueda tener el proceso atendiendo a los instrumentos del derecho internacional, las buenas prácticas y la legislación nacional”.
“Nosotros hemos estado trabajando en la capacitación de nuestros voluntarios que participarán del monitoreo. La observación que hacemos es un mecanismo de evaluación, un instrumento que nos permite hacer análisis del proceso, proponer medidas que mejoren la calidad del mismo y transparentarlo desde la ciudadanía”, apuntó Madrazo.
La inclusión del matrimonio igualitario en la normativa desató la reacción de varias iglesias, entre ellas la Católica y la Evangelista, así como la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten niños y la de los llamados embarazos solidarios.
De aprobarse, haría valer demandas de la comunidad LGBTI de la Isla, donde, en los primeros años de la Revolución, los homosexuales eran perseguidos y recluidos en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).
“El Código de las Familias está visiblemente enfocado en crear una imagen progresista de la dictadura cubana y la realidad es diferente. Esto ya lo vivimos cuando la Constitución que se aprobó en el 2018. Todo aquel andamiaje, digamos, de derechos que estaban siendo plasmados en la Carta Magna y que aún no se han concretado”, manifestó la activista Aymara Peña, residente en Sancti Spiritus.
“Nos damos cuenta, por experiencia, de este tipo de bordado que ha sabido hacer el gobierno de Miguel Díaz-Canel para crear una cortina de humo a otros eventos en materia legal que han estado ocurriendo, porque, cuando se habló del matrimonio igualitario dentro de la Constitución, se trató muy por encima de otros temas mucho más relevantes e importantes como la permanencia y el carácter irrevocable del socialismo y como otros artículos que limitaban el derecho a la libertad de pensamiento, de la libertad de los cubanos”, subrayó.
Está previsto que para julio la Asamblea Nacional del Poder Popular contenga las sugerencias de esta etapa y convoque a un referéndum.
El nuevo Código permitirá establecer acuerdos prematrimoniales para proteger los patrimonios, reemplaza el concepto de patria potestad por el de la responsabilidad parental y autoriza a los padres a decidir el orden de los apellidos de los hijos.
Asimismo, castiga la violencia de género como limitación para repartir bienes. Aborda tres tipos de violencia: contra los adultos mayores y discapacitados, contra los niños, niñas y adolescentes, y la ejercida contra las mujeres.
El movimiento feminista independiente ha reclamado, por años, la elaboración de una ley específica sobre violencia de género en un país donde el 40% de las mujeres reconoce haber sufrido algún tipo de maltrato.
Grupos no vinculados al Estado documentaron en 2021, 34 asesinatos por motivos de género. En lo que va de 2022, tres mujeres murieron, presuntamente, a manos de sus parejas.
La reforma pretende prohibir el matrimonio infantil que estaba permitido como excepción en el código vigente.
“Se han aprobado muchísimas cosas dentro de la Asamblea Nacional en los últimos meses que impactan fuertemente en la vida de los cubanos y no se les ha dado tanta importancia como al Código de Familia”, recordó Peña.
“Este Código de las Familias viene en un momento trascendental de aprobaciones de leyes como con la que se está tratando de criminalizar la vida de la sociedad civil independiente cubana para evitar que se reciban fondos de la comunidad internacional y fondos que se destinan, en el mundo entero, para las actividades propias de la sociedad civil. Este código está enfocado en eso, en crear una imagen de la dictadura, una imagen progresista, una imagen para que el mundo democrático piense que en Cuba se respetan los derechos, pero sabemos que, en materia legal, en materia de derechos, los cubanos vivimos una realidad distinta”, recalcó.
“De nada sirve un código de familia avanzadísimo, con puntos específicos que otorguen derechos y hablen de la igualdad de género o de la igualdad de la orientación sexual si no hay una igualdad de derechos y oportunidades en todos los espacios públicos, políticos o sociales que son los que se mueven y son los que avanzan en la sociedad”.
“Por tanto, no es un código avanzado porque no puede verse, de manera dispersa, en la sociedad, sino que tiene que ser un todo incluido con el andamiaje legal que ahora mismo la dictadura está implementando dentro de Cuba”, concluyó la activista.
La organización DemoAmlat, un programa regional que articula a organismos electorales, partidos políticos y ONGs alrededor de los principios democráticos, en el informe “ABC de la Consulta Popular en Cuba” publicado este martes, destacó sus preocupaciones por estos mecanismos del régimen.
“Lo que hicimos desde el equipo de investigación fue comparar este mecanismo de democracia directa establecido en la Constitución, en la Ley Electoral de Cuba, y compararlo con mecanismos de democracia directa en otros países de la región. Después de hacer ese estudio, llegamos a la conclusión de que, de acuerdo a las condiciones o a las características que se han hecho conocer en los medios oficiales, no hay ningún tipo de garantías de que el proyecto que, finalmente se vaya a refrendar, exprese la voluntad de las y los cubanos”, explicó Jesús Delgado, integrante del grupo de investigación de DemoAmlat.
Tiene que ver con una serie de elementos que se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Instancias de control independientes que puedan garantizar que el proceso se lleve a cabo de la manera prevista.
- Datos sobre quiénes serán los que conformen los “grupos auxiliares de procesamiento de la información a nivel municipio”, ni sobre su idoneidad para conformar dichos grupos.
- Mecanismos para monitorear las propuestas hechas tanto en los puntos de reunión en circunscripciones, como en la web que pondrá a disposición el MINREX y el correo electrónico de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
- Criterios claros para justificar la adopción, modificación o eliminación de las propuestas.
