Cuba
"Poco o nada" dicen nuevas medidas migratorias-consulares para opositores regulados
Con el fin de “beneficiar a los cubanos residentes en Cuba y en el exterior, así como la relación familiar entre estos”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este martes la aprobación de tres nuevas medidas de carácter migratorio-consular que entrarán en vigor el próximo primero de julio y flexibilizarán la política con respecto a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Sin embargo, para quienes permanecen regulados (con prohibición de salida) en la isla, o desterrados en otros países, esta noticia dice poco o nada.
“Regulado no, yo tengo bloqueado el derecho de salida, así es como le digo, porque esa palabrita de regulados es un descaro de los comunistas que nosotros hemos asumido”, aclaró a Martínoticias el opositor y periodista independiente Boris González Arenas, residente en La Habana y colaborador de Diario de Cuba.
Boris González no puede viajar fuera de Cuba desde 2019. Lo supo en el Aeropuerto Internacional José Martí, cuando intentó tomar un vuelo a Panamá para asistir a una reunión entre opositores cubanos y las autoridades prohibieron que abordara. Su caso no era el único.
Si bien desde los primeros años del régimen castrista siempre hubo restricciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos, tras la reforma migratoria de 2013, durante el mandato de Raúl Castro, muchas figuras de la disidencia comenzaron a viajar al exterior con frecuencia, pero esa situación no perduraría.
Una investigación de Diario de Cuba y CONNECTAS, publicada en 2020, documentó 245 casos de artistas, religiosos, comunicadores y activistas cubanos que estuvieron o estaban regulados por motivos políticos entre enero de 2019 y finales de marzo de 2020. Al régimen comenzó a molestarle que las personas que catalogaba como disidentes salieran y volvieran a la isla y no emigraran definitivamente.
Sin dudas, las medidas recientemente anunciadas constituyen uno de los pasos más importantes dados por Cuba en materia migratoria desde 2013. Incluyen la extensión de la validez del pasaporte ordinario de seis a diez años para los mayores de 16 años de edad, la eliminación del requisito de prórroga cada dos años, la disminución del costo de los trámites en los consulados, la equiparación del tiempo de estancia en Cuba de los cubanos emigrados con el de sus familiares extranjeros y el establecimiento del requisito de presentar el pasaporte cubano para quienes emigraron antes del primero de enero de 1971.
Pero para González Arenas esos cambios no tienen ninguna importancia. “No me traen ningún beneficio y realmente no veo ningún cambio en nuestra condición en un futuro inmediato”, dijo.
“Yo creo que impedirnos salir de Cuba, como impedirles a algunos activistas entrar, como dificultar la vida a los activistas dentro de Cuba o fuera de Cuba, como los presos políticos, es parte de una misma política del agravamiento del seno represivo del castrismo frente a la realidad de que ha perdido poder, a no ser el poder de la fuerza. No se lo pueden permitir. Es una cuestión de sobrevivencia de ellos”, comentó.
El activista Adelth Bonne Gamboa, quien se encuentra regulado desde agosto de 2022, afirmó que en el caso de las personas como Boris y él ese tipo de noticias no generan tristeza ni alegría. “Nos da igual”, dijo.
“Es una artimaña más de ellos (el régimen) para intentar atraer más gente y que la gente vuelva. Ese discurso que ellos tienen de que su prioridad es que los cubanos se reconcilien con la patria y esa bobería, a personas como nosotros, que estamos regulados, no nos incluye. Nos da igual que el pasaporte dure un día, dos años, que 20 años, porque no podemos salir de aquí. Ellos nos tienen presos”, afirmó.
Las nuevas disposiciones tampoco significan mucho para quienes no pueden regresar a Cuba por motivos políticos, sea porque fueron explícitamente desterrados o porque tienen temor a sufrir represalias. Una realidad que, al igual que la de Boris y Adelth, existe desde los mismos años sesenta. Desde esa década existen testimonios y reportes de personas que fueron impedidas de volver o incluso forzadas a irse del país.
Entre los casos más emblemáticos de este siglo se encuentra el del Grupo de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003. La mayoría salió de la cárcel entre 2010 y 2011 directo para el exilio en España junto con sus familias, luego de una serie de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y España y la Iglesia Católica.
Muy pocos decidieron desafiar al régimen y continuar en Cuba haciendo activismo y, de estos, dos se encuentran de nuevo privados de libertad desde las protestas populares de julio de 2021: los líderes José Daniel Ferrer y Félix Navarro, de Santiago de Cuba y Matanzas, respectivamente.
Años más tarde, en 2019, la organización española PrisonersDefenders realizó un informe con cuatro relatores especiales de Naciones Unidas que informaron que al menos 39 defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos de Cuba habían sido obligados a expatriarse entre el 18 de marzo de 2015 y el 26 de mayo de 2019.
Sin embargo, muchos de esos casos no tuvieron la repercusión mediática del Grupo de los 75 o de otros que vendrían después, como los de los artistas Hamlet Lavastida, Tania Bruguera y Camila Lobón, el dramaturgo YuniorGarcía, la escritora Katherine Bisquet, la curadora Carolina Barrero, los activistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, entre otros.
La periodista Luz Escobar, colaboradora de Diario de Cuba y quien llegó a España en 2022 con sus dos hijas menores de edad y su esposo, contó a Martínoticias que ella estuvo regulada desde mayo de 2019 hasta que decidió salir de Cuba con su familia definitivamente y se lo comunicó a la Seguridad del Estado durante un interrogatorio con el propósito de que levantaran la prohibición.
“Desde que yo empecé en el periodismo, las primeras amenazas eran esas, de que me iban a regular. Ellos no lo hicieron durante varios años, hasta 2019, y después empezaron a decir que me iban a meter presa. Y bueno, salí de Cuba antes de que eso se volviera una realidad”, explicó.
Antes de tomar el avión, Escobar tuvo que hablar con varios oficiales de la Seguridad del Estado. Dijo que ahí le “leyeron la cartilla” y le advirtieron que la dejarían salir si era con la intención de establecerse en otro país, pero que ella continuaría regulada. “Me dijeron que podía salir pero que no podía estar virando, a no ser que pasara algo muy excepcional, y que no podía estar trayendo dinero o equipos para periodistas”, agregó.
Pero esa no ha sido la historia de la periodista Karla Pérez, la profesora e investigadora Omara Ruiz, la curadora AnamelyRamos o el periodista Carlos Manuel Álvarez, que han sido impedidos de abordar vuelos con destino Cuba desde Panamá y Estados Unidos. Y no son los únicos reportados en los últimos años sino apenas los más mediatizados.
En el caso de Karla Pérez, ocurrido en marzo de 2021, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores que esta semana se pronunció a favor del acercamiento de las familias cubanas con sus nuevas medidas, organizó una conferencia de prensa para justificar la prohibición de entrada de la joven, que entonces tenía 22 años. La funcionaria YaíraJiménez Roig, jefa de Comunicación e Imagen de la institución, dijo entonces que Pérez era “un instrumento” para “acciones desestabilizadoras contra Cuba” y, por tanto, no podía volver a su país natal.
En Cuba, a Karla Pérez la esperaban entonces sus padres, una hermana, más otros familiares y amigos, a quienes no veía desde hacía unos cuatro años, luego de que la expulsaran de la carrera de Periodismo en la Universidad Marta Abreu por sus posturas políticas y marchara a Costa Rica a estudiar. También en Cuba Isabel Urquiola, la madre de Omara Ruiz, espera por su hija, como mismo esperan tantas otras familias de personas exiliadas o desterradas por medidas para “cubanos” que también incluyan a sus seres queridos.
Vea todas las noticias de hoy
Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Miles de litros se desperdician por salideros en La Habana en plena crisis de agua potable
El video de un enorme salidero en plena calle del Cerro, en La Habana, es pura ironía para los cientos de miles de cubanos que no tienen acceso regular al servicio de agua potable.
En las esquinas de las calles Santa Lutgarda y Recreo, en el municipio Cerro de La Habana, el el agua potable brota de una tubería rota. Durante días, miles de litros de agua potable se han desperdiciado, fluyendo por las calles, mientras cientos de miles de cubanos sufren cortes en el suministro de agua en sus hogares.
El artista cubano Yulier Rodríguez, conocido por sus graffitis en áreas públicas de la capital, documentó el desastre en un video grabado el martes. En las imágenes se aprecia un enorme agujero en el pavimento, en el que se puede ver una tubería rota de la que mana agua sin cesar. Rodríguez describió la situación y dijo que el problema lleva varios días sin solución.
“Es una tubería grande, parece que es una tubería suministradora que sale de la propia sede de Aguas de La Habana, que está a unos metros de aquí. El agua lleva días fluyendo, y nadie hace nada”, explicó el artista en una conversación con Martí Noticias.
Este desperdicio de agua ocurre en medio de una crisis por falta del recurso y recientes declaraciones de Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien reveló este martes que más de un millón de personas en Cuba están afectadas por los cortes de agua, con 713,000 de ellas sufriendo interrupciones prolongadas.
El funcionario añadió que alrededor de 300,000 cubanos dependen del suministro de agua a través de camiones cisterna, en ciclos que pueden extenderse hasta más de 15 días.
Benito, un vecino que vive cerca del salidero de Santa Lutgarda y Calle Recreo, describió la situación con desesperación. “Eso es peor que el río Almendares”, comentó, refiriéndose al famoso río habanero.
Ana Julia Cortés, otra residente en el lugar, expresó su indignación por el daño causado no solo a la infraestructura hidráulica, sino también a las calles del barrio. "El agua corre por ambas aceras las 24 horas del día. Ha destrozado completamente la calle".
Cortés subrayó la ironía de que el agua se derrame cuando existe una crisis del servicio. "Nos duele ver tantos miles de litros desperdiciados mientras la mayoría de nosotros no tiene agua en casa”, dijo.
Este no es un incidente aislado. En otra parte del municipio Cerro, en la Calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, los vecinos también sufrieron las consecuencias de un salidero similar que fue, finalmente, reparado, aunque dejó la calle intransitable. “Lo arreglaron, pero la calle sigue desbaratada”, explicó uno de los residentes en el barrio afectado.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Aunque inspectores de la empresa Aguas de La Habana se han acercado al salidero próximo al Acueducto de Albear, en el municipio Cerro, los residentes afirman que no han tomado medidas efectivas.
“Les dijimos a los inspectores, y a todo el que pasa, pero no hacen nada”, comentó Ana Julia con frustración.
La infraestructura hidráulica de Cuba, especialmente en ciudades como La Habana, se encuentra en un estado crítico, afirmaron los entrevistados, quienes también se refirieron a la combinación de apagones constantes, tuberías envejecidas y falta de inversión en reparaciones y mantenimiento, lo que ha generado una situación de emergencia.
“Nos duele ver esto. Pensamos, ¡Dios mío, cuánta agua se está botando aquí!, mientras tantos de nosotros llevamos semanas sin una gota de agua en nuestros hogares”, concluyó Ana Julia.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Foro