Cuba
Por qué la demanda contra Meliá en España por hoteles en Cuba podría tener éxito
Descendientes del empresario cubano Rafael Lucas Sánchez Hill podrían tener éxito en su reclamación de al menos 10 millones de euros a la cadena Meliá Hotels International presentada ante una corte española.
Los demandantes exigen indemnización por la explotación en Cuba de los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares en terrenos confiscados en Holguín a la familia en 1960 por el gobierno de Fidel Castro.
El reclamo legal, que no tiene relación con la Ley Helms-Burton, se realiza bajo el Código Civil español que penaliza el enriquecimiento ilícito y el tráfico -con conocimiento de causa- de propiedades robadas, que es el caso de Meliá, dijo a Radio Televisión Martí Nick Gutiérrez, asesor legal de los Sánchez Hill.
Para Gutiérrez esta demanda “refleja la universalidad de los principios de la Ley Helms-Burton y del Título III, pero sin utilizar esta ley que en España se considera tan polémica. Solo utiliza la propia ley española, lo cual es una importante ventaja”.
Oficializada el pasado 3 de junio ante una corte de Palma de Mallorca, donde Meliá tiene su sede, la demanda apela al reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de ese país “de un fundamento jurídico para la reclamación de una restitución de las propiedades confiscadas o de una justa indemnización, de conformidad con el Derecho comparado y el Derecho Internacional”.
Los demandantes afirman que “el carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra”.
El canciller español Josep Borrell ha dejado en claro que su gobierno apoyará a las compañías españolas radicadas en Cuba contra la ola de reclamaciones que podrían enfrentar tras la puesta en vigor el pasado 2 de mayo del Título III de la Ley Libertad o Helms-Burton.
Al respecto, Gutiérrez explicó que el Gobierno español “no podrá invocar las leyes de bloqueo españolas y europeas que utilizarán contra demandas bajo la Ley Helms-Burton, porque esta es una demanda bajo la ley española. Es un frente nuevo que nunca se ha utilizado, y yo creo que los tiene un poco fuera de balance. Vamos a ver cómo responden, pero creo que (la demanda contra Meliá) tiene buen chance de éxito”.
La Unión Europea activó en 1996 una normativa antiboicot para neutralizar los efectos de Ley Helms-Burton. Este estatuto de bloqueo impide a las empresas europeas someterse a lo que dicta la ley estadounidense y les permite obtener indemnizaciones por perjuicios sufridos a causa de su aplicación.
El documento, consultado por Radio Televisión Martí, aclara que aunque en un convenio con Cuba firmado en 1986 el gobierno español se comprometió a “no reclamar más, e incluso, a no apoyar las posibles reclamaciones que pudieran formular los afectados contra Cuba”, el acuerdo no limita el derecho a exigir una indemnización justa.
Los abogados de los Sánchez Hill en España, la procuradora Cristina Sampol Schenk y el abogado Rafael Gimeno-Bayón Cobos, señalan en el texto de la demanda que según el Tribunal Supremo “los derechos de los afectados por la expropiación, que pasan a tener la condición de beneficiarios de ese Convenio de 1986 no quedan dañados por el mismo, puesto que su celebración no extingue el ejercicio de ese hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización”.
En 1959, cuando los rebeldes comandados por Castro tomaron el poder, los demandantes contra Meliá, Santa Lucía Company, S.A. y Sociedad Civil Hermanos Sánchez, eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una vasta extensión de 120.000 acres (48,562 hectáreas) con una ubicación privilegiada.
Los terrenos ubicados en la costa y parte del interior de la provincia de Holguín abarcan “57 kilómetros de playa que van desde Gibara hasta Yuraguanal, e incluyen Bahía de Naranjo, Estero Ciego, Playa Guardalavaca, una zona muy bonita donde el gobierno de Cuba ha levantado hoteles”, comentó Gutiérrez.
El Central Santa Lucía, actualmente nombrado Rafael Freire, con los terrenos mencionados, fue confiscado bajo la Ley 890 promulgada por el gobierno revolucionario en 1960. El texto de la demanda señala que dentro de los terrenos expropiados se ubica “Playa Esmeralda”, donde fueron edificados los hoteles explotados por Meliá.
En los terrenos se levantan, además, hoteles de las compañías Iberostar y Blau, también de España, del grupo mexicano Posada y de la firma canadiense Blue Diamond, todos en empresas mixtas con la estatal Gaviota, administrada por el grupo empresarial GAESA, bajo el control de los militares cubanos.
Miembros de la familia Sánchez Hill contactados por Radio Televisión Martí declinaron comentar sobre el proceso legal contra Meliá.
Demandas por confiscación, un largo camino
Nick Gutiérrez lleva 25 años asesorando a la familia Sánchez Hill desde que sus miembros decidieron organizarse y abogar por sus derechos como legítimos propietarios del Central Santa Lucía y otros bienes confiscados en Cuba.
“Fuimos muy activos en pasar la Ley Helms-Burton y después en abogar para que se implementara”, dijo el abogado.
“Bajo la amenaza del Título IV logramos que Meliá se sentara con nosotros en cuatro ocasiones custodiados por altos funcionarios del Departamento de Estado, y negociamos, y ellos ofrecieron compensación (…). Después se echaron para atrás porque se dieron cuenta de que el gobierno americano no estaba serio en ejecutar el Título IV, y el Título III ni se soñaba en esa época”, recordó Gutiérrez.
Durante las negociaciones, que terminaron en 2002, Meliá ofreció pagar a los Sánchez Hill una compensación inicial de $5 millones de dólares, cifra que rebajó a unos $3 mil.
Años después, la familia logró ponerse en contacto con un grupo legal en Madrid al que pertenece uno de los abogados que hoy los representa en la demanda contra Meliá, Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
“En unos días Meliá tendrá que responder, o por lo menos tendrá que pedir tiempo adicional. Tienen 20 días desde el 3 de junio, que fue cuando se presentó la demanda y se les notificó a ellos formalmente”, dijo Gutiérrez.
Radio Televisión Martí intentó obtener un comentario de Meliá sobre la demanda, pero un correo electrónico enviado a su oficina de Comunicación Corporativa aún no ha sido contestado.
El Título III, una esperanza
Gutiérrez también es el secretario de la compañía familiar Central Santa Lucía L.C., la “sociedad limitada que se formó para este propósito hace 23 años, que es la entidad que demanda en España”.
La sociedad está compuesta por unos 100 miembros de la familia Sánchez Hill y posee los derechos para demandar a quienes trafiquen en sus propiedades confiscadas en Cuba.
La mayoría de los miembros de Central Santa Lucía L.C. residen en EEUU, parte en España y algunos en Cuba, pero “la sociedad actúa a nombre de la familia completa, estén donde estén”, aclaró el asesor legal.
La nacionalidad de la compañía es estadounidense, por lo que puede realizar una demanda en tribunales de EEUU bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, pero este proceso no se realizará de inmediato, dijo Gutiérrez.
El letrado señaló que bajo el Título III, los cubanoamericanos para poder exigir compensación triple por los daños “tenemos que notificar al traficante [sic] con una carta formal, con un texto oficial redactado por el Departamento de Justicia para ponerlos sobre aviso que los vamos a demandar en 30 días si no se ponen de acuerdo con nosotros”.
Los Sánchez Hill también estudian la posibilidad de demandar en Estados Unidos, bajo el Título III, a otras compañías, además de Meliá, que operan hoteles en los terrenos de la familia en Cuba.
“Estamos coordinando altamente los esfuerzos entre los abogados españoles, por un lado, contra Meliá, y los abogados americanos por otro lado aquí contra Iberostar, Blau y el grupo Posada”, dijo Gutiérrez.
Las coordinaciones “consisten en conferencias entre profesionales legales involucrados en litigios internacionales. No queremos hacer nada acá que entorpezca los esfuerzos en España, y viceversa”, explicó.
Gaviota y funcionarios cubanos en la mira
La familia Sánchez Hill también demandará a la entidad estatal cubana Gaviota, e incluso nombrará en su momento “a personas privadas dentro del gobierno castrista que pueden estar lucrando con estas propiedades confiscadas”, afirmó Gutiérrez.
Esta demanda, explicó el abogado, puede ser colectiva.
“Es posible que se coordinen estos esfuerzos. Por ejemplo, Meliá tiene tantos hoteles en Cuba, casi todos en propiedades robadas, que es posible certificar un class action (una demanda colectiva) contra Meliá, y estos juicios se pueden cobrar contra propiedades (…) aquí en la Florida, en Nueva York e incluso en otros países que no tienen leyes de bloqueo (contra la Helms-Burton)”, agregó.
Gutiérrez advirtió que este es un esfuerzo complejo y de largo plazo que apenas comienza, pero que podría tener un gran efecto. No en todos los casos “tenemos que llegar al final de una larga demanda con una adjudicación judicial, puede ser un acuerdo extrajudicial, y tenemos confianza en que eso podrá ocurrir”, señaló.
“El principal objetivo de todo esto, además de lograr justicia para las familias dueñas de estas propiedades, es también desalentar la inversión extranjera en Cuba y negarle al régimen los recursos de moneda dura que está adquiriendo con estas inversiones”, concluyó Gutiérrez.
Vea todas las noticias de hoy
Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Miles de litros se desperdician por salideros en La Habana en plena crisis de agua potable
El video de un enorme salidero en plena calle del Cerro, en La Habana, es pura ironía para los cientos de miles de cubanos que no tienen acceso regular al servicio de agua potable.
En las esquinas de las calles Santa Lutgarda y Recreo, en el municipio Cerro de La Habana, el el agua potable brota de una tubería rota. Durante días, miles de litros de agua potable se han desperdiciado, fluyendo por las calles, mientras cientos de miles de cubanos sufren cortes en el suministro de agua en sus hogares.
El artista cubano Yulier Rodríguez, conocido por sus graffitis en áreas públicas de la capital, documentó el desastre en un video grabado el martes. En las imágenes se aprecia un enorme agujero en el pavimento, en el que se puede ver una tubería rota de la que mana agua sin cesar. Rodríguez describió la situación y dijo que el problema lleva varios días sin solución.
“Es una tubería grande, parece que es una tubería suministradora que sale de la propia sede de Aguas de La Habana, que está a unos metros de aquí. El agua lleva días fluyendo, y nadie hace nada”, explicó el artista en una conversación con Martí Noticias.
Este desperdicio de agua ocurre en medio de una crisis por falta del recurso y recientes declaraciones de Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien reveló este martes que más de un millón de personas en Cuba están afectadas por los cortes de agua, con 713,000 de ellas sufriendo interrupciones prolongadas.
El funcionario añadió que alrededor de 300,000 cubanos dependen del suministro de agua a través de camiones cisterna, en ciclos que pueden extenderse hasta más de 15 días.
Benito, un vecino que vive cerca del salidero de Santa Lutgarda y Calle Recreo, describió la situación con desesperación. “Eso es peor que el río Almendares”, comentó, refiriéndose al famoso río habanero.
Ana Julia Cortés, otra residente en el lugar, expresó su indignación por el daño causado no solo a la infraestructura hidráulica, sino también a las calles del barrio. "El agua corre por ambas aceras las 24 horas del día. Ha destrozado completamente la calle".
Cortés subrayó la ironía de que el agua se derrame cuando existe una crisis del servicio. "Nos duele ver tantos miles de litros desperdiciados mientras la mayoría de nosotros no tiene agua en casa”, dijo.
Este no es un incidente aislado. En otra parte del municipio Cerro, en la Calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, los vecinos también sufrieron las consecuencias de un salidero similar que fue, finalmente, reparado, aunque dejó la calle intransitable. “Lo arreglaron, pero la calle sigue desbaratada”, explicó uno de los residentes en el barrio afectado.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Aunque inspectores de la empresa Aguas de La Habana se han acercado al salidero próximo al Acueducto de Albear, en el municipio Cerro, los residentes afirman que no han tomado medidas efectivas.
“Les dijimos a los inspectores, y a todo el que pasa, pero no hacen nada”, comentó Ana Julia con frustración.
La infraestructura hidráulica de Cuba, especialmente en ciudades como La Habana, se encuentra en un estado crítico, afirmaron los entrevistados, quienes también se refirieron a la combinación de apagones constantes, tuberías envejecidas y falta de inversión en reparaciones y mantenimiento, lo que ha generado una situación de emergencia.
“Nos duele ver esto. Pensamos, ¡Dios mío, cuánta agua se está botando aquí!, mientras tantos de nosotros llevamos semanas sin una gota de agua en nuestros hogares”, concluyó Ana Julia.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Foro