El presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, aseguró el martes que en la capital se deben tomar medidas de guerra, justo cuando el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel menciona un plan de medidas más rigurosas para la ciudad.
"Hay que arreciar el control en los municipios, estamos en guerra contra el coronavirus y por tanto se deben tomar decisiones de guerra, hay que ponerse duro", indicó el funcionario.
Las máximas autoridades de La Habana reconocieron descontrol en los registros estadísticos de viviendas y contactos en aislamiento, así como el incumplimiento del confinamiento.
También admitieron que "no se han logrado las capacidades necesarias para el aislamiento de los contactos y no siempre se garantiza el efectivo aislamiento comunitario".
Díaz-Canel, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, participaron en una reunión donde se ordenó al Ministerio del Interior garantizar cierre de fronteras entre territorios en cuarentena; patrullar avenidas principales e intensificar el patrullaje hacia el interior de los barrios; multar a los padres que permitan la presencia de niños en las calles, a quienes no usen mascarilla o violen en distanciamiento social.
Otras medidas restringen en zonas en cuarentena el movimiento mínimo indispensable a solo personal autorizado y ordenan marcar las viviendas e instituciones en los que se encuentren personas aisladas, instruyen a los vecinos a reportar "indisciplinas que se generan en las cuadras y barrios".
También prohíben la entrada de trabajadores con síntomas respiratorios a los centros laborales.
En el mes de marzo varios activistas cubanos denunciaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bajo la excusa de las medidas para prevenir la pandemia de COVID-19, el régimen ha recurrido a detenciones arbitrarias y aislamiento para impedir la labor de quienes defienden los derechos humanos en la isla.
Amnistía Internacional también denunció la represión desatada en Cuba en el marco de la pandemia donde la censura de periodistas independientes pareciera agravarse.
Un informe de Human Rights Watch publicado en febrero denunció que Cuba es uno de los países que han desencadenado una ola de violaciones a la libertad de expresión durante la pandemia de coronavirus, con arrestos arbitrarios, detenciones y hostigamiento a periodistas, blogueros, influencers, académicos, artistas, estudiantes, activistas de derechos humanos y figuras de la oposición.
El reporte señala que el gobierno cubano cometió “miles de abusos” puesto que la fuerzas de seguridad o funcionarios estatales agredieron físicamente a periodistas o blogueros que informaban sobre las políticas de Covid-19, así como a manifestantes, activistas de la oposición y abogados; utilizaron las leyes y medidas relacionadas con el COVID-19 para arrestar, detener, procesar y multar, o encarcelar arbitrariamente, a los opositores y críticos del sistema; han utilizado múltiples herramientas para censurar la cobertura de la pandemia en los medios y las redes sociales, que incluyen la adopción de leyes y otras medidas que penalicen la difusión de información errónea sobre salud pública u otros temas que el gobierno considere prohibidos; también han utilizado medidas nuevas y pre pandémicas para amenazar a los críticos con enjuiciamiento y bloquear informes de medios relacionados con COVID-19. Las autoridades también han investigado, amenazado y despedido al personal sanitario por hablar públicamente sobre la respuesta de las autoridades a la pandemia y han utilizado medidas de distanciamiento social para poner fin a otras protestas críticas con las políticas gubernamentales no relacionadas con el coronavirus.
