Como parte de su nueva política de ajustes al trabajo por cuenta propia, el régimen castrista aumentó los impuestos a los arrendadores privados de habitaciones y viviendas a extranjeros.
La Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) determinó subir los impuestos a las viviendas a 60 CUC por habitación y a 70 CUC por habitación en los casos de las viviendas completas.
La cuentapropista Rebeca Monzó en declaraciones a Radio Martí describió el malestar que ha generado esta medida.
El aumento de impuestos afecta, principalmente, a negocios en los municipios con mayor afluencia de turistas como Plaza de la Revolución, Centro Habana y La Habana Vieja, donde se concentran las instalaciones hoteleras gestionadas por los militares y el gobierno.
La situación ha llegado a tal punto que no pocos arrendadores privados ya han anunciado que acudirán a las oficinas de la ONAT para discutir la legalidad de las nuevas normativas, las cuales, según dicen, constituyen una violación de sus derechos.
Otros, en cambio, ya han comenzado a entregar sus licencias.
El gobierno ha dicho que buena parte del aumento del turismo registrado en 2018 se concentró en el sector de los cruceros, donde la llegada de visitantes, procedentes sobre todo de Estados Unidos, subió un 49%. Se trata de viajeros que no pernoctan ni en los hoteles ni en las habitaciones del sector privado.
Las nuevas normativas han creado descontento entre los arrendatarios de viviendas y se suma al de los boteros a quienes se le han impuesto otras regulaciones que causaron, que, entre diciembre del año pasado y el presente mes, abandonaran sus actividades en la capital e hicieron que el gobierno cubano tuviera que retractarse al menos momentáneamente de ejecutar las medidas propuestas.
