Cuba
Suicidios en cárceles de Cuba, presos políticos en riesgo y silencio estatal
Expertos alertan sobre una mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales entre la población penal. Las condiciones de encarcelamiento pueden ser un detonante de la conducta suicida, advierten.
La sociedad civil independiente ha alertado sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos y la desatención gubernamental a este problema.
A finales de agosto, Yosandri Mulet Almarales, preso de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, murió presuntamente por las heridas ocasionadas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de ese mes. Mulet Almarales había sido sentenciado a 10 años por manifestarse en el barrio La Güinera (La Habana). En junio de 2022 intentó quitarse la vida en el Combinado del Este y estuvo en estado crítico.
“En el caso de las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas prexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”, advirtieron en un comunicado el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).
Justicia 11J y el CDPC han registrado, desde el 1 de enero de 2024, tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucran a 10 personas reclusas por motivos políticos (siete hombres y tres mujeres).
Se trata de las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado, Yanet Pérez Quevedo y Lizandra Góngora; y los prisioneros Abel Lázaro Machado Conde, Ismael Rodríguez González, Yasmany González Valdés, Fray Pascual Claro Valladares, Daiver Leyva Vélez y Omar Ortega, también condenados por manifestarse o ejercer el activismo y la libertad de expresión. Sus casos han sido visibilizados por sus familiares con denuncias en redes sociales y ante organizaciones defensoras de derechos humanos.
Según Naciones Unidas, que estableció las Reglas Nelson Mandela para recomendar a los Estados miembros cómo tratar a los reclusos, las autoridades deben facilitar con frecuencia la asistencia médica necesaria para “detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda”, para prevenir el suicidio.
El régimen de La Habana ha ratificado su “compromiso” con las Reglas Mandela. En 2020, la representante permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Viena, la embajadora Loipa Sánchez Lorenzo, aseguró que su gobierno sigue “determinados principios en cumplimiento estricto de la legalidad” para el tratamiento a las personas privadas de libertad.
No obstante, el equipo legal de la ONG Cubalex advierte que “la negación de la atención médica a los reclusos en Cuba constituye una violación de las Reglas Mandela”.
Según Cubalex, en las prisiones “el personal médico debería realizar exámenes periódicos para detectar estrés, lesiones y otros problemas en los reclusos, comunicándolos a las autoridades para buscar soluciones. Sin embargo, en el contexto cubano, estos profesionales actúan bajo la influencia del poder estatal, impidiendo el cumplimiento de sus funciones y la protección de los derechos de los reclusos. Esta complicidad del personal médico con las violaciones de derechos humanos contribuye a un sistema penitenciario corrupto y deshumanizante”.
La prisión puede ser el “detonante”
“La prevalencia de enfermedades mentales en la población penitenciaria es alta, incluyendo abuso de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad sociopáticos, bipolaridad, estrés post traumático y adicciones en general. Esto hace que el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y/o disfunciones mentales en esta población sea una prioridad”, dijo a Martí Noticias la psicóloga cubana residente en EEUU María de los Ángeles García.
Según la especialista, hay una “mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales en esta población”, por lo que se deben garantizar “tratamientos multifactoriales, con enfoque en proyectos educativos, psicológicos y socioculturales”.
José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó para un artículo del diario El Mundo sobre suicidios de reclusos que “la prisión puede ser el detonante: los factores de riesgo que trae una persona se añaden a estar encerrado, al delito, al sentimiento de culpa, al desarraigo”.
El suicidio, entendido como el comportamiento de planificación, conductas autolesivas, ideación, intentos y suicidio consumado, sigue siendo a día de hoy un importante problema de salud pública y la primera causa de muerte no natural en todo el mundo. Entre la población reclusa, la prevalencia de la conducta suicida se incrementa si la comparamos con la población general debido a la influencia de numerosos factores y al impacto psicológico que conlleva la estancia en prisión, según se explica en esta investigación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.
A la experiencia punitiva de la prisión se le suman las complejas circunstancias personales de cada preso, según estudios, y los especialistas hacen hincapié en la raíz multicausal del suicidio, así como la necesidad de prestar atención a cada uno de los casos de manera individualizada.
“Por ello, la primera evaluación psicológica que pasa un reo es al entrar en prisión. En la misma línea, se le presta atención cuando sus circunstancias penitenciarias cambian. Por ejemplo, cuando se le imputa una nueva causa, su condena aumenta o se le sanciona en aislamiento. Pero también cuando está a punto de quedar en libertad”, se advierte en este reporte del medio Público.
Los investigadores Pablo Cifuentes, de la Universidad de Chile, y Gergő Baranyi, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), advierten en otra investigación que las personas ingresan con problemas de salud mental preexistente a las prisiones. “Ingresan con psicosis, con comorbilidades de adicciones y cursan con depresiones. Además, muchos de ellos tienen trastornos de personalidad y todo eso eleva el riesgo de suicidio en estas personas”, argumentan. Eso se suma a los factores que impone el mismo sistema penal: la separación de las familias, las adversidades, el trato cruel entre pares, etcétera.
Justicia 11J y el CDPC advierten en su pronunciamiento que, en el caso de los presos políticos cubanos, a las consecuencias psicológicas que puede tener el encierro se añaden las difíciles condiciones de habitabilidad de las cárceles y “la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”.
“Para nosotros es muy preocupante que continúen presas cientos de personas por motivos políticos, en penales que no tienen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. La desatención de problemas de salud prexistentes o adquiridos en la cárcel, los abusos físicos y la arbitrariedad de los procesos penales a que están sometidos los activistas y manifestantes en Cuba, configuran un escenario muy opresivo que puede ser el detonante para el suicidio”, respondió el grupo Justicia 11J, consultado por Martí Noticias.
Es el caso de Fray Pascual Claro Valladares, sentenciado a 10 años por las protestas en la ciudad camagüeyana de Nuevitas de agosto de 2022, quien intentó suicidarse tras conocer su condena. El incidente provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares para su protección.
Según la CIDH, el intento de quitarse la vida acometido por Claro Valladares “fue manejado con negligencia [por las autoridades], sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento”.
Por su parte, Justicia 11J y el CDPC han exigido “la liberación inmediata para cientos de condenados por diversos escenarios de protesta en Cuba y otras causas políticas. Están en riesgo cada día que permanecen en las difíciles condiciones de los penales cubanos, castigados de múltiples maneras por sus ideas y oposición al régimen”, afirman las organizaciones en el citado comunicado.
Los suicidios en Cuba: una de las tasas más altas de América
El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en 2023 en un informe de balance sobre la situación del Sistema de Salud que las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” —como se registra oficialmente las estadísticas del suicidio— están entre las primeras 10 causas de defunción en la isla.
Desde los años 80, Cuba presenta uno de los índices más altos de muertes autoinfligidas en el área de América Latina y el Caribe.
Aunque existen pocos datos y no pueden ser verificados por entidades independientes, según los más recientes de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI), desde 2019 se registró un aumento de las muertes por suicidio en la isla. Ese año se registraron 1.467 casos y para el 2020 ocurrieron 1.556 muertes por suicidio.
En 2021 las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” provocaron el deceso de 1.789 cubanos, para una tasa de 16,0 por cada 100.000 habitantes.
Tras el aumento de las tasas de suicidio en el país, el Ministerio de Salud Pública cubano implementó en 1989 el Programa Nacional de Prevención y Atención a la Conducta Suicida. Según la doctora Beatriz Corona Miranda, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, este Programa “se somete constantemente a nuevas versiones y revisiones con el propósito de disminuir lo más posible la morbilidad por intento y la mortalidad por suicidio”.
No obstante, las cifras no han disminuido en la isla, sumida en una crisis generalizada. Los presos políticos se encuentran entre las personas vulnerables ante las constantes violaciones de derechos humanos.
Puede conocer más del tema en este Explicador de Martí Verifica.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Piden investigar parole humanitario de militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate
Exiliados cubanos pidieron a Blinken y Mayorkas una investigación urgente sobre cómo el piloto de guerra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez terminó recibiendo el beneficio migratorio de parole humanitario.
José J. Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Sylvia G. Iriondo, representante de M.A.R. por Cuba (Madres contra la Represión), y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, han enviado cartas al secretario de Estado Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parole humanitario concedida al Teniente Coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
“Si bien González-Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron, persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente”, asegura la carta.
En una breve comunicación con Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez dijo que negaba “la mayoría” de “las cosas que se han dicho” sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a “algunas situaciones que pueden verse afectadas”.
La esposa de González-Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a EEUU.
En la misiva los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional, cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, y el residente legal en EE. UU., Pablo Morales.
“Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que, cuando fue entrevistado en Cuba, González-Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o haya proporcionado información falsa. Su implicación en un acto tan atroz plantea serias dudas sobre la legitimidad del Parole Humanitario que se le concedió”, añadieron.
La presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos, reportada primero por Periódico Cubano y corroborada con pruebas por Martí Noticias, desató una fuerte polémica debido a las acciones del piloto de combate, quien participó en la operación contra Hermanos al Rescate, de acuerdo con Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia.
"Confiamos en que tomarán las medidas necesarias para que aquellos involucrados en eventos tan trágicos no eludan la justicia mediante la obtención de visas humanitarias bajo falsos pretextos", concluye la carta.
Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González-Pardo.
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