Los suizos respondieron masivamente "sí" este domingo en referéndum a una ley que autoriza a los servicios secretos a escuchar las comunicaciones telefónicas y vigilar las actividades en internet, principalmente para desbaratar amenazas terroristas.
Según los resultados definitivos, dos tercios (65,5%) de los electores aceptaron esta nueva ley, superando los resultados que vaticinaban los sondeos durante la campaña (53-58%), con una tasa de participación de alrededor del 43% (habitual en Suiza) de los habilitados para votar.
Por otra parte, los suizos votaron claramente "No" a otras dos consultas.
El 59,4% dijo rechazó un aumento de las pensiones, una medida que el gobierno advirtió que supondría una carga financiera muy alta para las arcas públicas.
Por otro lado, un 63,6% de los votantes también rechazó una iniciativa popular defendida por los Verdes, que solicitaban una reducción del consumo de recursos naturales. Sólo los residentes del cantón de Ginebra la apoyaron.
El "sí" a la nueva ley que otorga esos poderes a los servicios de inteligencia satisface los deseos del gobierno, que consideraba que ya no era posible responder a las nuevas amenazas, en particular, "terroristas", porque los servicios secretos sólo tenían derecho a recabar información de dominio público, o si las conseguían a través de otras autoridades.
En la televisión pública suiza RTS, el vicepresidente del Partido Demócrata-Cristiano (PDC), Yannick Buttet, destacó que Suiza no "es un objetivo, pero puede ser una base logística o financiera de retaguardia para los terroristas".
La ley había sido aprobada por el Parlamento en 2015, pero una coalición integrada por el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Pirata había conseguido las firmas para organizar un referéndum con el fin de derogar esta ley peligrosa para las libertades públicas.
Durante la campaña, los opositores a la ley recordaron el "escándalo de las fichas" de 1989, cuando los suizos descubrieron con estupor que 900.000 de ellos estaban fichados por la policía según sus opiniones políticas, sindicales y otros datos.
El domingo, la diputada de los Verdes Lisa Mazzone denunció en la RTS el "mensaje simplista" enviado por sus adversarios, en un momento en el que la amenaza terrorista en Europa es muy fuerte.
Las autoridades suizas consiguieron convencer a los electores de que la nueva ley sólo afectaría a una decena de casos por año "en vista de la situación actual en materia de amenaza".
Además, también subrayaron que las medidas sólo podrían ponerse en marcha con el consentimiento de un tribunal administrativo federal o del ministro de Defensa helvético.
De ahora en más, los servicios secretos suizos podrán, bajo ciertas condiciones, vigilar en forma preventiva los envíos postales y las comunicaciones telefónicas de los particulares.
También podrán vigilar las actividades en Internet, infiltrar redes informáticas y proceder al registro de locales, vehículos y maletas.
"Al autorizar medidas de vigilancia desproporcionadas, (la ley) representa una amenaza importante para la esfera privada y la libertad de expresión", reaccionó el domingo la organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.
Por su parte, los opositores a la ley exigieron a las autoridades que mantuvieran sus promesas, a lo que la diputada del Partido Liberal Radical (PLR), Isabelle Moret, respondió el domingo en la RTS que la comisión parlamentaria encargada de controlar el trabajo de los servicios secretos "sabrá" cuántas personas estarán siendo vigiladas.
