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YoSíTeCreo Cuba exige liberación de Rodríguez Alfonso, manifestante del 11J


La presa política Daisy Rodríguez Alfonso.
La presa política Daisy Rodríguez Alfonso.

La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba exigió el viernes en su perfil de Facebook la liberación de la ciudadana cubana Daisy Rodríguez Alfonso, encarcelada por participar en las protestas del 11 de julio del 2021.

El grupo feminista alertó que la presa política, una de las manifestantes de la esquina de Toyo, en La Habana, presenta un delicado cuadro de salud por padecimientos crónicos que cada vez se van agravando más debido a las malas condiciones del recinto penitenciario de mujeres en el que se encuentra recluida.

"Seguimos visibilizando a afectadas por la violencia política con sesgo de género", anunció la organización feminista.


Rodríguez Alfonso, de 38 años, fue condenada a 16 años de prisión en un juicio en donde también fueron sentenciados otros 128 manifestantes, que salieron entre el 11 y 12 de julio en los 10 de Octubre y Arroyo Naranjo, dos de los municipios capitalinos donde se produjeron enfrentamientos entre cientos de manifestantes y las fuerzas represivas del régimen.

De los 129 enjuiciados, solo uno no fue condenado, Nayn Luis Marco Molinet. El resto recibió sentencias desde 30 hasta 6 años de privación de libertad por los delitos de "hurto" y "sedición".

Cuando se dieron a conocer las peticiones fiscales de estos manifestantes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) con sede en Madrid, España, calificó de "intolerable" y "vergonzoso" la medida del régimen cubano.

Alejandro Gonzáles Raga, presidente de la OCDH y exprisionero político de la Primavera Negra en 2003, señaló a Radio Televisión Martí en aquel entonces que el uso de los artículos más severos del Código Penal "forma parte de la criminalización de las protestas por parte de un régimen desbordado y sin soluciones”.

También sobre las condenas a los manifestantes de Toyo, el grupo defensor de derechos humanos Justicia 11J consideró que la acusación de "sedición" fue usada "como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política".

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