La académica cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que hubo
"falta total de evidencias para considerar consumado un delito de desobediencia" en el juicio en su contra, que tuvo lugar este martes en el Tribunal Municipal de Matanzas, a pesar de los pronunciamientos de numerosas organizaciones que condenaron el proceso judicial contra la profesora.
"La sanción que ponen es una cosa mínima, una multa, pero por un problema de coherencia, de principio, de dignidad, yo no puedo admitir un delito que no fue probado allí, que al contrario fue probado que yo no lo cometí y yo no puedo aceptar eso", afirmó López Hernández este jueves a Martí Noticias.
En un comentario publicado hoy, la profesora descartó las alegaciones de la fiscal Guadalupe Borrego, lo mismo que la sentencia que la encontró culpable de ese delito, al no acudir a una citación policial en el mes de junio, y la sancionó con pagar 250 cuotas de 30.00 CUP cada una hasta conseguir que el proceso no aparezca entre sus antecedentes penales, que le retiraren las medidas de reclusión domiciliaria y las prohibiciones de salida del país, incluida la expedición de un pasaporte.
"Reconozco que el acto de citación del que fui objeto cuenta con una formal fuerza jurídica preconstituida, pero, por su contenido carece de fundamento, porque yo no había cometido ningún delito presumible ni reconocible que respaldara la citación; incluso, la oficial que me citó ignora el motivo de la diligencia a pesar de que era ella quien debía «entrevistarme». Lo anterior convierte esa citación en una actuación inoficiosa ante la ley y me exonera de la responsabilidad por no haber concurrido", afirma la historiadora.
La cofundadora del medio digital Cuba X Cuba publicó en sus redes sociales un extenso análisis del juicio con el objetivo de mostrar "cómo funcionan los mecanismos legales y de coacción" en la isla y "contribuir a la educación cívica, al demostrar la exclusión permanente de la ciudadanía y la imposibilidad real del ejercicio de derechos constitucionalmente establecidos".
La autora dijo que quiere evidenciar que la declaración de Cuba como "Estado socialista de derecho y justicia social" es en verdad una falacia.
En su texto explica que aún después del juicio se desconoce la causa por la que fue citada por la policía el 13 de junio: "He sido condenada por un delito y aún ignoro lo que deseaban conversar conmigo la oficial jefa de sector y «los compañeros». Peor aún, ellos tampoco parecen saberlo. Es la duda infinita".
Además apunta que "a pesar de que el nuevo Código Penal eliminó la peligrosidad potencial como causal de delito, la fiscal defendió sin pudor que el Acuerdo 9151 la instaure".
"En su concepción, la sociedad es presentada como un organismo enfermo y el Estado —en la figura de sus autoridades—, como el gran higienista. Me parecía haber retrocedido en una máquina del tiempo a siglos y polémicas ya superados. ¿Qué sería de un Estado donde los ciudadanos no obedezcan a las autoridades? Preguntó retóricamente la fiscal para responder de inmediato: ¡un Estado fallido!", relata la académica.
López Hernández explica que la funcionaria del órgano acusador defendió que por "por el respeto a la ley y a las autoridades", Cuba es un «Estado socialista de derecho y justicia social».
"Aquella joven y bonita muchacha era la boca de Sauron. Sus razones eran las razones del poder desnudas del tradicional discurso demagógico. Pero se agradece la honestidad sin subterfugios, así nos entendemos mejor. Al escucharla, constaté que en la medida en que la crisis general se agudiza y aumenta la toma de conciencia ciudadana en Cuba, el poder tiende a mostrarse menos hipócrita y manipulador. Espero que nosotros nos mostremos menos crédulos", valora la intelectual.
En su comentario explica que aunque recibió la sanción más leve de las posibles y no la de privación de libertad de hasta un año, "es importante que no se pierda de vista que fui hallada culpable de un delito consumado de desobediencia que jamás fue probado".
"La jueza tardó apenas media hora en volver con la sentencia. Podía haber regresado en cinco minutos, pues contrariamente a lo que se espera de un juez —que explique con argumentos convincentes porqué decide—, apenas se limitó a decir que concordaba con la petición de la fiscal", asegura.
"No debí ser quien se sentara en el banquillo de los acusados. No debí soportar una injusticia como esta. No debí ser hallada culpable. Quizá algunas personas piensen que debo aceptar el fallo. No estoy de acuerdo. Mucho menos después de escuchar las razones del poder por boca de la fiscal. No somos súbditos de una monarquía, somos ciudadanos de una república. Debemos restablecer el ejercicio de nuestros derechos secuestrados por un poder que los exhibe como trofeos en una vitrina mientras exige sumisión incondicional y castiga a los desobedientes. Es cuestión de dignidad humana, que, le recordé a la fiscal, también establece la Constitución en su artículo 40", concluye la doctora.