El medio digital privado Periodismo de Barrio respondió en un editorial a la reciente detención de sus miembros mientras intentaban reportar los estragos causados por el huracán Matthew en el extremo oriental de Cuba, en el que desmantela el monopolio sobre la información en la isla.
A la vez, desarma las razones esgrimidas por la Seguridad del Estado, -que abrazaron en los últimos días medios oficiales-, en el afán de satanizar a la prensa independiente cubana.
El texto publicado en el sitio digital del medio y titulado “¿Quiénes tienen derecho a contar un país?”, describe en detalles las detenciones e interrogatorios a los que fueron sometidos ocho miembros del equipo de Periodismo de Barrio en municipios guantanameros donde trabajaban.
La pasada semana Martí Noticias publicó una nota sobre el tema, pero pese a varios intentos no pudimos obtener declaraciones de la directora de Periodismo de Barrio, Elaine Díaz.
En este operativo fue también detenido el periodista Maykel González Vivero. "Me decomisaron la computadora y la cámara fotográfica. Voy a presentar una reclamación en la Fiscalía en Guantánamo", dijo el periodista que recientemente perdió su empleo en una emisora local por escribir para medios independientes.
El texto de Periodismo de Barrio expresa que los reporteros fueron interrogados por oficiales de la Seguridad del Estado, requisados los medios tecnológicos, conminados a entregar las contraseñas y las cámaras, grabadoras digitales, computadoras portátiles, memorias flash, lectores de libros electrónicos y teléfonos celulares. “Estos fueron chequeados durante al menos cuatro horas”.
Incluso el texto expresa que las tres mujeres del grupo, entre ellas la directora Díaz, “fueron revisadas físicamente por una oficial para buscar otros medios tecnológicos que hubieran podido ocultar en sus cuerpos”.
Este tratamiento que se da a casos predelictivos, no fue aplicado a los cinco hombres del grupo.
El editorial señala, no obstante, que “los medios tecnológicos fueron devueltos y ningún archivo vinculado al trabajo fue borrado”.
No se levantó ningún cargo ni se acusó de ningún delito a los miembros de Periodismo de Barrio, expresó el texto.
Detenidos por hacer periodismo
En una campaña abierta en las redes sociales, periodistas oficialistas arremetieron contra los reporteros Periodismo de Barrio, criticando por ejemplo las formas de financiamiento y su accionar en las zonas afectadas por Matthew.
“No fuimos detenidos por sonreír. No fuimos detenidos por tomarnos una foto en la cafetería estatal ubicada en el mirador La Gobernadora y publicarla en nuestra cuenta personal de Facebook. No fuimos detenidos por usar el servicio online PayPal en nuestra campaña pública de recaudación de fondos que nos permitiría realizar la cobertura del proceso de recuperación de las comunidades afectadas por el huracán Matthew”, expresó el texto.
“Fuimos detenidos por hacer periodismo en Baracoa, Maisí, en Imías: tres de los principales municipios afectados por el ciclón”, agregó.
¿Estado de emergencia?
Los interrogadores alegaron que “no se podían realizar actividades periodísticas porque todas las poblaciones estaban bajo estado de emergencia”.
El texto recordó que el estado de emergencia está previsto en el artículo 47 de la Constitución “en caso o ante la inminencia de desastres naturales o catástrofes u otras circunstancias que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado”.
Pero para hacerlo efectivo es preciso la emisión de una resolución firmada por el presidente del Consejo de Estado, según dicta la Ley 75 de la Defensa Nacional.
“Hasta la fecha, no existe ninguna comunicación oficial pública por parte del Presidente del Consejo de Estado anunciando el estado de emergencia".
“Periodismo de Barrio no violó ninguna ley” (...) Salimos de Guantánamo como mismo entramos: siendo inocentes. Pero la inocencia no fue razón suficiente para evitar este arresto arbitrario”, expresó el grupo.
En el interrogatorio respondieron preguntas acerca de las vías de financiamiento, entrevistas realizadas, experiencia periodística previa y formación académica de sus miembros. Expusieron la procedencia y destino de las donaciones individuales de ropa, alimentación y aseo personal.
El artículo arroja luz sobre la incapacidad y falta de voluntad del Gobierno para hacer frente a la prensa alternativa.
“Somos el resultado de la evolución en las plataformas tecnológicas para la comunicación de información de interés público, de la formación universitaria recibida y de necesidades profesionales que no encuentran cabida en los medios de comunicación existentes. Y no somos los únicos”, expresó.
El texto cuestionó el artículo 53 de la Constitución, -que pese a que reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa según los fines del socialismo vigente-, precisa que “los medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada".
“Con la forma en que ha sido implementada esa lógica no se ha logrado ni un ejercicio pleno de las libertades de prensa y palabra, ni se ha asegurado el uso exclusivo de los medios al servicio del pueblo, ni se ha evitado exorcizar el demonio que inspiró la prohibición de medios privados: el monopolio. Lo que sí se ha logrado, paradójicamente, es una nueva monopolización de la información, de los discursos periodísticos y de las verdades”, expresó.
“Los canales de televisión, las emisoras de radio, las publicaciones impresas, las editoriales, cambiaron de dueño pero no se socializaron. Socializar no es estatalizar. No existen monopolios buenos y malos. Toda monopolización, la realice el Estado, una persona o una corporación, acaba coartando las libertades (...) No se funda una sociedad socialista reproduciendo estructuras de dominación”, detalló.
Hacer periodismo cuesta
Un artículo de Granma titulado “Matthew: transparencia y manipulación”, hace un elogioso recuento de la cobertura oficial realizada por reporteros y medios guantanameros en medio del arrasador ciclón que destruyó viviendas, cosechas, infraestructura y centros estatales.
A la vez deja claro que en Cuba tiene cabida la prensa acreditada por el Gobierno pero no habrá tregua para los periodistas independientes a los que acusa de ser pagados por intereses y potencias foráneas.
Periodismo de Barrio expone cómo el Estado ha evitado durante medio siglo dar cuentas de cuánto cuesta mantener a su prensa.
"No fue gratis el helicóptero empleado para sobrevolar las zonas incomunicadas, no son gratis las horas de acceso a Internet que se garantizan en las casas y centros de trabajo de periodistas estatales, las computadoras, los carros, el combustible que emplean los carros, las cámaras fotográficas, la electricidad y los grupos electrógenos usados para mantener emisoras de radio al aire después de cortes eléctricos. No son gratis las oficinas, las sillas, las mesas, los teléfonos fijos y celulares”.
“Sin esta subvención, se verían imposibilitados de existir (...) Quienes hoy cuestionan los mecanismos de financiamiento de Periodismo de Barrio olvidan oportunamente que hacer periodismo cuesta", recalcó
La nota cerró con una aplastante denuncia.
“Condenamos la detención arbitraria de periodistas en cualquier lugar del mundo. Y también la condenamos en Cuba. Al hacerlo, los órganos de la Seguridad del Estado no solo limitan nuestro derecho de expresión y prensa garantizado por la Constitución, sino también la libertad de palabra de cada uno de los individuos que elige hablar con un medio de comunicación”, concluyó.