A raíz de las recientes protestas en Holguín y Caibarién a favor de los trabajadores por cuenta propia, empleados de ese sector denuncian a Radio Televisión Martí que el gobierno ha utilizado la pandemia y el ordenamiento para incrementar el acoso y hostigamiento contra ellos.
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Reportaje de Tomás Cardoso
En las últimas horas, videos publicados en las redes sociales muestran a un grupo de vecinos en la ciudad de Holguín, que se unieron y enfrentaron a dos inspectores que querían decomisar los productos agrícolas a un carretillero en la calle Mario Pozo, del reparto Luz.
Un hecho similar ocurrió el 27 de febrero, cuando una multa impuesta a un vendedor ambulante, en Caibarién, provincia de Villa Clara, provocó una fuerte protesta de la población en apoyo al emprendedor. En esa ocasión la reacción de la población obligó a las autoridades a declarar públicamente que la multa había sido retirada.
Lee también Multa a vendedor de dulces provoca fuerte protesta en Caibarién entre gritos de "Patria y Vida" y "abusadores" (VIDEO)Yoel Espinosa Medrano, operador de una cafetería en la ciudad de Santa Clara, habló a Radio Martí sobre el constante asedio a los carretilleros, quienes son su principal fuente de suministro.
“Los carretilleros que tienen licencia y que están autorizados a vender, los cogen en la calle con un poquito de mercancía, que los inspectores consideran que es “acaparamiento”, allí mismo se la decomisan, multan y quedan sin licencia para ejercer”, dijo Medrano.
Desde Los Palacios, en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, nos dice que no se justifica el abuso del gobierno contra estos distribuidores de alimentos, que son los que con muchas dificultades, acuden al campo para traerle los productos al pueblo.
“Los carretilleros y vendedores de los productos del campo, les están poniendo multas hasta de 15 mil pesos”, contó Esteban.
Renunciar a las licencias
Dairis González Ravelo, vende granizados en Morón, está sin trabajo por el Covid-19, pero no entregó su licencia.
"Muchas personas tomaron la decisión de entregar sus licencias porque fue lo que le prometieron, es decir el que no pudiera pagar la “Seguridad Social”, que la entregara y luego se la devolverían. Mi caso no fue así, porque yo no la entregue y sigo pagando los 150 pesos mensuales, aunque estoy sin trabajar, porque obviamente cuando fuera a volver a solicitarla no me la iban a dar”, concluyó Dairis.
Rafael González operaba una paladar en Caibarién que era el sustento de la familia. En diciembre los inspectores le quitaron la licencia por una denuncia de un vecino en complicidad con la Policía Política.
“Yo vivo del cuentapropismo y llevo dos meses cerrado, no tengo de qué vivir. Todo lo que es cuentapropia, lo están persiguiendo a matarlo. Estoy muerto en vida, la reserva que tenía ya me la comí. Si algún día tengo la oportunidad de operar nuevamente el restaurant con qué voy a hacerlo, no sé”, enfatizó Rafael.
En Ciego de Ávila, la mayoría de los bicitaxistas no han podido renovar sus documentos para poder operar cuando se levanten las restricciones por la pandemia, señaló desde esa provincia José Carlos Fernández.
“Todos los que están desde el mes de marzo del 2020 hasta el presente, ya hace un año. Todo al que se le venció la licencia la perdió, y quedaron sin permiso para trabajar”, indicó José Carlos.
El vendedor de libros en La Habana, Pedro Luis García , señala que fue forzado a la entrega de la licencia.
“Ellos dicen que para no tener que pagar la licencia nos obligan a cancelarla”, comentó Pedro Luis.
El sociólogo y asesor de emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, recuerda que existe una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, la 427, para situaciones epidemiológicas, y el gobierno no la implementó con la pandemia.
“El gobierno no asumió esto, continuó cobrando “Seguridad Social y Fuerza de Trabajo”, a pesar de que los negocios estaban cerrados. Y ahora los cuentapropistas no tienen manera de salir adelante“, expresó el experto.