El representante en Venezuela del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, Euzenando Acevedo, entregó 35 millones de dólares a la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013, según declaró en un vídeo publicado en Twitter por la exfiscal venezolana Luisa Ortega.
Azevedo aparece sentado y responde preguntas durante el video.
"Fui procurado por un representante del gobierno de señor Nicolás Maduro, un señor llamado Américo Mata, venezolano, que yo conocía porque era presidente del Instituto de Desarrollo Rural", dijo Azevedo.
Mata, -explicó-, era el encargado de coordinar el monto y la entrega.
"Pidió una contribución para ayudar a la campaña (...) una contribución grande para la época (...) Pidió 50 millones de dólares pero yo acepté pagar 35 millones de dólares", admitió.
Azevedo dijo que aún siendo vicepresidente del país, Maduro visitó las obras de Odebrecht junto a Mata.
Al parecer la reacción del gobierno de Maduro ya está en camino. Medios locales dijeron que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó que se está tramitando una alerta roja en Interpol para la captura de Euzenando Prazeres de Azevedo.
Saab hizo este anuncio en una declaración retransmitida por el canal estatal VTV, en la que señaló también que se ha activado otra alerta roja ante Interpol contra el exdiputado Germán Ferrer, esposo de la ex fiscal Luisa Ortega e implicado en una supuesta red de extorsión que habría operado en el Ministerio Público.
Esta trama estaría liderada según Saab por varios altos cargos de la Fiscalía cuyos nombres espera que sean revelados por el abogado preso José Parra Saluzzo, dueño del bufete que trabajaba para Odebrecht.
La exfiscal Ortega está en Ginebra
La divulgación del video llega junto al anuncio de la exfiscal Ortega en Ginebra de que ya tiene listo un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al Estado venezolano por ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos.
La agencia EFE divulgó las declaraciones de la exfiscal en Ginebra, donde reiteró su decisión de difundir información relacionada con nuevas pruebas que tiene en su poder contra el gobierno de Nicolás Maduro.
"He decidido empezar a sacar todas estas pruebas, o parte de ellas, porque me voy a reservar muchas para ver en qué oportunidad las voy a sacar", dijo.
El escrito judicial, -dijo-, estará acompañado "de un conjunto de experticias (pruebas periciales) cuyo número no revelaré ahora, pero que pasan por protocolos de autopsia, donde se evidencia la ejecución de las personas, disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban probablemente de rodillas", detalló.
"Tenemos reconocimientos médico-legales que evidencian las torturas, experticias de balística para demostrar la modificación de los proyectiles, o sea que tenemos un número de pruebas a consignar junto con el escrito", aseguró Ortega, quien fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y actualmente reside con su esposo en Colombia.
Sus declaraciones se produjeron al término de una reunión en Ginebra con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, durante la cual hablaron de la situación general de Venezuela y la celebración este domingo de elecciones regionales.
"Delaciones premiadas"
El video con las declaraciones de Azevedo fue distribuido después que este se acogió a la figura de las "delaciones premiadas" para que la justicia de su país le reduzca la condena, según dió a conocer el diario El País.
Su testimonio apoya las denuncias de la ex fiscal Ortega Díaz, quien escapó del país después de entrar públicamente en contradicción con el régimen de Caracas. En Brasilia, la exfuncionaria dijo que tenía pruebas de que Maduro estaba implicado en el escándalo de Odebrecht.
Ortega también dijo en junio que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, habría recibido unos 100 millones de dólares en coimas, depositadas en la empresa de dos primos en España.
Medios digitales venezolanos sostienen que Odebrecht pagaba grandes sumas de dinero para poder exigir a los políticos que no entorpecieran las obras en desarrollo y facilitaran los permisos para las nuevas adjudicaciones que están bajo el poder del Gobierno central.
(Con reporte de EFE, El País y redes sociales)