Los congresista republicanos Francis Rooney y Mario Díaz-Balart, y la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, los tres de la Florida, emitieron este viernes una declaración condenando la explotación que hace el régimen comunista cubano de la pandemia de coronavirus con fines políticos, su continuo tráfico de profesionales médicos de la isla y la difusión de desinformación en el extranjero.
“El régimen cubano ha explotado descaradamente esta pandemia de COVID-19 para participar en una campaña de diplomacia médica engañosa por parte de médicos a quienes quitan hasta el 80 por ciento de sus salarios, confiscan sus pasaportes e imponen un estricto monitoreo. El régimen también está difundiendo desinformación peligrosa sobre el virus en todo el mundo con el objetivo de dividir a la comunidad internacional. Estos son solo los últimos ejemplos del uso de propaganda por parte del régimen para construir una imagen positiva en el extranjero y distraer de sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra el pueblo cubano. Al igual que sus socios autoritarios en todo el mundo, no se puede contar con el régimen cubano como un socio confiable en la lucha contra la pandemia de coronavirus", puntualiza la declaración de los representantes federales.
Para agregar después que la comunidad internacional "debe rechazar la campaña de desinformación del régimen cubano y su tráfico de profesionales médicos. Los trabajadores de la salud que luchan contra COVID-19 en todo el mundo son héroes que arriesgan sus vidas a diario. Debemos unirnos para condenar los esfuerzos del régimen cubano por explotar a estos héroes con fines políticos y financieros durante esta crisis mundial de salud sin precedentes. En medio de una pandemia mundial, la politización de la respuesta al COVID-19 de Cuba es contraproducente", concluyen los congresistas de ambos partido políticos.
En respuesta, el grupo de Investigación y Defensa de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, declara lo contrario y apunta que en en medio de una pandemia mundial. "La administración Trump y algunos políticos de Florida están optando por volver a la Guerra Fría en lugar de ayudar a garantizar que las personas tengan acceso a una atención que les salve la vida", dijo Marguerite Jiménez, quien dirige el programa de Cuba de WOLA. “Los países están pidiendo ayuda desesperadamente necesaria y Cuba, incluso con sus propios desafíos internos de COVID-19, está ofreciendo asistencia. Ahora es el momento de un mayor compromiso y cooperación”.
Y agrega Geoff Thale, presidente de WOLA, que este “tipo de retórica agresiva no hace nada para abordar las preocupaciones existentes sobre los derechos laborales con las brigadas médicas de Cuba. Más bien, utiliza una pandemia mundial grave y potencialmente mortal como pretexto para politizar la muy necesaria cooperación médica internacional".
WOLA es una de ocho ONGs que pidieron recientemente al gobierno de Estados Unidos aliviar el embargo durante la pandemia. Los otros siete grupos son Caribbean Educational and Baseball Foundation (CEBF), Center for Democracy in the Americas (CDA), Cuba Educational Travel (CET), Cuba Study Group, Engage Cuba, Latin America Working Group y National Foreign Trade Council (NFTC). Esta petición cuenta con el apoyo de varios legisladores de Estados Unidos, como James McGovern.
En 2019, Radio Martí reportó el caso del llamado modelo de “esclavitud moderna” de los médicos cubanos, considerado un crimen de lesa humanidad, que fue presentado ante la Corte Penal Internacional el 8 de mayo de ese año, según anunció Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional.
El abogado es parte de un panel de expertos que ofreció una conferencia de prensa en la Organización de los Estados Americanos en la que denunciaron que los médicos cubanos que trabajan fuera de su país bajo acuerdos del régimen cubano y terceros gobiernos, lo hacen privados de sus derechos básicos.
El pasado miércoles el jurista mexicano, quien preside la Comisión Justicia Cuba, organismo comprometido con procesar a los dirigentes cubanos responsables de crímenes de lesa humanidad, dijo a Radio Martí que "los funcionarios de la dictadura que participan en la contratación internacional de profesionales de la salud son objetivo de la organización" que dirige.
