Activistas de derechos humanos en Cuba notificaron a las autoridades de La Habana y de Holguín la intención de celebrar una manifestación pacífica denominada "La Marcha contra la Violencia" el próximo 20 de noviembre.
La acción, que invita a todos los cubanos a hacer uso de los derechos de manifestación recogidos por la Constitución, ha sido convocada por el proyecto Archipiélago, encabezado por el dramaturgo Yunior García Aguilera y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), cuyo presidente José Daniel Ferrer está en prisión.
Los organizadores entregaron cartas en la recepción del Gobierno Provincial de La Habana y en la intendencia del Consejo de Administración Municipal de La Habana Vieja y una treintena de holguineros también han realizado una solicitud formal a la intendencia municipal de Holguín, según informa Archipiélago.
“Incluso previendo que nos nieguen ese derecho, no obstante, consideramos que para ejercer un derecho no hay que pedir permiso, solamente queríamos notificarlo formalmente a las autoridades y eso es lo que hemos hecho”, explicó García Aguilera en entrevista con Radio Martí.
Un comunicado del CTDC indica que aunque entre los firmantes iniciales se encuentran representantes de Archipiélago y del CTDC, junto a firmas de la Plataforma 27N y del Movimiento San Isidro, uno de los propósitos esenciales de la Marcha Pacífica es el de ampliar el consenso a otras organizaciones de la sociedad civil, dentro y fuera de Cuba.
“Es una marcha contra la violencia, por la liberación de los presos políticos, para que se resuelvan las diferencias entre los cubanos por vías democráticas y pacíficas. Y además porque se respeten todos los derechos para todos los cubanos”, explicó el dramaturgo.
La activista Anamely Ramos del Movimiento San Isidro dijo en Facebook que “luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil se decidió realizar la Marcha el primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional, o sea, el próximo 20 de noviembre”.
“Cada cubano emigrado podrá acompañarnos ese día sin importar el lugar del mundo donde se encuentre”, dijo Ramos y recalcó que “manifestarse pacíficamente es un derecho humano reconocido en la propia Constitución de la República. Violar o impedir el ejercicio pleno de este derecho constituye un delito”.
El director de Estado de SATS, el opositor Antonio González Rodiles, es uno de los primeros detractores de esta iniciativa, según declaró este miércoles a Radio Martí.
"Yo honestamente, no comparto esto de pedir supuestamente derecho sobre ese mamotreto que llaman Constitución. Eso no es una Constitución", indicó Rodiles.
El opositor ve con recelo el entorno de la marcha y advirtió: “Después de la visita de (Miguel) Díaz-Canel a México y (Andrés Manuel) López Obrador supuesto de mediador… pues me parece que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con lo que puede venir de de toda esta situación".
Sin embargo García Aguilera, quien fue arrestado junto a otros artistas frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) durante las protestas del 11 de julio y cuyo testimonio de la violencia y abusos cometidos contra los manifestantes llegó a importantes medios de prensa, opinó que esta propuesta es estratégica pues obliga al régimen comunista a tomar una postura clara.
“Estratégicamente hablando también es colocarlos contra la pared. Ellos tienen ahora que tomar una decisión con respecto a la marcha. Si la niegan, estarían demostrándole al mundo en un momento complicado para ellos donde hay sanciones y declaraciones muy fuertes de la Unión Europea, donde han salido de la CELAC con fuertes críticas de otros mandatarios de la región. Ellos tienen ahora la fuerte necesidad de mostrar una cara, un rostro diferente”, afirmó el dramaturgo que también estuvo presente en la protesta del 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio de Cultura.
Las manifestaciones espontáneas que estallaron el 11 de julio en varias localidades de la isla dejaron un saldo de mil detenidos, de los cuales cientos permanecen en prisión y otros han sido juzgados en procesos sumarios.
Muchos de los participantes y sus familiares han denunciado la violencia ejercida contra los manifestantes por miembros de la policía, las tropas especiales y los agentes de civil de la Seguridad del Estado durante las detenciones y dentro de los recintos penitenciarios.
[Incluye reporte de Amado Gil para Radio Martí]
