Cuba
"Ejerciendo un derecho constitucional en un país sin derechos políticos": así fue la protesta de Alina López
La historiadora y activista cubana Alina López Hernández detalló en redes sociales los pormenores de la protesta que protagonizó este jueves en el Parque de la Libertad de Matanzas, cuando exigía la liberación del periodista y escritor Jorge Fernández Era, y por la que fue agredida y detenida.
López Hernández, que tituló su post "Ejerciendo un derecho constitucional en un país sin derechos políticos", dijo que al principio permaneció sentada en el parque, pero luego comprendió que necesitaba visibilizar el motivo de su protesta.
"Improvisé allí mismo un cartel muy simple con mi pésima letra de zurda y empecé a recorrer el espacio del parque. Algunas personas se acercaron a leerlo y preguntaron quién era Jorge, cosa que expliqué muy brevemente", señaló, en un relato cronológico de los hechos.
Fernández Era, colaborador de La Joven Cuba y El Toque, había sido conducido a la unidad de policía de la calle Aguilera, en Calzada de Luyanó y Porvenir, según detalló su esposa, Laideliz Herrera Laza, en redes sociales.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, denunció lo ocurrido en su cuenta de Twitter.
López Hernández dijo en su post en Facebook que mientras protestaba en el parque se acercaron dos señoras a indigar qué hacía ella allí. Las mujeres se identificaron como funcionarias del Gobierno Provincial y le dijeron que "si las acompañaba a conversar quizá ellas podrían llamar a La Habana e interceder".
También se presentó en el lugar el director provincial de Cultura, Osbel Sánchez. Los tres buscaban lo mismo, indicó la intelectual cubana, que desistiera de su protesta.
"Fuimos a una oficina donde empezaron a entrar varias personas, unas diez si la memoria no me traiciona. Pedí que se presentaran todos, la mayoría era del Buró Provincial del Partido, también ubicado frente al parque", detalló.
Según López Hernández, el director de Cultura entraba y salía constantemente de la oficina donde estaban reunidos, con el pretexto de averiguar por la situación de Fernández Era. "Después me percaté que no era así, con quienes hablaba era con tres agentes que estuvieron todo el tiempo en un auto plateado y que evidentemente le insistían para que me convenciera de desistir. Mi respuesta fue la misma: "cuando suelten a Jorge".
Los funcionarios, explicó la historiadora, aunque fueron respetuosos, cuestionaron su decisión de protestar en el parque. Ella respondió a cada pregunta.
"Una señora del gobierno, medio molesta, preguntó porqué si Jorge había sido detenido en La Habana yo me manifestaba en Matanzas. Respuesta: hasta donde sé, nadie le objetó jamás a Fidel que si Batista estaba en La Habana, ellos decidieran atacar un cuartel en Santiago de Cuba. Silencio".
También le preguntaron qué pretendía ella con la protesta en el parque, a lo que respondió que buscaba "ejercer un derecho constitucional, el de manifestación pacífica". Entonces el funcionario que atiende la esfera política-ideológica se le enfrentó.
"Eso no es así", dijo el ideológico, a lo que López Hernández replicó: "¿y cómo es?".
Ante el silencio incómodo del funcionario, la historiadora debió "explicarle lo relativo a ese derecho y que había una demora de 4 años en habilitar las leyes complementarias, pero como mi manifestación era individual no alteraba la dinámica del parque (que sí es alterada constantemente con altavoces reproduciendo discursos del presidente DC, como bien saben los matanceros)".
También indagaron sobre el financiamiento de La Joven Cuba (LJC), de la que López Hérnandez fue colaboradora. Las leyes cubanas criminalizan el hecho de que los medios independientes reciban financiamiento del exterior.
"Le aclaré que yo podía responder una parte de eso pero que no trabajaba ya en ese medio. Dije que el problema de un medio no era recibir apoyo financiero, pues todos lo necesitan para funcionar, desde el Granma y Cubadebate hasta LJC, que lo que no debía ocurrir, al menos éticamente, era un conflicto de intereses al recibir dinero de agencias gubernamentales norteamericanas con fondos para cambio de régimen, pero que existían agencias que, incluso, muchas veces también financiaban proyectos del gobierno cubano, y que no veía conflicto alguno de intereses, pues la medios de prensa alternativos son necesarios, especialmente en el caso de Cuba con un sistema político discriminatorio", argumentó la historiadora.
Al salir del Gobierno Provincial para continuar con su protesta en el parque, López Hernández fue abordada nuevamente por el director de Cultura, quien le pidió que le acompañara un momento a la Sala de conciertos White, para que él hiciera una llamada a La Habana. Le dijo que esperara allí 15 minutos y se dirigió a conversar con los agentes de la Seguridad del Estado que esperaban afuera en un auto, señaló la profesora. El funcionario nunca regresó y ella decidió volver al parque, pero fue arrestada.
La mujer denunció la detención como "denigrante" e "ilegal".
"Cuando salía de la sala de conciertos fui abordada por los tres agentes que ya habían parqueado el carro en la misma puerta de entrada, quizá para que montara sin que se divisara mucho desde el parque. Fueron groseros: "Alina, acompáñamos". Me negué terminantemente, les dije que yo no reconozco a SE como un interlocutor y que, según la propia ley de procedimiento penal, no lo son, que ese era un arresto ilegal. Insistieron y reiteré la negativa. Respuesta: "tú sabes que tienes que acompañarnos". Le dije que me conocían muy mal. Me trataron de conducir al carro por la fuerza y mi hija y mi yerno, que estuvieron cerca todo el tiempo, se acercaron para defenderme".
Entonces los agentes usaron la fuerza.
"Ese fue un momento denigrante: tres hombres entrenados intentando reducir por violencia a tres personas pacíficas. Con mi yerno utilizaron una llave en el cuello para inmovilizarlo, a mi hija Cecilia, que es un amor de persona en su educación, le rompieron la sombrilla, y el reloj, pero no lograron separarnos. Incluso una amiga querida que allí estaba intentó mediar. Grité pidiendo auxilio y creo que se preocuparon, pues nos dejaron de agarrar. Ellos no me dieron golpes en la cara o el cuerpo, tampoco a mi hija, pero nos empujaron, halaron, tiraron contra la pared en el intento de secuestro, que eso era lo que a fin de cuentas trataban de hacer", detalló la profesora.
Al argumento de uno de los agentes que la interrogó de que su protesta "podía traer problemas", López Hernández, quién se considera "más socialista que el aparato Parti/Estatal completo", le dijo que las autoridades cubanas "debieron pensarlo antes de aprobar una Constitución que otorga tales derechos", lo que opinaba habían hecho para ofrecer una imagen internacional "garantista", cuando en realidad "utilizaban a personas como ellos para atemorizar a la ciudadanía y que no se atrevieran a ejercer sus derechos". Añadió que aquello era "algo perverso".
Tras conocer sobre la liberación de Fernández Era y querer regresar a su vivienda, la profesora fue conducida en una patrulla de la PNR a la estación de policía de Playa, en la capital matancera, donde le dijeron que le impondrían un acta de advertencia.
López Hernández respondió que no la firmaría, y que no se reconocía "advertida", porque ninguno de los funcionaros que la interpelaron, ni los "agentes agresores, ni el presidente de la República, estaban por encima de la Constitución".
Le aclararon entonces que la advertencia no era por manifestarse públicamente, sino porque "otras personas podían intentar unirse".
"Respuesta: si lo hacen también estarían ejerciendo su derecho. Argumentó entonces que podrían ocurrir actos de violencia. Respuesta: para eso estaría la PNR, para cuidar que los manifestantes pacíficos no se extralimiten, aunque les aclaré que conocía de incidentes violentos a veces organizados por agentes encubiertos para enrarecer situaciones así", escribió en el post.
López Hernández anunció a los agentes que continuará manifestándose en el mismo parque "el 18 de cada mes", y dijo que ni siquiera leyó el acta de advertencia que le hicieron.
"Los derechos solo existen si son ejercidos. Los ejerceré", concluyó así su declaración en la red social.
Este viernes, Fernández Era publicó también en Facebook un largo post con los detalles de su detención, y en el que agradece la solidaridad de su amiga, Alina López Hernández, como el punto más alto del movimiento que reclamó su libertad.
"A ella, y a los miles de personas que se han pronunciado en las redes contra el atropello de que he sido víctima, un abrazo grande. Les llega con el convencimiento de que ni la prohibición de salida de la Isla, ni la prisión provisional, ni la reclusión domiciliaria, ni la fianza en efectivo, ni la obligación de comparecer, ni la cárcel misma callarán mi grito por esta Cuba de Alina, Hall, Raymar, Laideliz, ellos, ustedes, yo", afirmó el periodista.
Según Férnandez Era, desde que comenzó el hostigamiento de la Seguridad del Estado en su contra, su estado general de salud se ha deteriorado.
"Y como todas no pueden ser malas noticias para los primeros tenientes Manuel y Vilarte, el mayor Viera y el oficial del Cuerpo de Bomberos que me tocará en suerte en la cuarta vuelta, les informo que, desde que incursionaron en mi existencia, vivo ojeroso, sufro de palpitaciones y duermo a base de antirrepresivos", escribió con sarcasmo.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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