Las autoridades de la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba, usan su poder para abusar del preso político del 11J, Enrique Ferrer Hechavarría, denunció su madre Marta Hechavarría Castellanos, en conversación con Martí Noticias
“Él ha sufrido muchas violaciones de los derechos humanos. Ha sufrido abuso de poder por parte de los funcionarios de la prisión, directamente no, pero mandan a otros reos para que lo provoquen o lo agredan y se busque problemas”, afirmó la madre.
Acciones como las que describe Hechavarría Castellanos han sido denunciadas durante décadas por presos políticos y activistas de derechos humanos.
En las prisiones, las bandas de reclusos comunes organizadas por los mandos del penal, supuestamente para imponer disciplina, usan la intimidación para apoderarse de las pertenencias de otros internos y propinan golpizas, generalmente bajo la orientación de la Seguridad del Estado o de los jefes penitenciarios.
Ferrer Hechavarría, de 30 años, fue condenado a diez años de privación de libertad tras participar en las demostraciones populares del 11J en el poblado santiaguero El Caney.
El Tribunal Municipal lo declaró culpable de haber cometido ocho delitos: atentado, desacato, desistencia, evasión de presos o detenidos, desórdenes públicos, instigación a delinquir, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y propagación de epidemias.
La madre del prisionero político se refirió también a la mala alimentación que reciben los presos: “Los alimentos no se pueden consumir. Mi hijo solo se come el poquito de arroz que le dan, con sopa aguada y un pescado con escamas”, dijo.
Familiares de presos políticos han relatado que la alimentación es escasa, no balanceada y muchas veces contaminada. Además, aseguran, la comida que se ofrece en los penales del país se prepara en sitios antihigiénicos donde pululan insectos y roedores; sus componentes se mentiene sin refrigerar y son manipulados por personal no idóneo.
“La prisión tiene goteras y los presos se mojan cuando llueve. En el salón de visitas no se puede estar cuando llueve”, aseguró Hechavarría Castellanos.
La mayoría de las cárceles cubanas se encuentran en mal estado constructivo. Las instalaciones y los servicios son inadecuados y están lejos de cumplir con las normas y directrices establecidas nacional e internacionalmente.
Sus celdas o destacamentos son insuficientes en relación con la cantidad de detenidos alojados en ellos.
“Hay muchas personas encarceladas, por lo menos en el destacamento donde está mi hijo, el destacamento 3. Lo noto cuando toca la visita, que hay tantos presos en el local para el público que tienen que sentarse en los bancos casi uno al lado del otro”, indicó la madre.
Aunque el Estado cubano no devela estadísticas sobre la cantidad de presos, y el grado de hacinamiento, las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apuntan a Cuba como el país con mayor proporción de presos en la región del Caribe.
“La cárcel está llena de chinches y no dejan entrar ningún producto para combatirlas. Incluso, en la última visita no me dejaron entrar ni hipoclorito que se usa para higienizar el agua”, señaló.
“El agua que consumen los reclusos es sucia porque tienen que tomarla de una cisterna que es llenada con agua de pipa. Entonces, cuando al preso le toca, recoge el agua metiendo las vasijas en el tanque y esa agua la almacena cada uno en la celda para beber y bañarse”.
En Cuba, con una crisis económica y estructural que se agiganta cada día, con las prisiones superpobladas y carentes de recursos, la gestión de lograr que los reclusos tengan alguna comida, agua y acceso al aire puede convertirse en una tarea de tiempo completo para las administraciones carcelarias.
En ese sentido, el periódico oficial Granma ha justificado que “las reformas y mejoras al sistema carcelario se han impulsado en el contexto de los limitados recursos disponibles”.
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