"Los frijoles son más importantes que los cañones", les dijo Raúl Castro en 1997 a los delegados al 5to Congreso del Partido Comunista. Pero diez años después, y nueve después del inicio de las reformas de Castro en la agricultura, esta sigue postrada por bajos e inestables rendimientos que castigan a la población con carencias y una espiral ascendente de precios.
Sin embargo, y aunque el país continúa gastando cada año unos $2.000 millones en importar alimentos, una reunión del Consejo de Ministros de Cuba el jueves sólo produjo un incentivo: extender el período en que las tierras ─subrayado: intransferibles─ del Estado pueden ser trabajadas por particulares en condición de usufructuarios.
“Se ratificó que las tierras otorgadas en usufructo son propiedad intransferible del Estado y deben mantenerse en explotación, evitando un mal uso del suelo y la pérdida de su productividad”, advierte la información en los medios oficiales, y agrega: “A partir de estas decisiones, la vigencia del usufructo de tierras para todas las personas naturales se extenderá a 20 años (antes era de diez), prorrogables sucesivamente por igual término”.
El Consejo también añadió un anillo más a la boa constrictor de las regulaciones que asfixian a los productores: a diferencia de los cuentapropistas y cooperativas no agrícolas, a quienes se les tolera invertir en sus negocios el dinero enviado por sus familiares en el exterior, en la agricultura “se incorpora como causa de extinción del usufructo la utilización de financiamientos ilícitos”.
En julio de 2008, cinco meses después de asumir formalmente la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, sucediendo a su enfermo hermano Fidel, Raúl Castro institucionalizó mediante el Decreto-Ley 259 un programa piloto de concesión en usufructo de tierras estatales a agricultores individuales y cooperativas, con el fin de poner a producir las tierras estatales ociosas. Fue entonces que se establecieron períodos de usufructo de diez años para los individuos y de 25 años para las cooperativas.
Según dijo el jueves el llamado zar de las reformas Marino Murillo durante la reunión del Consejo, hasta septiembre del 2016 se habían entregado “un millón 917 000 hectáreas de tierra, que representan el 31% de la superficie agrícola del país”.
Sin embargo los resultados no han sido muy halagüeños, por decirlo eufemísticamente. Dos recientes informes, uno de una institución oficial y otro de una ONG que trabaja en Cuba, confirman el círculo vicioso de los bajos rendimientos en los campos de la isla y la insuficiencia de las reformas de Castro.
Esta semana la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, reveló que de las tierras cultivables de la isla, el 56 % permanecen baldías. El informe también indica que en la producción agrícola 2016, salvo en unos pocos renglones, sólo se reportaron crecimientos marginales e insuficientes, estancamientos y retrocesos.
En mayo, Mundubat, una Organización No Gubernamental de ayuda al Desarrollo (ONGD) con sede en el País Vasco afirmó que Cuba, donde trabaja con entidades del sector agropecuario, “está entre los países con una agricultura con más bajos rendimientos en América Latina”, una deficiencia que, dijo, está condicionada entre otros factores por la vulnerabilidad de los sistemas de producción a los efectos del cambio climático, pero también por “los equipamientos obsoletos, la escasa inversión en tecnología apropiada y limpia (y), el acceso limitado a insumos productivos adecuados”.
El dinero de afuera
Esas condiciones se contradicen con la nueva reglamentación del gobierno sobre lo que llama “financiamiento ilícito” si es que esta se refiere a dinero recibido de familiares en el exterior.
El agricultor Emiliano González, de la provincia Granma comentó a Martí Noticias: “La única manera de potenciar la agricultura en Cuba es que se inyecte dinero de los familiares en el exterior, porque en Cuba, con tanta necesidad es imposible que un campesino independientemente cree o tenga las condiciones para desarrollar una agricultura sostenible”.
Mundubat también señalaba el problema de la distribución, que en la isla es asumida por el mecanismo estatal de Acopios, lo que provoca que, según cálculos de la entidad, el 57 % de los alimentos se pierdan antes de llegar al consumidor. En lugar de permitirse la venta libre de toda la producción en el mercado, como se hizo en Vietnam, Acopio se encarga en Cuba de recoger el grueso de las cosechas, que los agricultores están obligados a vender al Estado, y además decide los precios que va a pagar por ellas, y cuándo.
Pero la decisión más contraproducente de la reunión del Consejo de Ministros fue probablemente la de retener, en medio del letargo de la agricultura, la desestimulante propiedad estatal sobre las tierras.
Esto, a pesar de que Murillo admitió que "en la actualidad es limitada la solicitud de tierras pues generalmente las que continúan disponibles son menos productivas, con alta infestación de marabú; están alejadas de los asentamientos poblacionales y de los servicios básicos; o tienen dificultades para acceder a las fuentes de agua".
“Si la tierra no es tuya, ¿qué estructura tú vas a hacer? ¿Vas a hacer un pozo, con lo costoso que es, en una tierra que no es tuya?”, dijo a Martí Noticias el agricultor Ibar González , de Corralillo, Villa Clara.
“¿Vas a invertir en una casa, en una tierra que te pueden quitar en los próximos años? Creo que mientras no se haga una tercera reforma agraria en Cuba no se va a ver una inmensa cantidad de personas yéndose a trabajar en el campo”, concluyó el campesino.
[Con la contribución de Adriel Reyes]
