Cuba
Aluvión de críticas al régimen cubano en Examen Periódico Universal de ONU
Cuba se sometió este miércoles al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, entre fuertes críticas contra la represión por parte de las principales democracias, algunos elogios por la aprobación del matrimonio igualitario y el aplauso total de los regímenes más violadores.
Los principales señalamientos versaron sobre la necesidad de liberar a los presos políticos, derogar la pena de muerte, enmendar el nuevo Código Penal, tipificar como delito el feminicidio y ratificar los Pactos de Derechos Humanos de la ONU.
Michèle Taylor, embajadora de Estados Unidos en Ginebra, solicitó a La Habana “cesar la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Asimismo, “liberar a las aproximadamente 1.000 personas, detenidas injusta o arbitrariamente”, “adoptar un marco legal que garantice la independencia judicial”, “poner fin al sistema de partido único para permitir elecciones genuinamente libres y justas” y “cumplir con las normas laborales internacionales” en el “programa de exportación de mano de obra, incluidas las misiones médicas”.
Europa, contundente
Lituania, que destacó entre las posiciones europeas, mostró “preocupación por la reducción del espacio para la sociedad civil, los grupos religiosos, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros trabajadores de los medios”.
“Es especialmente alarmante la reciente decisión de ampliar la lista de delitos a los que se puede aplicar la pena capital”, señaló la delegación lituana, que además pidió “garantizar el derecho a la libertad de reunión, asociación pacífica, libertad de opinión y expresión” y “liberar a todos los presos políticos, incluidos los menores”.
Países Bajos, Francia, Japón, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa, Rumanía, Italia, Irlanda, Polonia, Finlandia y Alemania, entre otros, pidieron el cese de la represión contra periodistas, artistas y activistas.
Noruega, al igual que España, Reino Unido, Australia y Canadá, recomendó directamente a Cuba “abstenerse de utilizar el nuevo Código Penal para criminalizar a los actores de la sociedad civil y las voces individuales críticas con las autoridades”.
Perú y Ecuador, los puntos sobre las íes
Por América Latina, las posiciones más contundentes fueron mostradas por Perú, que recomendó “garantizar que los defensores de los derechos humanos gocen de un entorno seguro y apropiado”, “velar por que todo acto de hostigamiento, represión o intimidación que sufran sea debidamente investigado” y “prohibir explícitamente la discriminación por motivos de opinión política u origen social en el empleo”.
En línea similar, Ecuador solicitó “prevenir y cesar los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra defensores de derechos humanos”, así como “armonizar la legislación sobre medios de comunicación y radiodifusión, Internet y ciberseguridad con las normas internacionales relativas a la libertad de expresión”.
México instó a La Habana a tipificar el feminicidio como delito (Panamá, Brasil y Japón también abordaron la violencia contra las mujeres) y a crear un organismo independiente de derechos humanos.
Brasil reconoció la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo y obvió cualquier situación conflictiva. Se limitó a pedir el fortalecimiento de los programas de producción y distribución de alimentos, “asegurando la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente de mujeres, niños y personas privadas de libertad”.
Por su parte, Chile pidió evitar que civiles sean juzgados por tribunales militares y exhortó a “tomar las medidas necesarias para asegurar el derecho de todas las personas a la libertad de reunión y asociación pacífica y de expresión”.
El gobierno izquierdista de Colombia evadió todo asunto polémico y pidió avances para “prevenir los embarazos en adolescentes”.
Los países africanos se centraron en agradecer a Cuba sus programas contra el racismo.
Casos extraños de la jornada
Corea del Norte, después de alabar al régimen cubano, le instó a “continuar mejorando el sistema judicial y preservando la independencia orgánica y funcional de los tribunales”. Mientras, República Dominicana —elogios incluidos—, instó a favorecer el acceso de los discapacitados al turismo.
El gobierno ultraderechista de Italia solicitó “garantizar la libertad de opinión y expresión y el derecho de reunión pacífica”, y “salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de derechos humanos y periodistas”, pero causó sorpresa al “saludar” la promulgación de la nueva Constitución de 2019, que consagra al Partido Comunista de Cuba (PCC) como único legal.
La reacción del régimen cubano
En sus intervenciones, el canciller cubano Bruno Rodríguez retrató una situación idílica de los derechos humanos en la isla y responsabilizó de las carencias al embargo de Estados Unidos. De hecho, la embajadora norteamericana recordó a la delegación cubana que el EPU “no es un lugar para abordar intercambios políticos o cuestiones bilaterales”.
“Una delegación llamó a no tratar aquí asuntos bilaterales”, respondió luego Rodríguez”, y dijo que el embargo de Estados Unidos “no es en modo alguno un asunto bilateral, sino una grave violación del derecho internacional, debido a su alcance agresivamente extraterritorial”.
El canciller cubano acusó a los países críticos de “falta de información objetiva" sobre la realidad de la isla.
“Unos pocos, como ocurre siempre, trataron de aprovechar este intercambio para desvirtuar el espíritu del ejercicio de revisión periódica, con una retórica politizada e injerencista sobre los derechos humanos y supuestas recomendaciones carentes de credibilidad”, dijo.
Representantes de la delegación oficial cubana intervinieron para justificar como “delitos comunes” el encarcelamiento de más de mil personas tras las protestas antigubernamentales el 11J y negar la existencia de presos por peligrosidad social predelictiva. También rechazaron que hubiera medidas de prisión en caso de menores, ya que, según alegaron, la mayoría de edad en Cuba está fijada en los 16 años.
Ante la avalancha de peticiones para frenar las detenciones arbitrarias contra activistas, artistas y periodistas independientes, los diplomáticos cubanos argumentaron que “están prohibidas”.
El Consejo de Derechos Humanos volverá a reunirse el próximo viernes en Ginebra para considerar el informe final sobre Cuba.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Piden investigar parole humanitario de militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate
Exiliados cubanos pidieron a Blinken y Mayorkas una investigación urgente sobre cómo el piloto de guerra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez terminó recibiendo el beneficio migratorio de parole humanitario.
José J. Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Sylvia G. Iriondo, representante de M.A.R. por Cuba (Madres contra la Represión), y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, han enviado cartas al secretario de Estado Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parole humanitario concedida al Teniente Coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
“Si bien González-Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron, persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente”, asegura la carta.
En una breve comunicación con Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez dijo que negaba “la mayoría” de “las cosas que se han dicho” sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a “algunas situaciones que pueden verse afectadas”.
La esposa de González-Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a EEUU.
En la misiva los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional, cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, y el residente legal en EE. UU., Pablo Morales.
“Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que, cuando fue entrevistado en Cuba, González-Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o haya proporcionado información falsa. Su implicación en un acto tan atroz plantea serias dudas sobre la legitimidad del Parole Humanitario que se le concedió”, añadieron.
La presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos, reportada primero por Periódico Cubano y corroborada con pruebas por Martí Noticias, desató una fuerte polémica debido a las acciones del piloto de combate, quien participó en la operación contra Hermanos al Rescate, de acuerdo con Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia.
"Confiamos en que tomarán las medidas necesarias para que aquellos involucrados en eventos tan trágicos no eludan la justicia mediante la obtención de visas humanitarias bajo falsos pretextos", concluye la carta.
Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González-Pardo.
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