La división comercial del Tribunal Superior de Justicia de Londres negó el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Justicia de Cuba en torno a la decisión adoptada por esa instancia en abril de que el fondo CRF I Limited no era acreedor del Estado cubano, y que el proceso judicial continuaría solamente contra el Banco Nacional de Cuba (BNC).
La sentencia establecía que BNC es responsable de la deuda de más de US$78 millones por dos préstamos y sus intereses que fueron otorgados originalmente al país caribeño por bancos europeos en la década de los años 80.
“Era algo esperado que eso no iba a proceder. El gobierno de Cuba buscaba que desestimarán el juicio y ahora hay que seguir el proceso”, dijo a Martí Noticias el economista cubano, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group.
Una declaración de CRF I indicó que el fondo considera la decisión de la jueza Sara Cockerill como un "importante avance en su batalla legal en curso", puesto que "afirma la decisión original de la corte a favor de CRF I" y "limita las opciones defensivas del Gobierno de Cuba y mejora significativamente la posición de CRF en el caso".
Según el texto que aparece en su página electrónica, el BNC desarrolla un activo trabajo en las negociaciones y firma de acuerdos vinculados a la renegociación de la deuda, obteniéndose nuevos créditos con bancos e instituciones extranjeras, con mejores condiciones financieras.
Asimismo, cuenta con una red local de más de 186 puestos de trabajo. El flujo de información generado por esta red cuenta con un alto nivel de compartimentación y permite el acceso simultáneo por varios usuarios y actualmente se trabaja en la creación de accesos remotos a los servicios que oferta, así como en proyectos de interconexión bancarias.
Su oficina central se encuentra en Aguiar 456 e/ Amargura y Lamparilla, Municipio Habana Vieja.
“El Estado cubano tiene dos opciones: o va a juicio, o llega a un arreglo con el acreedor. Eso va a sentar un precedente, porque ahora hay otra reclamación de parte de un banco más grande y más poderoso, y un monto más elevado”, acotó Morales.
El experto se refirió al proceso iniciado por el Banco Industrial y Comercial de China, que a través del ICBC Standard Bank reclama a Cuba el pago de 1.100 millones de euros.
CFR I, constituido en 2009 en Islas Caimán, lanzó el reclamo hace casi tres años, pero el BNC, desde el comienzo del proceso, dijo que no lo reconocía como acreedor.
“Lo que pase aquí tendrá repercusiones negativas para La Habana en el otro pleito, y probablemente en próximos pleitos, porque no son dos, son muchos, y vienen uno detrás del otro. Y es momento en que tienen que negociar en serio, por primera vez, de lo contrario se verán sometidos a un embargo mucho peor que el de Estados Unidos”, adelantó el economista.
El abogado cubano residente en Toronto, Canadá, Eloy Viera, recordó que la jueza ha recurrido a un recurso que establece la Ley inglesa, que permite a las personas afectadas por una decisión judicial solicitar permiso al mismo tribunal que dictó sentencia para continuar con un proceso de apelación.
“Básicamente, la jueza Cockerill no encuentra mérito alguno para que la apelación prospere, pero no significa que la posibilidad de apelar haya muerto, porque la misma ley establece que en caso de que el tribunal niegue el recurso de apelación, siempre el afectado podrá recurrir al tribunal superior”, dijo Viera al programa Cuba al Día, de Radio Martí.
En opinión de expertos, la actual decisión podría ser ratificada por la instancia inmediata superior, aunque queda latente la duda sobre si el estado cubano decidirá hacerlo.
“Cuba ha demostrado que prefiere, antes de entrar en un proceso de negociación, incluso de recursión de la sentencia de enero, dilatar, a pesar de los costos, la llegada de ese momento. Yo creo que sí, que van a presentar el recurso al Tribunal de Apelaciones”, consideró Viera.
El proceso judicial transcurre en un momento crítico de la economía cubana, en medio de una crisis multisistémica. “Están como ratón en trampa, que no tiene salida, y lo mejor que pueden hacer es negociar’’, puntualizó, por su parte, Morales.
En el comunicado emitido por CRF I, donde dio a conocer la noticia sobre la negativa del recurso de apelación, el fondo también informó que ya la parte cubana le había pagado los costos procesales.
“Cuba ha tenido que pagar más de 3 millones en costos procesales, y no dudo que pueda impulsar también un nuevo proceso de apelación, aunque le cueste más dinero, porque siempre va a ser mucho menos que la totalidad que debe al fondo de inversiones”, dijo Viera.
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