Autoridades presentaron esta semana el Consejo de la "marca país", entidad facultada para autorizar y controlar el uso de la misma dentro y fuera de la isla.
“Sobre él recae la responsabilidad de proteger, promocionar, administrar, controlar y defender esta marca en Cuba y el extranjero”, afirmó el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Mientras el Gobierno insiste en que el objtivo es promocionar el destino Cuba, recuerda que el Consejo tendrá todo el apoyo del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista.
La marca "necesita supervisión constante para garantizar su consistencia a lo largo del tiempo en pos de contribuir a la conformación de la identidad competitiva de nuestro país”, dijo el primer ministro.
Según el funcionario la idea es “ganar visibilidad, credibilidad y confianza a la hora de impulsar las exportaciones, atraer inversiones extranjeras y turismo, potenciar las ofertas turísticas, la realización de eventos, la promoción de marcas de productos y de servicios, y exaltar la cultura e identidad nacional”. El nuevo Consejo tiene personalidad jurídica y forma parte del Instituto de Información y Comunicación Social.
Cuba había aprobado en 2021 el Decreto 54, para establecer la "marca país", así como las regulaciones que rigen su uso.
Según la norma, esta constituye un signo oficial, cuya titularidad corresponde al Estado cubano. Está conformada por un triángulo rojo con una estrella solitaria blanca en el centro, seguido de la palabra Cuba, en color azul y con letra inicial mayúscula. La autorización para su empleo tiene carácter personal e intransferible
Dos años después la Gaceta Oficial publicó otro Decreto, el 88, que entre otras cuestiones, prevé la creación de un Sistema Nacional de Diseño en Cuba cuyo objetivo primero es garantizar los "valores forjados por la Revolución". Entre sus funciones está prohibir el uso no autorizado de la "marca país y la imagen Cuba sin previa autorización".
Abogados y diseñadores advirtieron en ese momento a Martí Noticias los riesgos que implica esa herramienta legal.
"Lo más preocupante es la creación de las comisiones técnicas de evaluación del diseño”, dijo el abogado Michel Fernández.
Para el artista y diseñador cubano Julio Llópiz “cuando hablan de ‘los valores forjados por la Revolución’ se refieren a ‘absolutamente cualquier cosa”.
“Esto quiere decir que la Revolución, o sea, el castrismo o el gobierno de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro, tienen la potestad de decidir cuándo (los valores) están siendo vulnerados por determinadas imágenes”, agregó el activista.
Raudiel Peña Barrios, abogado del Centro de Información Legal Cubalex, apuntó por su parte que “lo más grave de esta normativa es que para el ejercicio de la profesión solo se reconocerán como diseñadores quienes estén debidamente inscritos en el Registro Nacional".
“Un diseñador que emplee elementos comunes a la marca país o a la imagen Cuba en un diseño que las autoridades crean que es políticamente incómodo podría ser sancionado, pero no por este decreto, sino por el Código Penal vigente o por lo que dispone la ley de Símbolos Nacionales”, indicó.
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