La economista cubana Karina Gálvez no podrá trabajar como cuentapropista durante los tres años, tiempo en que deberá cumplir privación de libertad por el delito de evasión fiscal con el que fue condenada el pasado mes de septiembre por el tribunal municipal de Pinar del Río.
Gálvez, del independiente Centro de Estudios Convivencia, explicó a Martí Noticias que cumplirá la sanción fuera de una penitenciaria, pero no podrá ejercer su profesión en el sector privado, y se estará obligada a laborar en el sector estatal.
El Gobierno también le prohíbe la expedición de pasaporte y la salida del territorio nacional hasta tanto culmine la sentencia.
Este martes, la economista recibió la notificación de parte de la jueza que atiende su caso durante la ejecución de la sentencia, quien además de explicarle que no puede salir del municipio sin previa autorización, tiene que estar vinculada a un centro laboral del Estado.
A la economista le ofrecieron trabajo como auxiliar de limpieza en el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Abel Santamaría en Pinar del Río, porque a pesar de su calificación profesional no puede realizar ningún tipo de trabajo relacionado con la docencia, ni las finanzas, tampoco puede trabajar en un departamento de personal, económico o con acceso a recursos.
“Mi preocupación ahora es que para optar por un trabajo con el Estado exigen ciertas condiciones políticas, y precisamente por eso es que estoy sancionada", dijo Gálvez.
Durante el proceso legal y la sentencia de privación de libertad por el supuesto delito de evasión fiscal en la compraventa de una casa, el inmueble fue confiscado y quedó a disposición de la Dirección Municipal de Vivienda, subordinada al Consejo de la Administración del Municipio de Pinar del Río.
En la casa de Gálvez sesionaba el Consejo de Dirección del independiente Centro de Estudios Convivencia, que antes había sido objeto de acoso y represalias políticas por parte de la Seguridad del Estado en Pinar del Río.
Es la segunda ocasión en que la economista enfrenta situaciones arbitrarias por parte de las autoridades.
En 2009, el patio de la casa de los padres de Gálvez, donde el grupo Conviviencia se reunía a realizar tertulias, debates y encuentros de índole sociocultural, también fue confiscado y clausurado por las autoridades locales.
El equipo de Convivencia ha denunciado persecución por razones políticas contra la economista y otros integrantes.
(Con ireporte de Ivette Pacheco)
