A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
Foro