Al menos tres boteros cubanos perdieron sus licencias para operar como taxistas privados esta semana, después de que fue habilitado un teléfono para denunciar a los que han incrementado el precio de los pasajes pese a que el Gobierno topó las tarifas y amenazó a los posibles infractores con la drástica medida.
El diario oficial Juventud Rebelde, -que publicó la cifra de tres sancionados-, citó al director de Inspección Estatal del Transporte, Erasmo Arias.
El funcionario informó que 34 inspectores “están ubicados en puntos estratégicos de la ciudad para velar por lo establecido”, en un artículo titulado "Suena el 18 820...".
La medida ha provocado el malestar de los choferes, muchos de los cuales han decidido dejar de trabajar hasta que cambie esta situación.
Boteros consultados días atrás por Martí Noticias dijeron que temen que se desate una cacería de brujas, alegando que la medida alienta la delación y hasta ofrece oportunidad de venganza en una sociedad cada vez más dividida entre ricos y pobres.
“Existe un equipo que visita los hogares de los titulares de los vehículos que son denunciados”, dijo Arias a Juventud Rebelde.
“El lunes fueron inspeccionados 840 automóviles y no se encontró ninguna violación de las buscadas. Solo fueron multados tres choferes”, agregó.
Desde el sábado pasado, el Gobierno habilitó el número telefónico 18820 para que los cubanos denuncien a los boteros que han elevado los precios.
La crisis de Venezuela ha ido arrastrando a la economía cubana, dependiente de su aliado y benefactor petrolero y los boteros cubanos han sentido el impacto en la reducción del combustible que se movía en bolsa negra procedente de las empresas estatales, cuyo suministro a su vez fue drásticamente reducido al 50 por ciento semanas atrás.
El funcionario dijo que a los que se niegan a aceptar la veracidad de la denuncia telefónica, “los inspectores establecen una vigilancia especial” para desestimar o verificarla.
“Si la infracción es real, la licencia operativa es retirada definitivamente”, sentenció Arias.
Otra funcionaria de Transporte dijo al diario que el denunciante informa “el número de la chapa del vehículo infractor, el precio que les cobraron u otras violaciones como la de dividir los recorridos habituales con tal de obtener las mismas ganancias por un tramo más pequeño”.
El Acuerdo del Consejo de la Administración Provincial establece que los transportistas que ejercen este trabajo por cuenta propia no pueden subir los precios del pasaje debido a que las condiciones de obtención del combustible para el ejercicio de la actividad no han tenido cambios que originen la elevación del costo de la transportación.
Sin embargo, la mayoría compra en bolsa negra el combustible, donde los precios sí subieron tras la reducción estipulada para los organismos.
Aunque los taxis privados cobran en función de la oferta y la demanda, según el reglamento para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, los Consejos de la Administración del Poder Popular están facultados para establecer normas específicas.
