A Yaquelín Vera Morfa se le quiebra la voz, cuando a manera de recuento, se refiere a los más de dos años vividos en Trinidad y Tobago.
“Han sido dos años y cinco meses con mucho dolor”, dijo visiblemente afectada esta mujer que emigró a Trinidad con su madre enferma y tres hijos.
Vera Morfa es parte de una comunidad cubana flotante que sobrevive en el país caribeño. Cifras oficiales indican que son más de 1.000 los cubanos que permanecen en Trinidad y Tobago.
“El racismo es extremo. Te pasan por el lado y te escupen”, contó Vera Morfa, que no se aleja de su hija menor Laura, de 11 años.
Migrantes cubanos como ella luchan para obtener el estatus de refugiado, que concede la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los que lo consiguen, están a un paso de ser reasentados en un tercer país.
En el caso de Trinidad, los cubanos entran con un permiso de estancia de 90 días. Una vez que expira ese plazo, el visitante es declarado y tratado como un indocumentado.
“Conozco casos de cubanos que han conseguido un trabajito de manera clandestina y cuando terminan no les pagan, y si protestan los amenazan con llamar a la policía. Es un abuso”, dijo Vera Morfa, que sí obtuvo la condición de refugiada.
Complejo proceso
El proceso es lento y se hace engorroso. Son decenas de miles los emigrantes que llegan a suelo trinitense, en su mayoría del Medio Oriente y Venezuela. De este último país, ACNUR ha registrado 40 mil arribos.
“Se espera que antes de que termine el año, ACNUR reubique en Canadá a un grupo grande de sirios y a solo tres familias cubanas. Es lo que ha trascendido extraoficialmente”, dijo la mujer que en repetidas ocasiones se ha manifestado e incluso protagonizado huelgas de hambre frente a la sede de ACNUR, en Puerto España, exigiendo el reasentamiento.
Ni Trinidad y Tobago, ni Barbados exigen visas a los cubanos, lo que las convierte en las únicas naciones en el Caribe que ofrecen este beneficio a los antillanos.
Los gobiernos de Trinidad y Tobago y Cuba iniciaron en agosto la negociación de un Memorando de Entendimiento en Materia Migratoria, que pretende dar un marco legal y crear un mecanismo efectivo para regular el flujo migratorio entre los dos países.
También busca combatir el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas y ofrecer un tratamiento adecuado y de respeto a los derechos humanos de los migrantes.
“Reciben y reciben y no tienen cómo mantener la estancia de estas personas. No te permiten trabajar y la persecución es brutal. Si te capturan, te envían para la prisión de Aripo y no se sabe el tiempo que puedes estar ahí”, comentó temerosa la mujer.
Cubanos que han pasado por Aripo denunciaron que durante el tiempo que permanecieron en prisión no tuvieron asesoría legal.
Para el régimen cubano, estos cubanos se marcharon y no tienen derecho al regreso, pues llevan más de dos años fuera del país.
En ese caso se encuentra también una docena de cubanos, incluyendo a cuatro menores de edad, que desde finales de octubre permanecen plantados ante las oficinas de ACNUR.
La mayoría dice haber pertenecido a grupos de la oposición cubana en la región central del país. Se nombran, Ramón Arboláez Abreu, Yaneisy Santana Hurtado, Onelia Alonso Hernández, Carlos Alonso Hernández, Yuriet Pedrozo González, Pedro Santana Maceo, Yusnel Reyes Santana, Ailys Arboláez Santana (18 años), Melany Arboláez Santana (9) años, Emanuel David Arboláez Santana (3 años), Gladys Lisandra Pérez Molina y Diusnel Pérez Molina (10 meses de edad).
En declaraciones a Martí Noticias, Rochelle Makhid, responsable de la asociación Living Water Community, auspiciada por Naciones Unidas, explicó que la ausencia de una ley que acepte refugiados en el país limita la actuación de la entidad de la ONU y le hace dependiente del nivel de protección que el Estado desee otorgar a estas personas.
De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad.
Trinidad se adhirió a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y a otros documentos de la ONU, referidos al mismo tema entre 1967 y 2000.
Cifras divulgadas por ACNUR indican que el número de refugiados creció en Trinidad y Tobago 40 por ciento, de enero a junio de 2017, respecto al mismo ciclo de 2016.
El caso de un opositor
El periodista independiente Pablo Morales llegó a Trinidad Y Tobago el pasado 16 de noviembre.
Días después sufrió un fuerte dolor en el pecho. Fue conducido al hospital público central de la ciudad capital, donde ha permanecido por las últimas dos semanas.
“Supuestos estudiantes de Medicina me preguntan a qué yo vine a este país, cuándo me marcho, número de vuelo de regreso. Una batería de preguntas que nada tiene que ver con mi estado de salud y que se hace sospechosa”, dijo el comunicador desde la cama 2, en la sala 33, del centro asistencial.
Los médicos no definen el tiempo que debe permanecer hospitalizado ni el tratamiento a seguir. Una doctora venezolana le ha dicho que tendrá que seguir internado por otros 15 días.
“Tengo el estómago lleno de manchas violetas, hematomas, producto de las inyecciones de heparina”. Sabrá Dios qué pasará cuando yo llegue al aeropuerto José Martí, de la Habana.
“Aquí no puede ocurrir accidente, si ocurre será provocado”, sentenció el opositor.
