Cuba
14 cubanos encarcelados tras rumor infundado sobre éxodo por la Base Naval
La detención de 14 jóvenes en Cuba que intentaban llegar a la Base Naval de Guantánamo tras un rumor infundado que recorrió la isla ha provocado la indignación en Cuba de familiares que se preguntan por qué casi dos meses después el gobierno cubano no ha desmentido la falsa noticia.
El rumor, que aparentemente surgió en las redes sociales y luego se extendió por todo el país, decía que un barco enviado por el presidente estadounidense Donald Trump aguardaba en el enclave militar de EEUU en el oriente de la isla para acoger a los cubanos que decidieran abandonar el país.
Yuliet Yero, esposa de Rafael Badari Sánchez Ruiz, quien junto a Danner Manuel Estrada Gorra fue deportado a territorio guantanamero luego de haber penetrado en la Base Naval estadounidense, dijo a Radio Martí que los dos jóvenes cruzaron por el campo minado, nadaron, y llegaron a la otra orilla, donde fueron interceptados por soldados de la Base Naval.
Quince días después fueron devueltos a territorio cubano. Durante ese tiempo nunca informaron sobre su estado a los familiares, que temían por sus vidas, porque “habían explotado minas, y no teníamos conocimiento de si estaban vivos o no”, dijo Yero.
Los familiares solo pudieron ver a los detenidos cuatro días después de ser repatriados. “Cuando los vimos [en las oficinas de Operaciones de la Seguridad del Estado en Guantánamo] no pudieron hablar nada, tenían la cabeza baja (…) parece que les estaban impidiendo que nos dijeran como fueron las cosas”, añadió.
Yero explicó que las autoridades estadounidenses entregaron a los jóvenes un salvoconducto, y una nueva muda de ropa, porque la que llevaban estaba muy deteriorada por la travesía, y los guardafronteras cubanos “se las quemaron delante de ellos y el documento se lo quitaron, y no se lo devolvieron”.
Según dijeron los dos jóvenes a sus familiares, el salvoconducto decía que eran entregados “en perfecto estado de salud”, y que al llegar a territorio de Cuba “debían ser liberados”, pero llevan más de 15 días bajo arresto en una cárcel guantanamera a la espera de un proceso judicial.
“Hoy nos avisaron que teníamos que contratar a un abogado para poder defenderlos, es decir, que van a juicio”, dijo Yero.
Una funcionaria de la Embajada de EEUU en La Habana contactó este martes a los familiares de los dos jóvenes para interesarse sobre su situación, señaló la mujer.
Al momento de redactar esta información RadioTelevisionMarti.com no ha podido confirmar esa versión con la Embajada de EEUU en La Habana.
“Violación de perímetro y desobediencia”
Liznet Téllez Ruiz, residente en el poblado de Caimanera y esposa de Danner Manuel Estrada Gorra, de 24 años de edad, y hermana de Sánchez Ruiz, de 23 años, confirmó a Radio Martí lo dicho por Yero.
Añadió que su esposo le dijo que recibieron buen trato por parte de las autoridades estadounidenses en la Base Naval, “buena alimentación, les pusieron nueve vacunas”, señaló.
Los dos jóvenes, que posiblemente el lunes sean llevados a juicio, según Téllez Ruiz, son acusados de “violación de perímetro y desobediencia”, lo que podría conllevar una sanción “de tres meses a un año de privación de libertad”.
La joven dijo a Radio Martí que aunque busquen a un abogado para que los defiendan, saben que los letrados están “a favor del gobierno”.
Otro joven, residente en La Habana, habría pasado 21 días en la Base Naval antes de ser también repatriado e igualmente detenido en el Combinado Sur de Guantánamo, según dijo Téllez Ruiz, citando el testimonio de su esposo.
El rumor desata una pesadilla
Junto con estos dos jóvenes, otros 12 fueron detenidos por intento de salida ilegal del país, 8 de Cienfuegos 2 de Holguín y 2 de Guantánamo.
Desde la provincia de Cienfuegos, Edil Aníbal Martell, padre del joven Aniel Martell, de 26 años de edad, uno de los ocho cienfuegueros que se encuentran en la prisión provincial de Guantánamo luego de ser arrestados en Caimanera cuando intentaban penetrar de forma ilegal en la Base Naval, dijo que los hechos ocurrieron el 4 de marzo.
Martel explicó que se enteró de lo sucedido por la policía, que visitó a los familiares de los jóvenes para informarles que se encontraban detenidos en Guantánamo por intentar llegar a la Base Naval.
Al momento del arresto los jóvenes fueron maltratados por los agentes cubanos, aseguró Martell. “A mi hijo lo zambulleron en el agua tres veces, le pusieron una capucha, lo arrastraron. A los otros les dieron piñazos, golpes, les ponían las botas de casquillo en la cabeza, le apuntaron con el revolver en la boca”, dijo el padre, quien supo de la verdadera situación de su hijo “a los ocho o diez días” porque al principio las autoridades “no dejaban que ellos hablaran”.
Según Martell, a estos ocho jóvenes se les acusa de “salida ilegal” del país. El cienfueguero explicó que indagaron con la Fiscalía por qué solo encausaban a sus hijos si “a gente de todo el país los viraron (…) había gente por todos los lugares, ¿por qué esa represalia con esos ocho?”.
El rumor supuestamente se extendió a través de las redes sociales, “se regó en todos los lugares”, dijo Martell.
Francisco Pilar Conde, padre del joven cienfueguero Jesús Miguel Aguilar, de 26 años,otro de los capturados por los guardafronteras cubanos, dijo que “todo comenzó con un comentario que se regó en la localidad donde vivimos, y al final se regó en toda Cuba, de que había un barco (…) y todo el que llegara a ese barco sería trasladado hacia los Estados Unidos”.
Ante este rumor las autoridades “lejos de desmentirlo lo que hicieron fue callarse y poner retenes en la carretera de ciento y pico, 200 guardias, en vez de informárselo a la población”, cuestionó Conde. “Si lo hubieran informado mi hijo estuviera en esa situación”, recalcó.
El padre de Jesús Miguel fue citado a las oficinas de la Seguridad del Estado, y allí le dijeron que su hijo estuvo “a punto de caer en unas minas”, y le dieron a entender que “eso había sido una maniobra de los Estados Unidos, que habían engañado a la gente para hacer algo parecido a lo que pasó en Venezuela”.
Dos oficiales de la Seguridad del Estado visitaron luego a Conde en su vivienda y le dijeron que los jóvenes serían “trasladados a Cienfuegos, que no fuera a Guantánamo (…) y estuve una semana y tanto esperando por la llegada de mi hijo”. Luego supo que los familiares de los otros detenidos habían viajado a Guantánamo y salió para allá. Al llegar, supo que Jesús Miguel y los otros siete se encontraban detenidos en el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, y serían trasladados al Combinado Sur.
Conde dijo que el grupo de jóvenes se adentró en el monte para evitar los retenes, y los guardafronteras “salieron al parecer a cazarlos con perros”, ante lo cual se dispersaron y terminaron perdidos entre la maleza.
Su hijo quedó en un grupo de cuatro, uno de los cuales se desmayó. Decidieron entonces entregarse, y llamaron a las autoridades, pero cuando los guardias llegaron al lugar los golpearon, y al desmayado le pusieron una bota de casquillo en la cabeza, les apuntaban con las pistolas, y las rastrillaban, dijo Conde, según el testimonio de Jesús Miguel.
El hombre dijo que el fiscal con el que se entrevistaron en Guantánamo les aconsejó “que no pongamos abogado (…) porque en definitiva ellos cometieron un delito”.
Rumor aún sin desmentido oficial
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, residente en Guantánamo, dijo a Radio Martí que “la mayoría de los cubanos desconocen que no se puede entrar a la Base Naval, porque hay un solo punto de entrada (…) que está controlado por militares de ambos países (…) el resto del perímetro fronterizo está altamente minado y es muy peligroso atravesarlo”.
Quiñones relata que el 22 de febrero pasado, dos días antes de que se celebrara en la isla el referendo constitucional, viajaba de Cienfuegos a Guantánamo, y el ómnibus fue detenido en el punto de control junto a otros vehículos, y “un gran número de militares de las fuerzas especiales del MININT y de las Fuerzas Armadas, que estaban deteniendo allí a todas las personas que no residían en Guantánamo".
El abogado añadió que se les exigía que dieran un número de teléfono para confirmar el motivo de su visita a la provincia, y si no podía ser confirmado, eran detenidos.
El también periodista dijo que en investigaciones que hizo sobre estos hechos algunos residentes comentaron que “en Caimanera había más de 150 ciudadanos detenidos porque habían logrado llegar hasta el poblado atravesando los campos”.
Luego se tomaron medidas más drásticas, dijo Quiñones, hasta el extremo de que en el circuito Sur de la provincia “fue limitada la circulación y verificada la entrada y salida de ciudadanos, incluso guantanameros”.
Según rumores que el periodista no ha podido confirmar, hubo en la zona “hasta disturbios en los que las autoridades dispararon balas de goma a ciudadanos que intentaron traspasar esos controles”.
El abogado cuestionó que las autoridades cubanas no hayan advertido del falso rumor a la ciudadanía. “Me llama la atención que todavía estén sucediendo esos hechos y las autoridades cubanas, ni por el Noticiero Nacional de Televisión, ni por el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido, hayan esclarecido esto para evitar estos incidentes que pueden resultar peligrosos para la vida humana”, subrayó.
Quiñones señaló que en lugar de afrontar estos cuantiosos gastos al presupuesto estatal con la movilización de fuerzas especiales hacia Caimanera y otras áreas de la provincia, hubiese sido muy simple publicar “una nota oficial en el periódico Granma para que tantos cubanos no afluyeran hacía allí en la creencia de que está existiendo algo que realmente es una gran mentira, y sin embargo no ha habido ninguna intención por parte del gobierno cubano de esclarecer esto”.
El abogado, que desde hace 20 años tiene prohibido ejercer su profesión en Cuba, dijo que la práctica que se ha seguido siempre es que las autoridades de EEUU entregaban a los cubanos “que habían logrado pasar el perímetro fronterizo sorteando todos estos peligros”, y a estos no se les encausaba, solo se les levantaba un acta de advertencia y se les dejaba en libertad.
“Desconozco si ha cambiado el procedimiento”, señaló.
“Este hecho que les están imputando de violación del perímetro fronterizo no es ningún delito, por lo menos no existe en el Código Penal”, recalcó el abogado. El delito contemplado es el de “salida ilegal”.
Sobre el delito de desobediencia, dijo que solo es aplicable cuando un ciudadano es advertido por un agente de la ley, de que haga o no determinada acción. El abogado señaló que no tiene sentido aplicarlo en este caso si estos ciudadanos llegaron hasta el perímetro de la frontera y nadie los detuvo ni les advirtió nada.
Noticias falsas y redes hackeadas
En la capital, el activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca dijo a Radio Martí que el rumor les llegó a través de una noticia falsa publicada en las redes sociales de opositores que fueron hackeadas por la Seguridad del Estado.
“La seguridad del Estado hackeó varias cuentas (…) nuestras y pusieron una noticia falsa de que Donald Trump había puesto un barco para los que quisieran abandonar el país ahí en la Base Naval de Guantánamo”, dijo Valle Roca.
La noticia falsa se difundió días antes del referendo constitucional, por lo que el activista señala -aunque advierte que no puedo esto afirmarse categóricamente- que quizás las autoridades buscaron desviar la atención de la campaña por el NO que varias organizaciones opositoras emprendieron en la isla.
“Con esas mismas noticias falsas que ellos crean nos quieren atacar a nosotros para sacarnos de circulación”, concluyó Valle Roca.
Un residente en el municipio holguinero de Gibara que prefirió no ser identificado dijo a Radio Martí que la falsa noticia “tuvo que ver con el referendo del 24 de febrero. Puerto Padre, Banes, y Gibara fueron prácticamente sitiados, igualmente Caimanera, por el sur de Oriente. No permitieron a los pescadores salir a sus labores diarias”.
Agregó que en Gibara “se llevaron presas a muchas personas que cogieron escondidos en las cuevas por esos supuestos barcos americanos que vendrían a recoger gente. Reforzaron la presencia de la PNR con Tropas Especiales (…) Detenían el transporte público, pedían carnet de identidad, y si no tenía dirección del municipio no podían entrar al pueblo”.
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Los nombres de los 14 jóvenes detenidos son: Cienfuegos 1. Amari Martínez 2. Yordanis Ramírez 3. Yasdiel Galván 4. Aniel Martell 5. Lázaro Valdés 6. Jesús Miguel Aguilar 7. Carlos Antonio García 8. Tasmania Marcelino Mendoza Holguín 9. Roinel Espinoza 10. Adonis Domínguez Guantánamo 11. Arcelio Lechuga 12. Yorli Céspedes 13. Danner Manuel Estrada Gorra 14. Rafael Badari Sánchez Ruiz |
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal, su política es promover una inmigración ordenada y segura.
(A partir de entrevistas concedidas al reportero Tomás Cardoso en el programa Hoy en Cuba, de Radio Martí)
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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