Políticos y activistas denunciaron en Bruselas las violaciones de derechos humanos y laborales de los cubanos en misiones en el exterior, y señalaron directamente a la empresa militar GAESA como beneficiaria de un negocio de miles de millones.
Hugo Acha, director de Investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), al referirse a la participación de GAESA en el esquema de explotación, dijo que es "más que válido determinar realmente a dónde van los dineros y los recursos que se gestionan a nombre de algo que no es una revolución”.
Citando una investigación de la FDHC, Acha reveló que GAESA “no es una empresa cubana”, sino que “está domiciliada en Panamá”.
“Y luego del fallecimiento del general (Luis Alberto Rodríguez) López-Calleja, pudimos determinar que el control administrativo y societario recae en individuos que no residen en Cuba. La mayor parte reside aquí en la Unión Europea”, expuso.
En el panel, celebrado en el Parlamento Europeo, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dijo que "cada minuto que hablamos, hay de 50.000 a 100.000 profesionales en el exterior de Cuba bajo estas condiciones”.
Entre ellos mencionó a marineros, profesionales de la salud, profesores, ingenieros, deportistas y artistas.
“Es el volumen de negocios. Y aquí está la clave. ¿Por qué la esclavitud? Lógicamente, porque hay un patrón capitalista-esclavista que está llevándose el dinero”, denunció Larrondo, cuya organización amplió recientemente ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional su demanda sobre el tema, para incluir a los gobiernos de México, Catar y Calabria.
La situación de los países receptores fue también uno de los temas más debatidos.
“Estos abusos forman parte de un patrón mucho más amplio de violaciones de derechos humanos que comete la dictadura cubana. Cuba es el principal responsable, pero no el único. Los Estados que reciben a médicos cubanos también tienen obligaciones con respecto a estas personas”, advirtió Juan Pappier, directivo de la División Américas de la organización internacional Human Rights Watch.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nart exigió responsabilidades a la Unión Europea por las operaciones que avala. Dijo haberse reunido, sin éxito, con los embajadores de Portugal y Noruega, países que financian misiones cubanas en Guinea Bissau y Haití, respectivamente, y también con las autoridades italianas.
“Les presenté toda la documentación. El embajador se quedó atónito, y yo estoy atónito de lo atónito que se quedó el embajador, porque no ha producido ningún resultado. O sea, la hipocresía en estado químicamente puro”, protestó Nart.
Renovar Europa, el grupo parlamentario organizador del evento, recordó las resoluciones del Parlamento Europeo que instan a Cuba a implementar y cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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