Cuba
Informe de Cuba a SIP: Organismos del Estado son cómplices en represión a periodistas
El informe sobre los límites a la libertad de prensa en Cuba presentado en la 74a. Asamblea General Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se inaugura este viernes, en Salta, Argentina, menciona a las estructuras del Estado cómplices en el hostigamiento a los periodistas en la isla.
El informe sobre la situación de libertad de prensa en Cuba fue realizado por el periodista independiente Henry Constantin, quien explicó a Radio Martí que no pudo asistir al evento porque las autoridades de la isla le impiden la salida del país al estar en condición de "regulado".
El reporte sobre Cuba denuncia que el régimen castiga con mayor rigor a las mujeres comunicadoras: "Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el MININT les aplica los castigos más prolongados, especialmente a aquellas que tienen hijos".
Además menciona a todas las estructuras del gobierno que se subordinan al Ministerio del Interior y son cómplices en la represión a los comunicadores, entre ellas, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista, y "en los casos donde sea necesario, a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución, los ministerios de Educación Superior y Cultura, la Aduana General de la República, la Comisión Electoral Nacional y el Instituto Nacional de Vivienda y Planificación Física".
La asamblea, que se celebra del 19 al 22 de octubre, tiene un marcado interés en la libertad de expresión en los medios digitales y han preparado un borrador encaminado a defender y promover las libertades de expresión y de prensa como "derechos inalienables de las personas" y el acceso al Internet como un derecho humano.
A continuación reproducimos el informe de Cuba elaborado por Constantin, en calidad de vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP):
INFORME SOBRE LIBERTAD DE PRENSA EN CUBA
Abril-Octubre 2018
En medio de un tsunami de represión policial y de meses de continuada tortura sicológica sobre la prensa independiente, Cuba ha cambiado el nombre del presidente de la república. Entre abril y octubre de 2018, el país ha heredado de Raúl Castro –además de la falta de libertades y oportunidades económicas, la desesperanza política y el subdesarrollo físico, cívico y digital- otras tres cosas, ninguna de ellas positivas para la libertad de prensa.
Las dos primeras son el grupo familiar del expresidente, que gobierna y reprime desde atrás y un presidente, Miguel Díaz-Canel, sin poder ni voluntad para construir libertad de expresión y mucho menos de prensa en Cuba, contra las que además se pronunció en un video filtrado hace unos meses, en el cual clasifica como propuestas con contenidos subversivos “que se están analizando” las redes wifi ilegales, medios de comunicación que ni siquiera son críticos con el gobierno, y El Paquete (un combo de productos digitales comunicativos extranjeros que se distribuye en Cuba a través de vendedores privados). "Han aparecido sitios, portales y revistas aparentemente inofensivas y de perfil bajo" que, según Díaz-Canel, se encargan de la "difusión de estereotipos probados de guerra cultural". En el mismo video, aseguró: "Que se arme el escándalo que se quiera armar, que digan que censuramos, todo el mundo censura".
La tercera herencia nociva para la libertad de prensa en Cuba, es la Constitución que hoy está oficialmente en “discusión” y debe ser aprobada el 24 de febrero próximo. En ella se mencionan pero limitan las libertades de prensa y expresión, especialmente en su artículo 60:
Se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley.
Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que asegura su uso al servicio de toda la sociedad.
El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.
Este proceso de cambio de presidente formal, y de “análisis constituyente”, se ha ejecutado simultáneamente con la ola represiva contra la sociedad civil que comenzó en el segundo semestre de 2016, y que ha tomado como una de sus objetivos prioritarios silenciar a los medios de comunicación y a los periodistas en Cuba.
Para lograr esto, el Ministerio del Interior, organismo coordinador y principal ejecutor de la represión, ha continuado aplicando, sobre los comunicadores, métodos que por su continuidad en el tiempo, el ámbito familiar en el que se ejecutan, la impunidad con que ocurren, la amplitud de facetas de la vida del comunicador que afectan –económica, social, familiar, profesional, síquica, legal-, la ubicuidad con que atacan –en la calle y la vivienda, en los aeropuertos, hospitales, instituciones de justicia y policiales, los centros de estudio de los hijos y de trabajo de familiares cercanos, el vecindario y la Internet y los demás espacios digitales del comunicador- y sobre todo, por la variedad de esos métodos represivos, su dureza, y la indefensión casi absoluta del agredido frente a ellos, califican como operaciones programadas de tortura sicológica.
Son las mismas técnicas que ha empleado el gobierno cubano en los anteriores semestres de este tsunami represivo: detenciones que duran desde una hora hasta 4 o 5 días como las que han sufrido:
Iris Mariño, Roberto Jesús Quiñones, Osmel Ramírez, Martha Liset Sánchez, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Rudy Cabrera, Augusto César San Martín, José Antonio Fornaris, Boris González, Mario Echevarría, Roberto Rodríguez Cardona, Luis Cino, Emiliano González, Manuel León, Alexander Rodríguez, Alejandro Hernández, Osniel Carmona, Yuri Valle, Anderlay Guerra, Carlos Alberto Torres, Niorbis García, Yordis García, Daniel González, Deris Solís, Eider Frómeta, Adrián Quesada, Vladimir Turró, Eradilys Frómeta;
Invención de acusaciones y de pruebas en función de condenas judiciales fraudulentas:
Rosalia Viñas, Inalkis Rodríguez, Alberto Castaño, Manuel León, Alexander Rodríguez, Niorbis García, Yuri Valle, Eider Frómeta;
Y agresiones físicas:
(Alejandro Hernández, Alberto Corzo, Eider Frómeta).
Es común también el uso de rcitaciones para interrogatorios y amedrentamiento en oficinas del Ministerio del Interior:
Inalkis Rodríguez, Rosalia Viñas, Idilsa Bailly, Oscar Padilla, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Rafael Gordo, José Antonio Fornaris, Mario Echavarría, Yaudel Estenoz, Yuri Valle;
El hostigamiento de los familiares y amistades cercanas:
María Ferreiro y Héctor Constantin –padre y madre de Henry Constantin-, Aurora Albistur –madre de Augusto César San Martín-, Mario Junquera –esposo de Iris Mariño-, Idilsa Bailli –esposa de Niorbe García-, Adolfo Antonio Fornaris –hijo de José Antonio Fornaris-, María Pérez –suegra de Osniel Carmona-, las esposas de Julio Aleaga y Emiliano González, Yudania Moné –hija de Gladys Linares;
La vigilancia sobre el domicilio:
Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Henry Constantin;
la vigilancia y el ataque a las comunicaciones telefónicas y digitales:
Dagoberto Valdés, José Antonio Fornaris, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Henry Constantin.
Aumenta además en el último semestre la frecuencia y agresividad del seguimiento y acoso verbal o físico a los comunicadores en la vía pública:
Iris Mariño, Carlos Alberto Torres, Alejandro Hernández, Henry Constantin, Eider Frómeta); así como los registros en sus viviendas (José Antonio Fornaris, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Roberto de Jesús Quiñones, Emiliano González, Niorbe García, Idilsa Bailly, Daniel González, Julio Aleaga;
y las presiones a los arrendatarios para que desalojen a periodistas de sus viviendas alquiladas:
Adriana Zamora, Odalina Carmona, Sol García, Ernesto Carralero). Además, la Seguridad del Estado ha ejecutado campañas difamatorias contra comunicadores en sus zonas de residencia o en Internet (Iris Mariño, Osniel Carmona.
Continúa como práctica común la confiscación de bienes de trabajo y personales, casi siempre sin mediar la documentación legal debida:
José Antonio Fornaris, Carlos Alberto Torres, Roberto Jesús Quiñones, Emiliano González, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Alejandro Hernández, Osniel Carmona, Niorbe García, Daniel González, Mario Echevarría, Eider Frómeta, Rudy Cabrera, Augusto César San Martín;
la prohibición de salida del domicilio, el municipio, la provincia o el país:
Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Karina Gálvez, Rosalia Viñas, Amarilis Cortina, Odalina Guerrero, Sol García, Miriam Herrera, Ana León, Ileana Álvarez, Yaudel Estenoz, Roberto de Jesús Quiñones, Osniel Carmona, Rafael Gordo, Yuri Valle, Augusto César San Martín, Julio Aleaga, Emiliano González, Henry Constantin;
el acoso a través de interrogatorios y revisiones exhaustivas durante estancias en aeropuertos:
María Ferreiro, Augusto César San Martín, Rafael Gordo;
o la obstaculización de residencia en el país a periodistas extranjeros (Fernando Ravsberg).
Se mantiene el caso de la única comunicadora cubana que cumple sentencia y trabajo forzado de carácter humillante como condena: Karina Gálvez, miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia.
Además, la organización política Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denuncia el encarcelamiento, tras juicios amañados, de varios de sus activistas, solo por filmar videos expresando sus simpatías políticas. Por otro lado, se hace común el arresto y hostigamiento de artistas independientes que protestan contra el Decreto 349, un instrumento legal recién puesto en vigor que penaliza a artistas que trabajen en la economía privada, sin autorización estatal.
Todo esto ocurre con la total subordinación al MNINT del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la República, que aunque suelen recibir las reclamaciones presentadas por los comunicadores, nunca las responden ni investigan. En la represión el gobierno también usa las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista, y en los casos donde sea necesario, a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución, los ministerios de Educación Superior y Cultura, la Aduana General de la República, la Comisión Electoral Nacional y el Instituto Nacional de Vivienda y Planificación Física, entre otras.
Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el MININT les aplica los castigos más prolongados, especialmente a aquellas que tienen hijos: Karina Gálvez –analista económica y miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia- cumple una condena de tres años por un delito fabricado, que la obliga a no salir de su municipio a hacer un trabajo humillante para no ir a la cárcel; Inalkis Rodríguez –periodista y asistenta general de la revista La Hora de Cuba- y Rosalia Viñas –diseñadora y miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia- tienen medidas cautelares de restricción de viajes por investigaciones amañadas levantadas en su contra por la Seguridad del Estado, la primera de ellas inclusive tiene prohibido salir de la ciudad donde vive, y la segunda recibe frecuentes citaciones a interrogatorio.
Además, se mantiene entre los casos graves el de Iris Mariño –fotógrafa y periodista en La Hora de Cuba- ha sufrido diferentes actos que califican como tortura sicológica y acoso sexual continuado, en forma de seguimientos, filmaciones, tocamientos y hasta un beso en la vía pública por parte de agentes de la Seguridad del Estado, así como es la única en Cuba que reporta haber sufrido un acto vandálico en la fachada de su casa entre quienes trabajan en medios de prensa cubanos. Tiene “provisionalmente archivada” una denuncia levantada por la Seguridad del Estado de “usurpación de capacidad legal”. Fue arrestada durante unas tres horas cuando intentaba sacar su cámara durante el desfile oficialista del 1 de mayo. Durante ese arresto fue sucesivamente interrogada y acosada con frases de contenido erótico por 4 agentes de la Seguridad del Estado, en una oficina policial. Poco después se le prohibió salir del país a un encuentro previsto con el relator de libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos. En junio aparecieron pintados letreros ofensivos contra ella y su esposo en la fachada de su casa. Entre agosto y septiembre ha sido seguida en varias ocasiones por agentes de la Seguridad del Estado. Además, las autoridades le cerraron uno de sus empleos como profesora.
INTERNET
Al menos una veintena de sitios webs de medios de prensa enfocados en Cuba y organizaciones periodísticas internacionales (como el de la SIP) y de derechos humanos, siguen bloqueados por las autoridades cubanas. Algunos han sido desbloqueados en cortos periodos, como ocurrió durante la reciente visita a la isla de altos funcionarios de Google.
Además, ETECSA, monopolio estatal de las telecomunicaciones, ha hecho pruebas de mala calidad pero gratuitas de Internet en móviles, y ha anunciado que “pronto” tendrán los cubanos acceso a ese servicio, aunque se especula que el precio será tan alto como el que ofrecen para Internet en las viviendas: el servicio mínimo mensual para 30 horas de navegación, cuesta la mitad del salario medio mensual en Cuba. Con esos altísimos precios y la baja difusión geográfica del acceso a Internet, sigue siendo muy difícil para los cubanos usar la red de redes para informarse o compartir información.
La página en Facebook del Centro de Pensamiento Convivencia, que dirige Dagoberto Valdés, y que solo publica links de textos tomados de la web de esa entidad independiente, fue cerrada por Facebook en agosto en base a denuncias recibidas por determinados usuarios. Antes, en mayo, durante un interrogatorio a un miembro de Convivencia, un agente del MININT manifestó el malestar oficial con las publicaciones que hacían los miembros del equipo en las redes sociales.
EDUCACIÓN
Los jóvenes que desean estudiar Periodismo en las universidades cubanos siguen sometidos a pruebas “de aptitud” que miden las opiniones políticas de los aspirantes, y los aprueban solo cuando estas sean progubernamentales. Además, en esta evaluación de “aptitud” se le da especial influencia al criterio del rector y del decano –militantes del Partido Comunista- de las facultades donde el aspirante intente estudiar periodismo.
Los reglamentos que rigen el comportamiento de los estudiantes en todos los niveles de enseñanza siguen castigando con fuerza la emisión por cualquier vía de ideas o informaciones que disgusten al gobierno.
Se ha anunciado la elaboración futura de leyes para regular determinados temas de la nueva constitución, pero quienes tienen la posibilidad de hacerlas son funcionarios gubernamentales que carecen de capacidad o interés en introducir mejoras significativas en los temas de libertad de expresión y prensa en Cuba.
[Con informe de la SIP y reporte de Idolidia Darias]
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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