La activista Aimara Nieto Muñoz fue golpeada por carceleros de la prisión de Mujeres de Manatí, en Las Tunas, donde permanece en una celda de castigo, denunció este viernes su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
La información llegó a la familia a través de llamadas telefónicas que hicieron dos reclusas desde esa penitenciaría en horarios diferentes del miércoles, 3 de junio, confirmó el opositor a Radio Televisión Martí.
Primero llamó una de las reclusas, "muy asustada", para decirle que la tenían en celda de castigo, "y que estaba viva", relató.
Unas dos horas después recibió la llamada de otra detenida, quien le confirmó que dentro del lugar donde la tenían la habían golpeado, precisó Reñí.
Este jueves, el activista Claudio Fuentes, quien lidera una campaña en las redes sociales por la libertad de los presos políticos cubanos, denunció el hecho.
"Aimara Nieto Muñoz, hoy ya son 32 días en celda de castigo, y fue golpeada, según reporta una interna que logró comunicarse con su familia", escribió.
La pasada semana, luego de más de 20 días sin recibir llamadas telefónicas de Nieto Muñoz, Reñí y la madre de la activista se presentaron en las oficinas del MININT, en La Habana, para indagar sobre su situación.
El oficial que los atendió les dijo que desde la prisión en Las Tunas le aseguraron que no estaba confinada, pero que tenía una medida de 30 días sin usar el teléfono.
"Me mintieron cuando aseguraron que ella no había sido castigada", recalcó el activista, quien recuerda que en las prisiones de la isla los carceleros usan métodos represivos contra los presos políticos, y "sé de lo que son capaces", aseveró.
Aimara Nieto Muñoz, quien también pertenece a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue sentenciada en 2018 a cuatro años de cárcel por los delitos de atentado, daño y desacato.
La UNPACU denunció que la activista cumple por segunda ocasión una injusta sanción política.
En marzo pasado fue trasladada desde la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, hacia la cárcel de Manat, en Las Tunas, a 600 Kilómetros de su lugar de residencia, donde supuestamente cumplirá los dos años que le restan de la sanción.
La familia ha denunciado las medidas arbitrarias que se han aplicado contra la prisionera política en esa cárcel, entre ellas impedir que amigos en esa provincia le hagan llegar alimentos y otros enseres que, por las prohibiciones de viaje en el país por el coronavirus, no pueden llevar sus familiares desde La Habana.
