La Habana - Para llegar a la casa del abogado disidente Julio Ferrer Tamayo, 58 años, la concurrida Esquina de Tejas, a diez minutos en automóvil del centro de La Habana, puede servir como punto de referencia. En la famosa esquina convergen cuatro arterias principales de la ciudad: Monte, Infanta y las Calzadas del Cerro y Diez de Octubre.
Caminando por un portal sucio de baldosas rotas, luego de pasar San Joaquín y Romay, en una minúscula casa cuya puerta da a la calle Monte, reside Ferrer, quien me recibe con un short negro y un pulóver azul. Su domicilio es una habitación calurosa con una 'barbacoa' que sirve de dormitorio y baño. La pequeña sala está ocupada por un sofá y dos butacones tapizados en colores ocres. En un multimueble, un equipo de música estéreo y un televisor antiguo.
Tras once meses encarcelado el pasado 25 de agosto, Julio Ferrer fue liberado. Es un hombre libre. O al menos eso supone. Seis días después, en la mañana del jueves 31 recibió una grata noticia. “En un juicio que le realizaron a mi esposa, el tribunal dictaminó que debía ser absuelta. No creo que la excarcelen pronto, pero espero que antes de finalizar el año pueda estar de nuevo en nuestro hogar ”, dice Ferrer.
Desde el 31 de julio de 2012, hace cinco años y un mes, la abogada Marienys Pavó Oñate duerme con un traje gris de reclusa en una cárcel de mujeres ubicada al oeste de la capital. “Los procesos orquestados por la maquinaria jurídica contra ella y contra mí, se han montado con evidencias falsas. Detrás hay una cacería de brujas hacia mi persona, porque desde 2009 me afilié a organizaciones de juristas independientes”, señala Ferrer en tono pausado.
Sus discrepancias con el gobierno comenzaron mucho antes. Natural de Santiago de Cuba, a 957 kilómetros al este de La Habana, Julio fue educado por sus padres con una máxima: la dignidad no se negocia.
Como la mayoría de los cubanos, aplaudió a los que ofrecían discursos de prosperidad y soberanía. Pero siempre mantuvo sus criterios propios. Al graduarse de Derecho, de primera mano conoció la corrupta maquinaria jurídica cubana.
Llegó a convertirse en uno de los más respetados jueces y en un abogado de calibre dentro de un régimen totalitario, donde el conjunto de leyes que norma a la sociedad, suele ser letra muerta.
En 1993 decidí dejar de ejercer como juez y comencé a laborar como abogado en un bufete colectivo.
“Hasta 1993 fui juez del tribunal municipal de Guanabacoa. Cuando ocupé el puesto, había decenas de casos archivados y otras irregularidades que junto al equipo que trabajaba conmigo, logré poner al día. Siempre he mantenido un precepto cardinal: respetar el imperio de las leyes, propiciar un juicio justo y con garantías procesales y cuidar que las diferentes instituciones, ya sea la Fiscalía o la instrucción policial, documenten correctamente cada acusación. Pero muchas veces, los encargados de administrar la justicia incumplían ese precepto. Las causas del incumplimiento eran diversas e iban desde el mal trabajo hasta lo más peligroso: falsificar testimonios para incriminar a un inocente”, explica Ferrer.
Y pone de ejemplo “el caso de una persona que cumplía prisión preventiva y ni siquiera existía la documentación en el tribunal. Ese ciudadano debió ser liberado de inmediato. Para justificar las arbitrariedades jurídicas se construyó el caso, falsificando incluso el libro de registro del juzgado”.
En su opinión, “los tribunales en Cuba no tienen autonomía. El sistema de justicia es manejado a su antojo por los gobernantes y sus instituciones policiales. Existen sutiles mecanismos de coacción para que un juez se pliegue a los intereses del partido municipal, provincial o autoridades policiales. Durante las fiestas de La Tutelar, que se celebran el 15 de agosto en honor de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Guanabacoa, la policía mandaba al tribunal un camión lleno de detenidos por supuesta presunción delictiva con la intención de que efectuáramos juicios exprés y los encarceláramos. Como juez, al ver que se quebrantaban los procedimientos penales, los liberaba. Eso me granjeó antipatías dentro del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Partido Comunista”.
En Cuba, la autonomía por cuenta propia tiene su precio. Existe una frontera invisible, donde nadie sabe cuál es el límite de lo permisible, pero que no se puede franquear. Y el jurista Julio Ferrer la traspasó.
“Tuve expedientes de personas sancionadas que, por diversas irregularidades, fueron absueltas y tuvieron que devolverles sus propiedades. Recuerdo el caso de una empresa fantasma que dirigía el Consejo de Estado e incumplía abiertamente todas las leyes vigentes. Un trabajador fallece por un accidente laboral y la Fiscalía acusa a un electricista como presunto culpable. Luego de estudiar toda la documentación, pedí que comparecieran como acusados el director de la empresa y el jefe de recursos humanos con el objetivo de esclarecer los hechos. El mismísimo José Luis Toledo Santander, entonces fiscal del Tribunal Provincial y decano de la Facultad de Derecho, hoy al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se llegó a mi oficina para intentar persuadirme. Al no convencerme, sencillamente anularon el juicio”, rememora Ferrer.
Amistades cercanas a Julio le hicieron saber de la animadversión hacia él que sentían las autoridades políticas y policiales del municipio habanero de Guanabacoa. Lo tenían en el punto rojo del colimador.
Existen sutiles mecanismos de coacción para que un juez se pliegue a los intereses del partido municipal, provincial o autoridades policiales.
“Mucho antes de entrar en la disidencia, estaba marcado como un tipo 'conflictivo'. Trataron de comprarme por diversas vías y me mantuve firme. La mayoría de los jueces y fiscales que atienden casos de interés del Estado, colaboran con la Seguridad y eso jamás lo iba aceptar. En 1993 decidí dejar de ejercer como juez y comencé a laborar como abogado en un bufete colectivo. Nunca me pillaron en nada sucio. Era el primero en llegar a mi puesto de trabajo y el último en marcharme. Siempre me mantuve estudiando, superándome, actualizándome. Me especialicé en derecho penal, administrativo y militar. Pero ya yo era un estorbo”, confiesa Ferrer.
Y llegó el momento de pasarle la cuenta. Ocurrió en 2009, cuando primero ingresó en la Asociación Jurídica Cubana, y después en Cubalex, dos organizaciones consideradas ilegales por el régimen. Comenzó entonces la cruzada contra el matrimonio de abogados formado por Julio Ferrer Tamayo y Marienys Pavó Oñate. Cubalex, una consultoría que dirigía Laritza Diversent, el 23 septiembre de 2016 fue disuelta a la fuerza por la Seguridad del Estado.
Todos los que desobedecen al castrismo, saben que una de las estrategias favoritas de los servicios especiales para plegar a un opositor es utilizar a la familia. Y Marienys, la esposa de Ferrer, fue la primera víctima. “La acusaron de cohecho y supuesta falsificación de documentos de su propia casa. Luego la sancionaron por estafa a nueve años de privación libertad. Y posteriormente, en una conjunta, la condena se quedó en siete años. Todo es un invento. Su caso no resiste el más mínimo análisis jurídico. Incluso la jefa del penal ha pedido diferentes documentaciones a los tribunales y la respuesta ha sido el silencio. Mi esposa es un rehén. Una estrategia para doblegarme”.
El propio Julio ha sido inculpado por el régimen de diversos delitos. Pero al final las autoridades terminan liberándolo. “Cuando el 23 de septiembre, de manera arbitraria me detuvieron en las oficinas de Cubalex, en cinco unidades policiales no quisieron recibirme por las evidentes irregularidades del caso. Todo este proceso es un montaje de ellos”, término que Ferrer utiliza para referirse a la policía política y el sistema jurídico cubano.
"Mi esposa es un rehén. Una estrategia para doblegarme”
Julio Ferrer cumplió once meses de privación de libertad en la prisión 1580, situada en San Miguel del Padrón, al sureste de La Habana. "¿Quién paga por esos errores judiciales?", le pregunto. “En Cuba existe una norma de compensación ante cualquier arbitrariedad legal. Pero nunca se hace efectiva, y menos con alguien que consideran enemigo de la revolución”, contesta el abogado independiente, que aún mantiene su pleito desigual contra el Estado despótico.
“Voy a presentar en los tribunales una demanda contra el canciller Bruno Rodríguez por las falsedades y calumnias que contra mi persona presentaron en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra”, acota Ferrer.
"¿Qué gana con esa querella? ¿No se da cuenta que Cuba es una auténtica dictadura?", le vuelvo a preguntar. “Tener un conocimiento de las leyes imperantes te ponen en una mejor situación. Ni siquiera el gobierno cumple con sus propias legislaciones. En esta confrontación pacífica estamos demostrando la inoperancia del sistema. El arma que nos puede dar la victoria es poseer más conocimientos legales que los funcionarios del gobierno”, responde.
La noche comienza a caer en El Pilar, popular barrio de El Cerro donde reside el incansable abogado disidente. De fondo se escucha el bullicio de una cuartería aledaña a su vivienda y un reguetón a todo volumen.
Voy a presentar una demanda contra el canciller Bruno Rodríguez
Julio Ferrer prende el viejo televisor. Quiere ver un partido de béisbol de la Serie Nacional. Luego llama por teléfono a su hija Carla y charlan un rato. Un día cualquiera de octubre o noviembre espera que su esposa toque a la puerta.
El futuro a mediano plazo del matrimonio Ferrer-Pavó probablemente sea emigrar a Estados Unidos como refugiados políticos. No ven otra salida. Han sufrido un brutal acoso del régimen. Y en Cuba se encuentran en tierra de nadie.
