El pasado 18 de mayo se cumplieron cinco años del desastre aéreo ocurrido en La Habana que costó la vida a 112 personas tras estrellarse un Boeing 737, propiedad de la compañía mexicana Global Air y fletado por Cubana de Aviación.
Sin embargo, la demanda interpuesta por un grupo de familiares de las víctimas y la única sobreviviente del accidente, Mailén Díaz Almaguer, parece no avanzar.
Entre los fallecidos se encontraban 101 cubanos y 11 extranjeros: siete mexicanos -incluidos los seis miembros de la tripulación y una turista-, dos argentinos y dos saharauis residentes en la isla, uno de los cuales tenía también nacionalidad española.
“La verdad es que está siendo un proceso muy complicado porque se juntan diversas circunstancias que lo hacen extremadamente dificultoso”, indicó a Martí Noticias, el abogado español Carlos Villacorta Salís, socio director de BCV Lex, contratada por los reclamantes.
“Para empezar, tenemos una compañía aérea desaparecida porque la compañía aérea, que era una compañía que tenía 2 ó 3 aviones, al día siguiente del accidente, sencillamente desapareció. Ha reaparecido en otro país, en Ecuador y con otro nombre, Aeroregional, y está haciendo operaciones con la misma falta de profesionalidad con que operaba cuando estaba en México”, denunció el jurista.
Otra dificultad es que el seguro que tenía Global Air es establecido por “una aseguradora rusa que pertenece a un grupo financiero sancionado por la Unión Europea y que, por nuestras informaciones, está vinculado al Gobierno actual, al entorno del Presidente de la Federación Rusa”, afirmó el letrado, experto en Derecho Internacional y en Responsabilidad Civil.
La demanda fue presentada contra Manuel Rodríguez Campo, dueño de la compañía Global Air, conocida comercialmente como Damohj, y contra dos de sus hijos, contra la empresa Global Air, contra la aseguradora mexicana ‘Ve por más’, y contra la aseguradora rusa VTB, “que tenía la póliza específica de los vuelos a realizar dentro de Cuba bajo el control de Cubana de Aviación, explicó el abogado.
La justicia española rechazó investigar el accidente porque, entre otros asuntos, el querellante “elude las claras conclusiones de la investigación” cubana, que achacó la tragedia “a una cadena de errores, con preponderancia en el factor humano”.
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIA), con sede en España, emitió su fallo que se publicó el 11 de septiembre de 2019 en el sitio web del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, y ratificó como causa más probable “la pérdida del control” de la aeronave, “debido a una cadena de errores, con preponderancia en el factor humano”.
La CIAIA determinó como “factores contribuyentes” al desastre, “inconsistencias en el entrenamiento de las tripulaciones; errores en los cálculos de peso y balance” y “bajos estándares operacionales puestos de manifiesto en el vuelo”.
El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba reconoció la participación en la investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Cuba, el fabricante Boeing de Estados Unidos y la autoridad aeronáutica de México.
“Desgraciadamente, la colaboración del Gobierno cubano ha sido cerca de ninguna, por no decir directamente ninguna, para empezar”, apuntó Villacorta.
Cuando el equipo de abogados españoles visitó la Isla para reunirse con familiares de las víctimas, fueron “acosados”, “detenidos” e “invitados a abandonar el país”.
“Posteriormente nos obligaron a contar con los servicios de unos abogados locales”, agregó Villacorta en referencia a los servicios de los estatales “bufetes colectivos”, cuya “independencia y confidencialidad es una cosa que puede por lo menos discutirse o sospecharse que funcione”, aseveró.
“El Gobierno cubano no intenta “ayudar a las familias para que fueran correctamente indemnizadas y para que se conociera la verdad, al margen de un informe técnico sobre las causas del accidente, que ignora una cantidad de elementos importantes sobre la compañía aérea”, subrayó Villacorta.
Por su parte, Noelys García López, miembro del grupo de familiares que llevan adelante la demanda expresó con tristeza a nuestra redacción que la terrible muerte de su hija y su nieta le cambió para siempre la vida a ella: “Se podía haber evitado. Los accidentes de aviación existen en el mundo entero, pero cuando hay negligencia, u otro tipo de intereses que no piensan en las personas que puedan perjudicarse, es muy duro”.
García López perdió en el siniestro a su hija de 32 años, la cirujana Mónica Leyva García y a su nieta de 15 meses, Alexia García Leyva.
“Ya había un precedente con esa compañía: una auditoría que especialistas cubanos hicieron a los aviones recomendaron que no se la contratara, pero obviaron el consejo. Entonces ¿qué se dice? ‘un error humano’. Es más fácil porque ya ellos murieron y no tienen que dar cuenta”.
“Mi único objetivo es que se haga justicia y se aclare lo que en realidad pasó. Ya no me van a devolver a nadie, pero tienen que descansar en paz. Además, no quiero que suceda a alguien más y esa empresa está volando en Ecuador. Yo no estoy conforme con el informe que sacó Cubana de Aviación”, recalcó la madre.
La Global Air dijo en julio de 2018 que los datos obtenidos de la caja negra mostraron que “la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia su desplome”.
“Global Air había sido objeto de varias inspecciones, una, 6 meses antes del accidente, de la cual se desprenden ya irregularidades de una gravedad enorme, que incluyen falta de formación y de rigor en el mantenimiento, falta de actualización de la documentación técnica del avión”, reveló Villacorta.
“Podría decirse que el Gobierno cubano se ha puesto del lado de los responsables, protegiendo sus intereses políticos, es decir, los intereses, cualesquiera que sean, de Cubana de Aviación y protegiendo los intereses comerciales de una compañía de seguros rusa que debería pagar unas indemnizaciones decorosas y que no lo ha hecho”, recalcó el jurista.
Actualmente están en proceso dos procedimientos colectivos, uno abierto en nombre de los familiares de la tripulación y otro abierto en nombre de familiares de 52 pasajeros fallecidos y de la superviviente.
“Estos dos procedimientos están en trámite de certificación (…) Dar la demanda a la entidad rusa, con las circunstancias de la guerra es un elemento más, además del COVID, que ha venido a complicar el proceso”, detalló el especialista.
La compañía de abogados solicitó información a Boeing, la fabricante de la aeronave, debido al contrato de servicios con la compañía aérea: “Queremos ver cómo se cumplía ese contrato, cómo se estaba haciendo el mantenimiento de los aviones y la supervisión técnica de la documentación de los aviones”.
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