La prensa de Las Tunas, en Cuba, publica hoy tres números telefónicos con un llamado a denunciar a los choferes de taxis particulares o boteros que violen la disposición gubernamental que decreta un precio máximo a sus carreras.
Los precios, publicados en medios de prensa de la provincia, tienen en cuenta los diferentes destinos fijados desde una localidad a otra de la provincia de Las Tunas y el tipo de vehículo.
Aunque los taxis privados cobran en función de la oferta y la demanda, según el reglamento para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, los Consejos de la Administración del Poder Popular están facultados para establecer normas específicas.
Los precios fijos a los transportistas de Las Tunas entrarán en vigor el próximo primero de octubre e impactarán a 93 camiones, 134 autos ligeros, cinco motos, 2078 coches de caballos y 592 bicitaxis.
La misma medida generó malestar entre choferes y pasajeros cuando fue aplicada en julio en la capital cubana.
Inspectores, empleados de la dirección de transporte y sus dependencias y la policía serán los encargados de hacer cumplir el Decreto Ley 315 del Consejo de Estado, que estipula las multas por violaciones a las tarifas del transporte y otros marcos legales vigentes.
“Se moverá toda la fuerza necesaria para hacer cumplir el Decreto Ley 315 del Consejo de Estado, puesto en vigor en el 2014, que estipula la aplicación de multas de 700 pesos por el irrespeto de la tarifa de precios, mil 400 por violaciones graves y hasta tres mil pesos en caso de que constituyan violaciones muy graves. La medida más severa será el retiro de la patente y licencia operativa. A las personas que se detecten en el ejercicio de transportar pasajeros sin la debida documentación se les aplicará el decomiso de los medios”, anunció Luis Antonio Marrero Peña, jefe de la Dirección Provincial Integral de Supervisión.
La prensa local resalta que el Código Penal vigente en su artículo 43 establece la sanción de desposeer al infractor de los bienes y objetos que sirvieron o estaban destinados a servir a la perpetración del delito y agrega que además que mediante el artículo 227 del mismo código se sancionará con pena de privación de libertad de seis a dos años o multa de 300 a mil cuotas al que cobre mercancía o servicio por encima de los precios establecidos.
El campesino de Manatí, Yuni Cabrera dijo a Martí Noticias que en conversación con los llamados boteros de la zona estos les han dicho que paralizarán el transporte a ver qué pasa porque a ellos no les resulta ningún negocio trabajar con los precios que el gobierno les ha impuesto.
Al hacer público su acuerdo el llamado Consejo de la Administración de Las Tunas insistió en que las decisiones actuales están en correspondencia con la situación existente en la provincia y el país; y que de variar estas habría una reevaluación de los precios.
En Las Tunas están aprobadas unas tres mil 56 licencias operativas para el ejercicio del transporte de pasajeros en los diferentes tipos de vehículos, cuyos titulares garantizan un importante porcentaje del flujo diario de la población tanto en el servicio urbano como intermunicipal e interprovincial.
Oscar Mantecón Licea, vicepresidente del Consejo de la Administración, tuvo a su cargo la coordinación del grupo de trabajo que elaboró la propuesta de la normativa aprobada este jueves. El directivo señala que Las Tunas fue una de las pocas provincias del país que tenía una estructura estatal para atender a los transportistas privados hasta que se implantó la variante de oferta y demanda.
Según lo presenta la prensa tunera, todo el mundo parece estar feliz con una legislación que pretende ahogar o al menos limitar un aspecto tan importante de la pequeña empresa, o cuentapropismo, como lo es el transporte.
