Las autoridades de Bielorrusia han desatado “una represión sistemática y generalizada contra abogados que representan a clientes en casos de motivación política o que arrojan luz sobre abusos contra los derechos humanos”, señalaron varias organizaciones civilistas.
En un informe de 95 páginas, Human Rights Watch, la Asociación Bielorrusa de Abogados de Derechos Humanos y el Proyecto Derecho a la Defensa documentan la toma casi completa de la profesión legal por parte del gobierno de Bielorrusia y la represión contra los abogados de derechos humanos por parte del gobierno de Alexander Lukashenko.
"Al tomar represalias sistemáticas contra abogados y abogadas de derechos humanos, socavar sus derechos y violar los derechos de sus clientes en casos de motivación política, las autoridades bielorrusas han convertido el sistema judicial en una burla de la justicia y han privado a la población bielorrusa de su derecho a un juicio justo y a la igualdad de protección ante la ley", ha manifestado Anastasilia Kruope, investigadora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Bielorrusia debe poner fin a los enjuiciamientos de abogados por motivos políticos y restablecer la independencia de la profesión jurídica."
Entre septiembre de 2023 y abril de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 19 abogados bielorrusos y analizó las publicaciones de los colegios de abogados durante los últimos tres años.
Junto con la Asociación Bielorrusa de Abogados de Derechos Humanos y el Proyecto Derecho a la Defensa, Human Rights Watch también analizó más de 140 casos de abogados que perdieron sus licencias y detectó un patrón de revocación de licencias arbitrarias y políticamente motivadas.
“Los ataques del gobierno contra los abogados de derechos humanos forman parte de una represión más amplia dirigida por el gobierno contra cualquier forma de disidencia, que se extendió por el país en el período previo y posterior a las elecciones presidenciales de 2020 y las protestas públicas masivas contra las medidas de Lukashenko para asegurar la presidencia por sexto mandato consecutivo”, subrayó Human Rights Watch.
En sus informes de 2023 y 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades bielorrusas, como parte de sus esfuerzos por eviscerar todas las formas de disidencia, "pueden constituir crímenes de lesa humanidad", incluido el "crimen de persecución".
En Bielorrusia, indicó Human Rights Watch, los abogados son un salvavidas para sus clientes que son procesados por el ejercicio pacífico de sus derechos o por intentar proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
“En estos casos, los clientes se enfrentan a graves violaciones de derechos, como tortura y otras formas de malos tratos, y a menudo se encuentran recluidos en condiciones más duras que el resto de la población penitenciaria”, precisó la ONG.
Los actores internacionales deben pedir a las autoridades bielorrusas que cumplan con sus obligaciones internacionales, dejen de utilizar el poder judicial como herramienta represiva, liberen a todos los presos políticos y garanticen que los abogados bielorrusos no enfrentan obstáculos para llevar a cabo sus deberes profesionales en el mejor interés de sus clientes, agregó.
Foro