El régimen cubano está afianzando su trampa contra una familia cubana: el Ministerio de Agricultura ((MINAGRI) ha declarado extinto el usufructo otorgado al científico y medioambientalista Ariel Ruiz Urquiola, al tiempo que la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería impide su entrada al país.
“El contrato de usufructo en Cuba es absolutamente intransferible. El titular de ese usufructo es Ariel Ruiz Urquiola”, explicó a Martí Noticias su hermana Omara, una historiadora del arte que reside en España.
“Cuando Ariel viajó [a Europa] en el año 2020, a pesar de que la Seguridad del Estado trató de impedirlo, logramos hacer un poder notarial a mi favor sobre la casa que es propiedad de Ariel, que la pagó legalmente, comprada en Viñales, y sobre el ganado mayor. Cualquier acción sobre esos animales tiene que ser, única y exclusivamente, autorizada por Ariel o por mí, si Ariel no está”, puntualizó.
Una cadena de ataques de las autoridades locales contra los hermanos tuvo su más reciente episodio en una “compra forzada” de una vaca y de una burra de la finca El Infierno, ubicada en la cooperativa Antonio Maceo del Consejo Popular Cuajaní, en el municipio pinareño Viñales.
“La compraventa forzosa, que es lo que ellos [las autoridades] han argumentado como mecanismo, es absolutamente ilegal. Está violando la ley cubana, está pasando por encima de nuestros derechos y es un atropello. Ni siquiera mi madre, si quisiera vender los animales, regalarlos, no puede”, recalcó Omara.
“Mi madre tiene derecho a cuidarlos, tiene derecho a estar en la casa de su hijo, pero si mi madre decidiera vender la casa, tampoco puede hacerlo. La única que puede hacer acciones de reparación, grandes, constructivas, cambios sobre la casa soy yo, en ausencia de Ariel, pero ni yo estoy facultada para venderla”, agregó.
Para ilustrar lo ocurrido, Ruiz Urquiola publicó en su página de Facebook la narración de su madre, Isabel Urquiola, de 77 años, quien ha estado a cargo del terreno de 13,4 hectáreas.
De acuerdo al relato, los funcionarios se presentaron en la finca el pasado viernes para "dar cumplimiento a lo acordado en la visita" del 11 de noviembre de 2024, día en que la madre fue informada de la extinción del usufructo otorgado a su hijo Ariel.
Las autoridades dijeron a Martí Noticias que el usufructo "se vence" al expirar "un contrato a partir del término que se dio", y que en este caso, "esa finca se dio el usufructo por cinco años".
Al vencerse el tiempo, "si no es de interés de la empresa pedir la responsabilidad de administrar la tierra, no se reactiva. Al usufructuario no se le da otra posibilidad de hacer un contrato nuevo”, dijo un funcionario de Agricultura.
El abogado Eloy Viera explicó a nuestra redacción que "la ley lo que establece es que el contrato de usufructo es prorrogable por un término igual al inicial, una vez llegado el vencimiento".
"En este caso lo que pasa que ese contrato no puede transferirse, o sea Ariel no puede decir 'yo le transfiero mi contrato de usufructo a mi mamá', pero las autoridades sí tienen toda la capacidad del mundo de extender ese contrato, una vez llegado al término de vencimiento. O sea, si el contrato era de cinco años, debieron haberlo extendido por otros cinco años, pero no lo hacen", agregó el experto.
Viera aclara que ahí es donde radica el otro problema, "porque no hay ninguna legalidad en negar la entrada al país a un ciudadano cubano" y en el caso de los hermanos Urquiola, "ni siquiera les han notificado la negativa de entrada".
"Por tanto materialmente quien ha puesto la condición que le impide a Ariel manejar el usufructuo es la propia autoridad cubana que hoy le quita el derecho a continuar disfrutando la tierra", apuntó Viera.
"Yo en realidad no creo que la motivación detrás de ese asunto sea legal, sino profundamente política", agregó.
En la visita de noviembre, el jefe del registro pecuario, Juan Carlos Fleitas, avisó a Isabel Urquiola que los animales adquiridos por su hijo Ariel quedaban bajo la custodia de ella y que debía buscar a quien vender o regalar los animales. De no hacerlo, conducirían una “venta forzosa”.
Junto a Fleitas, se presentaron en la finca de los Ruiz Urquiola la pecuaria Bety González, el comprador Pedro Arteaga Hernández y los monteros José Luis Hernández Romero y Manuel Álvarez.
Las autoridades del régimen dijeron a Martí Noticias que "al cerrar el usufructo, no es posible tener animales porque no tiene tierra", y se refirieron al hecho como "una compra forzosa". También argumentaron que "si usted tiene una finca, tiene que trabajarla y aportar el resultado del trabajo de la finca".
"Él [Urquiola] no está en el país”, dijo el funcionario del régimen.
Al respecto, consideró Omara Ruiz Urquiola:"El Registro Pecuario, la Empresa Forestal, solo son instrumentos de coacción contra el campesinado, son estructuras para frenar el emprendimiento. Ni prospera el campesino, ni el país se desarrolla. Solo hay hambre, emigración, tierras abandonadas o semiutilizadas y vaquerías donde se tortura a los animales hasta que mueren de hambre, abuso físico y enfermedades".
"En Pinar del Río la relación del campesinado con las autoridades del MINAGRI es históricamente tensa. El organismo se ha encargado de fustigar a los campesinos para favorecer a Cubatabaco, por ejemplo. Obligan a sembrar tabaco pero no cumplen con los suministros de insumos para los cultivos y las casas de curado, luego “compran” la cosecha por muy poco para exportarla por cifras millonarias", denunció la activista.
A Ariel Ruiz Urquiola, igual que a su hermana Omara, no lo dejan regresar a su país, "incluso no le permitieron renovar su pasaporte”.
Preguntado sobre este particular, en el que el usufructuario tiene prohibición de entrada al país, el funcionario manifestó: “de eso no tengo que ver, pero, por lo demás, no se está violando nada”.
Omara recordó que ella ha intentado regresar a su país en cuatro ocasiones, aun teniendo un pasaporte cubano vigente.
“Mi familia fue a las oficinas de Inmigración y Extranjería, incluso nacional. No aparezco en el sistema, no saben por qué es, pero que eso es de arriba y que yo tengo limitación de entrada al país”, lamentó la académica y activista.
*Este texto fue actualizado y se le incluyó la opinión de un abogado.
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