Cuba
Triunfo para la libertad de expresión en Cuba: anulan decisión de META de censurar video de protesta en redes sociales
Un organismo denominado como ‘Junta de Supervisión’ a la compañía Meta, (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp), anuló una decisión tomada por esta empresa el 24 de febrero del año en curso, en la que se eliminó de Instagram un video de una protesta en Cuba, por tener frases que, según Meta, promovían el discurso de odio.
La decisión del organismo señaló que “en países donde existen fuertes restricciones a los derechos de las personas a la libertad de expresión y reunión pacífica, es fundamental que las redes sociales protejan la voz de los usuarios, especialmente en tiempos de protesta política”.
El video en cuestión fue publicado por una plataforma cubana de noticias, cuyo nombre aún no ha sido revelado.
La Junta de Supervisión fue creada en noviembre del 2018 para moderar el contenido en redes sociales, brindar supervisión y rendición de cuentas por parte de una fuente externa, y aumentar la transparencia sobre la libertad de expresión en línea, además de garantizar que esos derechos se respeten adecuadamente.
El video borrado había sido publicado siete meses antes, en julio del 2022, y mostraba a una mujer protestando desde Cuba contra el gobierno de ese país, e invitando a otras mujeres a que se sumaran a su manifestación.
Según el informe de la Junta de Supervisión, en un momento, la mujer dice que en Cuba no se puede contar con los hombres porque son “ratas”, luego indica que los hombres en Cuba son “yeguas” que cargan excrementos humanos. El vídeo se reprodujo más de 90 mil veces, se compartió en casi mil ocasiones.
El video en cuestión fue publicado en los días cercanos al primer aniversario de las protestas del 11J contra las restricciones a las libertades fundamentales, la respuesta del gobierno cubano a la pandemia del Covid-19 y las dificultades cotidianas económicas, sociales y de salubridad de los ciudadanos. La publicación se dio solo días después de que un adolescente afrocubano fuera asesinado en un incidente que involucró a la policía. La mujer que hablaba en el video, hacía referencia al homicidio, al indicar que "no podemos seguir permitiendo el asesinato de nuestros hijos".
Una semana después de esta publicación, un usuario de Instagram, denominado por Meta como ‘clasificador de discurso hostil’, identificó el contenido como una posible violación de las políticas de Meta y lo envió para revisión. Al día siguiente, un moderador de Meta revisó el contenido y dictaminó que la publicación violaba una regla comunitaria enmarcada en el discurso de odio, específicamente cuando la mujer comparaba a los hombres con “ratas y yeguas”.
El caso fue revisado posteriormente por dos moderadores adicionales, quienes coincidieron con la decisión inicial. Pero no fue sino hasta siete meses después, el 24 de febrero del 2023, que el video fue eliminado de Instagram.
El informe señaló que este retraso fue causado por una demora en el programa de revisión secundaria de respuesta temprana de Meta bajo el sistema de verificación cruzada. Según la explicación dada por la Junta de Supervisión, este sistema de Meta proporciona capas adicionales de revisión humana mientras mantiene el contenido en línea, especialmente para ciertas publicaciones que violan las políticas de la empresa.
El mismo día que se eliminó el contenido, la cuenta que subió el video a Instagram apeló la decisión de Meta. El contenido fue revisado nuevamente por un moderador, quien el 26 de febrero confirmó el fallo inicial. De acuerdo al informe, el contenido no se remitió a expertos en políticas internas para una revisión adicional en este momento.
La cuenta de noticias afectada apeló nuevamente la decisión, pero esta vez ante la Junta de Supervisión. En su apelación ante la Junta, enfatizaron que la mujer del video se refería a las protestas de julio del 2021 y sugirieron que la mujer estaba “pidiendo a los hombres cubanos que hicieran algo para resolver la crisis socioeconómica”. También abogaron por que las plataformas de redes sociales “comprendan mejor la crítica situación en Cuba”.
Comentarios públicos sobre el caso
Para decidir la apelación, la Junta de Supervisión estableció un proceso público con el fin de recibir comentarios externos sobre el caso, y así tomar una decisión final. El organismo recibió al menos 19 comentarios relevantes (5 de Europa, 9 de Estados Unidos y Canadá, 3 de Latinoamérica, 1 del Medio Oriente y el Norte de África, y 1 de Oceanía). Entre los comentarios se incluyen los de algunos funcionarios de Human Rights Watch, Cuban Research Institute, Prisoners Defenders International, Diario de Cuba y Human Rights Foundation, entre otros.
“En Cuba, el régimen no solo impide la libertad de expresión, ejerce la censura digital y reprime a los ciudadanos que discrepan de la situación política, social y económica, sino que es el principal promotor de los discursos de odio: por un lado, ejerciéndolo abiertamente mediante sus voceros e intoxicando la discusión pública en ambientes de protesta mediante agentes infiltrados entre los manifestantes; por otro, normalizando ese lenguaje a través de una educación y de una prensa ideologizadas y totalitarias, que constantemente apelan a estigmatizar a los ciudadanos que disienten, a los que históricamente han llamado ‘escorias’, ‘gusanos’, etc. Como resultado, generaciones enteras de cubanos han crecido y se han educado ‘dentro’ del lenguaje de odio, algo que requerirá un gran esfuerzo, mucho tiempo y labor pedagógica para ser revertido”, indicó en sus comentarios públicos Pablo Díaz Espí, de Diario de Cuba.
Por su parte, Sebastián Arcos, director asociado del Cuba Research Institute en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), indicó:
“No soy un usuario de redes sociales, pero estoy familiarizado con el debate en curso sobre el delicado equilibrio entre el abuso de las redes sociales para difundir información falsa o discurso de odio, y proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa. Creo que las redes sociales deberían priorizar la protección de estas libertades, especialmente cuando abordan contextos caracterizados por un espacio cívico restringido, como es el caso en la Cuba de hoy. Creo que la decisión de Meta de eliminar este contenido en particular es incorrecta”.
Otro de los comentarios publicados en el informe, enfatizó que los adjetivos usados por los oprimidos contra los opresores no son discurso de odio en ningún momento.
“Los hombres son el grupo gobernante en todos los países de este mundo, ellos controlan gobierno, expresión, empleo en casi todos los países. Ellos son la clase gobernante. Llamar ‘rata’ a una persona no es discurso de odio cuando no eres parte de la clase gobernante. Francamente, no es un discurso de odio y punto. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede pensar en ‘rata’ como un discurso de odio. Amenazar con dañar/matar a alguien sí es un discurso de odio. Llamar a alguien por un nombre, especialmente al grupo con mayor poder, no puede nunca considerarse discurso de odio. Es ridículo incluso pretender que lo es. No sé a quiénes contrataron para decidir esto o cómo sus reglas sobre el 'discurso de odio' pueden ser tan ridículas. Llamar a los opresores así no es un discurso de odio, son los oprimidos enumerando lo que sienten acerca de sus opresores”, adujo Kirsten Zielinski.
Resultados clave
La Junta de Supervisión consideró en su informe que el video no pretendía deshumanizar a los hombres en función de su sexo, desencadenar violencia contra ellos o excluirlos de las conversaciones sobre las protestas cubanas. La publicación pretendía sin ambigüedades llamar la atención sobre la opinión de la mujer sobre el comportamiento de los hombres cubanos en el contexto de las históricas manifestaciones iniciadas en julio de 2021. Con la mujer utilizando lenguaje como “ratas” o “yeguas” para dar a entender cobardía, y para expresar su frustración personal por su comportamiento.
El informe adujo además que el uso del hashtag #SOSCuba, publicado por el usuario para llamar la atención sobre las crisis económicas, políticas y humanitarias que enfrentan los cubanos, establece que las protestas son un punto de referencia histórica.
“A la Junta le preocupa cómo se tiene en cuenta la información contextual en las decisiones de Meta sobre el contenido que sí se beneficia de una revisión humana adicional. En este caso, a pesar de que el contenido se sometió a una revisión intensificada (un proceso que se supone que ofrece mejores resultados), Meta aún no logró hacerlo bien”, señaló el reporte.
El informe aduce también que Meta debe garantizar que tanto sus sistemas automatizados como sus revisores de contenido puedan tener en cuenta la información contextual en su proceso de toma de decisiones.
“En este caso, era particularmente importante proteger el contenido. Cuba se caracteriza por espacios cívicos cerrados, por lo que los riesgos asociados con la disidencia son altos y el acceso a Internet es muy restringido. Meta debería considerar cómo el contexto influye en sus políticas y la forma en que se aplican”.
Tras la anulación de la decisión de Meta, la Junta de Supervisión ha indicado que el video debe ser subido nuevamente a la cuenta de Instagram del sitio de noticias afectado, además de hacer varias recomendaciones que Meta deberá seguir, entre las que se hallan el uso de personal especializado y la mejora del flujo de trabajo en materia de Derechos Humanos, la actualización de la guía interna proporcionada a los revisores de contenido cuando sea relevante para que la empresa aborde cualquier falta de claridad, lagunas o inconsistencias que puedan resultar en errores de aplicación, como el de este caso; entre otras más.
El informe indicó que para la decisión final de este caso, la Junta contó con la asistencia de un instituto de investigación independiente con sede en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, que cuenta con un equipo de más de 50 científicos sociales de seis continentes, así como de más de 3.200 expertos de todo el mundo.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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