El gobierno cubano anunció este martes el estudio de nuevas medidas para controlar a los transportistas privados en la capital varios meses después de que las autoridades impusieran límites al precio del pasaje a los popularmente conocidos como “boteros”.
En un reporte publicado por el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, la Dirección General de Transporte de La Habana criticó que los "boteros" comenzaron a buscar alternativas para mantenerse en el negocio después de que el Consejo de Administración Provincial de La Habana (CAP) impusiera, a mediados de julio de 2016, límites al precio de estos.
Una funcionaria de transporte dijo a Granma que se está tratando de crear un sistema de piquera que establezca un viaje completo y el precio en dependencia del kilometraje, y que se estudia dar a los transportistas privados la posibilidad de comprar piezas de repuesto, aunque aclaró que no serían todas, porque “esos carros tienen piezas de distintos tipos".
El transportista Eduardo Amaro explicó a Martí Noticias que los taxistas privados dividieron los antiguos tramos en dos para poder pagar la gasolina y los impuestos al Estado.
La crisis del transporte público es un problema que por décadas ha golpeado en la isla y los transportistas privados son un alivio importante para la población, sin embargo las medidas tomadas a mediados del pasado año a quien único perjudica es precisamente a los pasajeros, enfatizó la capitalina Julia Herrera.
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¿Que opinan los cubanos sobre las regulaciones a los boteros?
“El gobierno nunca hace nada para bienestar del pueblo. Si antes resolvías con 20 pesos, ahora para ese mismo tramo tienes que pagar 30 o 40 pesos”, explicó la mujer.
María López reconoce que la situación se torna terrible, y el régimen como siempre busca la manera de “machacar al sector informal”, y este a su vez tiene que apretar al pueblo. “Y no se les puede criticar porque los boteros tienen que pagar sus impuestos, sus licencias”, agregó.
A juicio de la mujer, “como siempre el más afectado es el cubano de a pie”.
Moisés Leonardo es jubilado y no puede pagar los precios que exigen los boteros, porque su economía no le permite pagar un transporte privado.
“Si pago un taxi no puedo comprar la comida, por eso espero para coger el transporte público aunque me pase mucho tiempo, no tengo otra opción”, concluyó.
A pesar de las medidas que anunció el gobierno el verano pasado sobre “la organización de las piqueras y corredores”, aún no se observan avances, criticó Granma.
El diario advirtió que tampoco hay avances en la creación de un mercado mayorista que les dé la posibilidad a los boteros de adquirir recursos a precios diferenciados, especialmente el combustible.
No obstante, pidió a las autoridades, "velar porque se cumpla lo establecido, exigir, controlar, inspeccionar y que se apliquen acciones más eficaces para corregir esta situación. Del resultado de estas depende que los que necesitan este servicio no resulten los más afectados", advirtió.
También solicitó a los boteros “tener más en cuenta al pueblo, pues su labor es una prestación pública a la sociedad y no todos poseen el mismo poder adquisitivo”.
(Con informacion del periódico Granma y el periodista Adriel Reyes)