Los países occidentales culpan al Partido Comunista Chino, PCC, por la destitución de cuatro legisladores democráticamente elegidos en Hong Kong.
Los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido calificaron la destitución de los legisladores por parte del PCC el 11 de noviembre como un “claro incumplimiento” de las obligaciones internacionales del régimen y de su compromiso de respetar la autonomía de Hong Kong.
“Las reglas para la destitución parecen ser parte de una campaña concertada para silenciar a todas las voces críticas”, dicen en su declaración conjunta. “Pedimos a China que cese de socavar los derechos del pueblo de Hong Kong a elegir a sus representantes en concordancia con la Declaración Conjunta y la Ley Básica”.
Según la Declaración Conjunta Chino-Británica de 1984, un tratado registrado en la ONU, la República Popular China prometía respetar el “alto grado de autonomía” y libertades de Hong Kong. La Ley Básica aplica el principio de “un país, dos sistemas” y apoya las instituciones democráticas en Hong Kong.
Los cinco países democráticos también denunciaron otras recientes violaciones por parte del PCC a las libertades de Hong Kong, incluyendo la postergación de las elecciones de septiembre para el Consejo Legislativo y el reciente arresto de cinco miembros con escaño en el Consejo Legislativo.
La destitución de funcionarios elegidos es parte de la amplia represión del PCC contra las libertades que prometió a Hong Kong. Desde que el 30 de junio el partido impusiera una ley de seguridad nacional sometiendo a Hong Kong casi directamente al mandato del PCC, las autoridades chinas han arrestado a defensores de la democracia, han atacado a reporteros y descalificado a por lo menos una docena de candidatos a las elecciones legislativas.
Más recientemente la resolución de la RPC denominada “patriotismo”, aprobada el 11 de noviembre, permitió al gobierno pro Pekín de Hong Kong destituir a legisladores que “publiciten o apoyen la independencia”, que “busquen la interferencia extranjera” o participen “en actividades que pongan en peligro la seguridad nacional”.
Según la organización Human Rights Watch el requerir la adhesión a esas normas tan vagamente formuladas viola el estado de derecho y el derecho de los legisladores a la libre expresión. La nueva ley concede “al gobierno de Hong Kong el poder arbitrario para destituir a cualquier legislador cuyos criterios no gusten”, indica Human Rights Watch.
