Un grupo de exoficiales cubanos agrupados en el movimiento Militares Objetores de Conciencia (MOC) enviaron este martes una carta abierta al presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en la que rechazan la imposición de sanciones penales a los manifestantes del 11 de julio en franca violación de las propias leyes cubanas.
“Es inmoral y es una violación de la ley que los jóvenes que marcharon pacíficamente hayan sido sancionados a privación de libertad por “propagación de epidemias”, una violación de la ley penal cubana que ha creado una inseguridad jurídica”, explicó a Radio Televisión Martí el exteniente coronel y abogado, Raúl Luis Risco Pérez.
Los encarcelados por las manifestaciones del 11 de julio y días posteriores fueron juzgados bajo el artículo 187 del Código Penal que en sus apartados I, II y III, define el delito de propagación de epidemia, y establece las sanciones para quienes incumplan las disposiciones sanitarias y pongan en riesgo a su familia y a la comunidad.
Sin embargo, de acuerdo a la misiva de los exmilitares, debieron ser sancionados antes bajo el Decreto-Ley 31, que prescribe multas para estos delitos, de acuerdo a principios jurídicos que hacen un reenvío a normas de rango menor.
“El artículo 187 remite a un decreto ley subsidiario, el 31 de 2021 que establece sólo se aplicarán sanciones administrativas, solamente multas. Las causales: no usar nasobuco, o usarlo de forma incorrecta o por aglomeración en espacios públicos”, Esta normativa permite a las autoridades considerar como contravenciones lo que se tipificaba como delito.
Asimismo, la misiva de los exoficiales señala la parcialidad con que se aplican las leyes en Cuba al no sancionar a funcionarios del Estado, entre ellos el gobernante Miguel Díaz-Canel, que participaron en manifestaciones masivas, con peligro de propagar el coronavirus.
“¿Dónde está la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de la que habla el artículo 7 de la vigente Constitución cubana?”, preguntan los militares.
“Con qué moral privar de libertad, por el delito de Propagación de Epidemia a los que pedían libertad y expresaban su inconformidad de forma pacífica por demás, en juicios amañados y violando el debido proceso y no aplicar el mismo delito a los convocados por el gobierno”, agregan.
Días antes, el 30 de julio, los Militares Objetores de Conciencia (MOC), pidieron al Tribunal Supremo que procese a Díaz-Canel por “incitación para delinquir”, “abuso en el ejercicio del cargo”, “terrorismo”, “genocidio” y “violación de los de derechos humanos”, delitos en los que ha incurrido desde el 11 de julio.
“Este hombre, de una manera desfachatada, dijo que la orden de combate estaba dada, que los revolucionarios a la calle. Esto es una instigación a delinquir”, recalcó en entrevista con nuestra redacción, el ex oficial Máximo Omar Ruiz Matose.
“Todos estos delitos: el abuso de autoridad, la instigación a delinquir son violaciones constitucionales por el solo hecho de haber dado esta orden e inclusive haber instrumentado a parte de la población, a luchar contra sus propios hermanos, a reprimir de una forma despiadada a la indefensa población cubana”, dijo Ruiz Matoses.
Igualmente, los militares recalcaron la complicidad del ministro del Interior, general de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, y al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.
Firman la carta, el general de Brigada Rafael Del Pino, los tenientes coroneles Máximo Omar Ruiz Matose, Raúl Luis Risco Pérez, Mario Rivas Morales y Alfredo Lima Pérez.
