En medio de turbios procesos judiciales, acusados de graves delitos que no cometieron, en cárceles con pésimas condiciones y con abogados contratados que poco pueden hacer, así están los detenidos de las protestas populares del 11 de julio, denuncian familiares y activistas desde la isla.
Juan Emilio Pérez Estrada, de 27 años de edad, residente en Mantilla, municipio de Arroyo Naranjo, fue detenido en su casa, el 18 de julio, bajo un fuerte operativo policial, y se encuentra actualmente en la prisión de occidente Manto Negro, en el municipio Boyeros, acusado de haber vandalizado un auto policial en la intercepción de la esquina de Toyo y Calzada de 10 de Octubre, cargos que niega su esposa, Yaila Prieto La Rosa.
“Es verdad que él se subió a la patrulla que habían volcado, como muestran las imágenes en redes sociales en las que aparece Juan Emilio vistiendo un pullover verde encima del auto, pero no participó en la acción previa, y esa es la evidencia que pesa en su contra. Está acusado de los delitos de sedición, un cargo muy grave porque es como atentar en contra del gobierno”, señaló.
Pérez Estrada “no tiene nada que ver con eso”, dijo la mujer. Añadió que sobre su esposo pesan, además, los cargos de atentando, daños a la propiedad y desorden público.
Ya la familia contrató los servicios legales de un abogado del bufete de La Palma, en Arroyo Naranjo, pero ni un cambio de medida cautelar ha presentado, explicó Prieto La Rosa.
“Fue contratado hace dos meses por una suma de 4 mil 200 pesos, y yo pienso que el letrado no está interactuando en el caso de mi esposo”, expresó la joven.
Kasandra Díaz es madre de dos menores, tiene 26 años de edad, y reside en el municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Fue detenida el 12 de julio y se encuentra en la prisión de Bellotex, informó la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería.
“La quieren culpar de apedrear el hospital municipal de Cárdenas, algo que es falso, además de ser una de las líderes de la protesta, el fiscal del caso le dijo que pesan en su contra los delitos de sabotaje y desorden público”, apuntó Ramos Herrería.
Lizandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad, y madre de cinco niños, quien reside en Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, está recluida en la cárcel del Guatao, en el municipio habanero de La Lisa, donde son pésimas las condiciones.
Góngora Espinosa fue acusada de un supuesto acto de sabotaje en contra de una tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC) en su localidad. También pesa en su contra un cargo de desorden público.
La activista fue detenida el 22 de julio, comenta el padre de cuatro de sus hijos, Ángel Delgado.
“Con frecuencia la visita un fiscal allí, en la prisión, para interrogarla. El problema es que, en el caso de los opositores, lo que quieren es trancarlos en las prisiones por largo tiempo. Hay muchos casos de COVID-19 en el penal y las presas no tienen acceso a medicamentos”, dijo Delgado.
También en Güira de Melena está el caso del periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Ya un fiscal de Artemisa, de apellido Abacó, lo acusó por el delito de sabotaje, por lo del asalto a la tienda MLC, y su mamá, Martha Domínguez, nos dice que el comunicador, quien se encuentra en la prisión de Valle Grande, rechaza los cargos.
“Imagínese, sabiendo que él no participó en lo de la tienda, y las autoridades lo quieren involucrar en cosas que él no ha hecho. Me dijo que no acepta nada de eso y no firma ningún papel por lo que lo están acusando”, enfatizó la madre.
El activista Jiordan Marrero Huerta, residente de Camagüey, llama la atención sobre el caso de Ramón Enrique Montero Meriño, de 39 años de edad, actualmente recluido en la prisión de Kilo 8.
“Enfrenta una acusación de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, en espera de ser llevado a los tribunales”, advirtió el activista.
Desde Santa Clara, el opositor Guillermo del Sol alerta sobre el delicado estado de salud de Javier Delgado Torna, de 53 años de edad, que fue detenido en Caibarién y está preso en la prisión provincial La Pendiente, y aún sin conocer de qué lo acusan.
“Cardiópata, diabético, discapacitado, está allí desde el 11 de julio”, denunció Del Sol.
