Cuba
CSW: Hostilidad oficial contra iglesias en Cuba empeoró en primera mitad de 2015
Uso de la Ley de la Vivienda para chantajear a líderes religiosos, detenciones violentas de mujeres en camino a misa y el encarcelamiento de al menos un predicador, indican una creciente hostilidad del Gobierno contra las iglesias, reporta Christian Solidarity Worldwide.
La organización defensora de la libertad de religión y de creencia Christian Solidarity Worlwide (CSW) advierte en un informe recién publicado que aunque el número de violaciones de esa libertad se mantuvo estable en Cuba, las mismas crecieron en intensidad.
CSW manifiesta su profunda preocupación por el encarcelamiento sin cargos desde febrero pasado del Reverendo Jesús Noel Carballeda, recluido en la prisión de Valle Grande, al oeste de La Habana.
Aunque el Gobierno no ha dado razones, su esposa cree que lo que enfureció a las autoridades fue su liderazgo en una iglesia no registrada y su persistencia en celebrar servicios religiosos, aun después de un confinamiento anterior. Carballeda había permanecido encarcelado cuatro meses, después que militantes comunistas de su barrio en el municipio Marianao lo demandaran por realizar servicios religiosos en su casa. Fue puesto en libertad condicional a condición de que no continuaran los cultos en su hogar, pero siguió al frente de su Iglesia, celebrando los servicios en áreas campestres, en parques, habitaciones alquiladas y otras casas particulares.
Ley de la Vivienda, instrumento represivo
El informe de la entidad con sede en Londres denuncia, asimismo, nuevas tácticas del Gobierno para atacar las propiedades de instituciones religiosas, como una forma de controlar a esos grupos.
Precisa que después de la entrada en vigor en enero de este año del Decreto-Ley 322, relativo a la Ley General de la Vivienda, y que tiene por objeto regular las propiedades privadas, la legislación ha sido utilizada por funcionarios del Gobierno para reclamar el derecho a confiscar propiedades de las Iglesias, alegando que éstas han dejado de ser propietarias para convertirse en inquilinas.
Un experto en asuntos jurídicos vinculado con el Consejo de Iglesias de Cuba dijo a CSW que iglesias de todas las denominaciones se han visto afectadas en varias provincias: "Están aplicando la ley con rigor, y en el caso de las iglesias es peor. Proponen convertirlas en inquilinos y esto tiene sus consecuencias. Por ejemplo, el "nuevo propietario" tiene la potestad de decidir lo que la iglesia puede o no hacer en el lugar. Es decir, que la institución pierde su autonomía. Es inaceptable. La situación es complicada".
El jurista añadió que las iglesias más vulnerables son aquellas a las que el Gobierno se ha negado a emitirles una licencia reconociéndolas como una asociación registrada. Sin embargo, al menos una propiedad histórica de una iglesia fue atacada en la primera mitad del año. En mayo, el liderazgo de la Primera Iglesia Bautista Maranatha, en Holguín, fue informado por funcionarios provinciales del Partido Comunista y del Instituto de la Vivienda que su propiedad sería confiscada y su estatus cambiaría de propietarios a inquilinos. La iglesia, afiliada a la Convención Bautista del Oriente de Cuba, posee el título de propiedad del templo desde 1947 y fue registrada oficialmente en mayo de 1954.
Otras iglesias también han recibido amenazas de confiscación o destrucción de sus propiedades, lo que parece estar relacionado con la aplicación del Decreto-Ley 322. En mayo el Reverendo Fausto Polemón fue informado por autoridades locales de que su iglesia en la ciudad de Santiago de Cuba sería demolida, y se le prohibió seguir celebrando servicios. Su iglesia pertenece a la denominación Asambleas de Dios, registrada y reconocida en Cuba.
Del mismo modo, a los pastores Osmel y Madeleine Calderón les comunicaron que su iglesia en Loma Blanca, Mayarí Arriba, provincia Santiago de Cuba, y que está afiliada al Movimiento Apostólico, tendría que dejar de celebrar servicios. Miembros de la congregación han sido advertidos de que deben dejar de asistir a los cultos y distanciarse de la pareja.
Al Reverendo Alain Toledano, otro líder del Movimiento Apostólico, le informaron que su propiedad en Santiago sería confiscada. El pastor Toledano ha seguido haciendo llamamientos públicos para que el Gobierno aclare el estatus de la misma.
En mayo, una solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre del reverendo Yiorvis Bravo, otro líder del Movimiento Apostólico. En 2013 un tribunal de Camagüey autorizó una moción del Gobierno para expropiar su casa, que es también el lugar donde se congrega su iglesia. Aunque el caso es anterior a la promulgación del Decreto-Ley 322, las tácticas parecen idénticas.
El Reverendo Bravo fue abordado en 2013 por funcionarios del Instituto de la Vivienda que le ofrecieron permitir que él y su familia permanecieran en la propiedad como inquilinos, si estaban de acuerdo en informar con antelación de todas las actividades de la iglesia para su previa aprobación. El Reverendo Bravo se negó a cumplir y, aunque no ha sido desalojado, los funcionarios del Gobierno siguen asegurando que la propiedad es ahora del Estado y que se reservan el derecho a desalojar o reubicar a la familia en cualquier momento.
Prohibido adorar
Señala por otra parte CSW que agentes gubernamentales continuaron empleando tácticas brutales y públicas en un intento por controlar quién puede o no asistir a las actividades religiosas. Semana tras semana, decenas de mujeres afiliadas a las Damas de Blanco han sido violentamente arrastradas por agentes de la Seguridad del Estado para impedir que participen en la misa dominical católica. Muchas fueron golpeadas, y la mayoría, detenidas arbitrariamente hasta la conclusión de la liturgia.
Ciudadanos extranjeros también han sido víctimas de la hostilidad del Gobierno contra ciertos grupos religiosos. En abril, CSW se enteró de que nueve estudiantes universitarios angolanos habían sido advertidos de que serían deportados debido a su asistencia en Santiago de Cuba a una iglesia afiliada al Movimiento Apostólico. Iveth Pedrina, Luisa Paixão, Tito Capungo y otros fueron convocados por las autoridades migratorias cubanas e informados de que habían sido expulsados de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García y que serían deportados.
Entidades peligrosas
CSW considera preocupante la mayor gravedad en las violaciones a la libertad de religión o de creencia desde el comienzo del año. La tendencia negativa parece ser parte de un intento general por parte del Gobierno para reforzar su control sobre las actividades y los miembros de grupos religiosos y eliminar así la posibilidad de cualquier disturbio social.
Al mismo tiempo, más y más líderes religiosos están exigiendo abiertamente mayor libertad religiosa o desafiando abiertamente las severas leyes, en algunos casos mediante la celebración de servicios no autorizados.
El reporte señala que muchos observadores han interpretado erróneamente las concesiones a algunos grupos religiosos, en particular, la Iglesia Católica y la próxima visita papal, como indicativos de un nuevo y creciente respeto a la libertad de religión.
Sin embargo, líderes que representan a toda la gama de denominaciones cristianas y otros grupos religiosos en Cuba aseguran que los privilegios concedidos a algunos sólo tienen el objetivo de mejorar la imagen del Gobierno de Cuba en el exterior, mientras que la creciente hostilidad interna indica que en lugar de avanzar hacia una sociedad más abierta, el gobierno de Raúl Castro todavía considera a las instituciones religiosas, y en particular a sus líderes, como entidades potencialmente peligrosas que deben ser controladas tan estrechamente como sea posible.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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