Ejecutivos de tres empresas extranjeras que cerraron en 2011señaladas por prácticas corruptas, permanecen detenidos por las autoridades comunistas cubanas desde hace un año o más, pero aún no han sido formalmente acusados de algún crimen, dijeron esta semana fuentes relacionadas con los casos.
El limbo legal de los empresarios pone en riesgo las relaciones entre Cuba y los países de origen de los implicados -Canadá y Gran Bretaña-, donde las leyes protegen a los sospechosos de ser encarcelados por tiempo prolongado si no se les imputan cargos, dijeron a Reuters diplomáticos occidentales.
La policía cerró en octubre pasado las oficinas en La Habana de la empresa de inversión británica Coral Capital Group Ltd y arrestó a su presidente ejecutivo, Amado Fakhre, un ciudadano inglés de origen libanés.
Un mes antes, las autoridades cerraron el Grupo Tokmakjian, una de la empresas canadienses más importantes en la isla, después de hacer lo mismo en julio de 2011 a otra compañía comercial canadiense, la Tri-Star Caribe.
Las autoridades comunistas cubanas sostienen que los casos forman parte de una fuerte ofensiva contra la corrupción en la isla y están en proceso según las leyes del país.
Los procesos legales en Cuba establecen que los acusados sean informados sobre las causas del arresto y existen límites para presentar los cargos, pero los casos pueden demorar indefinidamente si aparecen "circunstancias excepcionales".
Cy Tokmakjian, jefe del Grupo Tokmakjian, y Sarkis Yacoubian, director de Tri-Star, fueron arrestados y confinados en confortables casas de seguridad tras el cierre de sus negocios, pero a principios de este año ambos fueron trasladados a La Condesa, una prisión para extranjeros en las afueras de La
Habana.
Fakhre, de Coral Capital, fue llevado recientemente a un hospital militar cuando cayó enfermo después de meses en la cárcel.
Su jefe de operaciones, el británico Stephen Purvis, fue detenido en abril y está en Villa Maristas, sede de la Seguridad del Estado, dijeron las fuentes.
Otros extranjeros y cubanos que trabajaban para las empresas están libres, pero no pueden salir de la isla porque son considerados testigos en los casos.
Al ser consultado en un evento en La Habana sobre ciencias penales acerca de cuándo serán formalizados cargos contra los empresarios, el fiscal general cubano, Darío Delgado, dijo a Reuters que no ha concluido la fase investigativa del proceso debido a la compleja naturaleza de los presuntos delitos.
"Hay un proceso legal, un proceso que lo tramitan los órganos que son los competentes para tramitarlo; está en un proceso de obtención de pruebas, de investigación con todas las legalidades y formalidades de nuestro país; no hay que preocuparse por lo más mínimo, procesos que son complejos", explicó. "Estos delitos asociados a los delitos económicos son de mucha complejidad (...) No es un delito de tránsito, no es un homicidio, es un delito de otra naturaleza, por lo tanto, son complicados", agregó.
La Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, dijo a reporteros en el mismo evento que los casos dependen del comportamiento de los involucrados. "Cuando hay fraudes, cuando hay engaños, cuando hay violaciones, realmente incluso los procesos de auditoría y penal son complejos porque hasta que no se tengan los elementos suficientes, competentes y relevantes, no se pueden inclinar a un criterio o a otro", añadió.
Mientras, diplomáticos europeos dijeron que los casos fueron manejados dentro de los parámetros de la ley cubana, pero no hubo el debido proceso para los estándares occidentales.
Bajo la ley comunista cubana un acusado debe estar representado por un abogado defensor local, aunque otros abogados pueden consultar el caso, comentaron las fuentes. "Hay un acceso regular, una consulta y contacto mensual con abogados cubanos de la defensa, pero a nosotros sin dudas nos gustaría ver avanzar más rápidamente el proceso", dijo una de las fuentes.
Poco después de reemplazar en la jefatura del régimen militar de Cuba a su hermano enfermo Fidel en el 2008, el general Raúl Castro creó la Contraloría General de la República, al tiempo que comenzó a implementar unas tímidas reformas orientadas al mercado para modernizar el modelo económico de la isla, pero en ese sentido muy poco se ha logrado al presente.
Desde entonces, varios casos y escándalos de corrupción de alto nivel han sido descubiertos en sectores de la economía, desde el tabaco, el níquel y las comunicaciones hasta la industria alimenticia y la aviación civil.
El limbo legal de los empresarios pone en riesgo las relaciones entre Cuba y los países de origen de los implicados -Canadá y Gran Bretaña-, donde las leyes protegen a los sospechosos de ser encarcelados por tiempo prolongado si no se les imputan cargos, dijeron a Reuters diplomáticos occidentales.
La policía cerró en octubre pasado las oficinas en La Habana de la empresa de inversión británica Coral Capital Group Ltd y arrestó a su presidente ejecutivo, Amado Fakhre, un ciudadano inglés de origen libanés.
Un mes antes, las autoridades cerraron el Grupo Tokmakjian, una de la empresas canadienses más importantes en la isla, después de hacer lo mismo en julio de 2011 a otra compañía comercial canadiense, la Tri-Star Caribe.
Las autoridades comunistas cubanas sostienen que los casos forman parte de una fuerte ofensiva contra la corrupción en la isla y están en proceso según las leyes del país.
Los procesos legales en Cuba establecen que los acusados sean informados sobre las causas del arresto y existen límites para presentar los cargos, pero los casos pueden demorar indefinidamente si aparecen "circunstancias excepcionales".
Cy Tokmakjian, jefe del Grupo Tokmakjian, y Sarkis Yacoubian, director de Tri-Star, fueron arrestados y confinados en confortables casas de seguridad tras el cierre de sus negocios, pero a principios de este año ambos fueron trasladados a La Condesa, una prisión para extranjeros en las afueras de La
Habana.
Fakhre, de Coral Capital, fue llevado recientemente a un hospital militar cuando cayó enfermo después de meses en la cárcel.
Su jefe de operaciones, el británico Stephen Purvis, fue detenido en abril y está en Villa Maristas, sede de la Seguridad del Estado, dijeron las fuentes.
Otros extranjeros y cubanos que trabajaban para las empresas están libres, pero no pueden salir de la isla porque son considerados testigos en los casos.
Al ser consultado en un evento en La Habana sobre ciencias penales acerca de cuándo serán formalizados cargos contra los empresarios, el fiscal general cubano, Darío Delgado, dijo a Reuters que no ha concluido la fase investigativa del proceso debido a la compleja naturaleza de los presuntos delitos.
"Hay un proceso legal, un proceso que lo tramitan los órganos que son los competentes para tramitarlo; está en un proceso de obtención de pruebas, de investigación con todas las legalidades y formalidades de nuestro país; no hay que preocuparse por lo más mínimo, procesos que son complejos", explicó. "Estos delitos asociados a los delitos económicos son de mucha complejidad (...) No es un delito de tránsito, no es un homicidio, es un delito de otra naturaleza, por lo tanto, son complicados", agregó.
La Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, dijo a reporteros en el mismo evento que los casos dependen del comportamiento de los involucrados. "Cuando hay fraudes, cuando hay engaños, cuando hay violaciones, realmente incluso los procesos de auditoría y penal son complejos porque hasta que no se tengan los elementos suficientes, competentes y relevantes, no se pueden inclinar a un criterio o a otro", añadió.
Mientras, diplomáticos europeos dijeron que los casos fueron manejados dentro de los parámetros de la ley cubana, pero no hubo el debido proceso para los estándares occidentales.
Bajo la ley comunista cubana un acusado debe estar representado por un abogado defensor local, aunque otros abogados pueden consultar el caso, comentaron las fuentes. "Hay un acceso regular, una consulta y contacto mensual con abogados cubanos de la defensa, pero a nosotros sin dudas nos gustaría ver avanzar más rápidamente el proceso", dijo una de las fuentes.
Poco después de reemplazar en la jefatura del régimen militar de Cuba a su hermano enfermo Fidel en el 2008, el general Raúl Castro creó la Contraloría General de la República, al tiempo que comenzó a implementar unas tímidas reformas orientadas al mercado para modernizar el modelo económico de la isla, pero en ese sentido muy poco se ha logrado al presente.
Desde entonces, varios casos y escándalos de corrupción de alto nivel han sido descubiertos en sectores de la economía, desde el tabaco, el níquel y las comunicaciones hasta la industria alimenticia y la aviación civil.